Opinión
OPINIÓN

En crisis alistan bolsa para nuevos subsecretarios

La apuesta es evidentemente arriesgada pero no se aprende de la historia. Tan sencillo que sería voltear a los resultados de la misma fórmula en el sexenio 2004-2010

LA COLUMNA
de El Diario

lunes, 18 mayo 2020 | 06:00

• En crisis alistan bolsa para nuevos subsecretarios 

• Mata el Covid más de 300 empleos por día 

• La Gaceta Municipal sigue sin ver la luz 

• Son de barras y estrellas mandos de la Guardia 

Cuatro nuevas subsecretarías –obviamente muy bien pagadas, aunque todavía no se define de a cómo será el golpe– aparecen en el borrador del organigrama que encabeza el secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz. Sus designaciones habrán de aterrizarse de manera oficial en los próximos días.

La burocracia de élite de la SSPE la componen la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la de Prevención y Participación Ciudadana, la de Estado Mayor y la de Inteligencia. A eso hay que sumar la Comisión Estatal de Seguridad que recién dejó el federal Óscar Alberto Aparicio. Supuestamente desaparecería por inútil, pero en realidad se mantendrá como dependencia subordinada. Al borrador sólo le faltan los nombres que serán designados como subsecretarios. 

Mientras tanto García ya presume a sus colegas del gabinete que de un momento a otro el gobernador Javier Corral le va a palomear sus propuestas de grandes ilustres de la Policía Federal, el Ejército y el desaparecido Estado Mayor Presidencial. Puro chilango. Para los que conocen el ya desgastado experimento en materia de seguridad lo que sobresale es la carga que representa dicha estructura en el gasto corriente. 

Los casi 6 mil millones de pesos destinados este año a la Fiscalía General y la nueva Secretaría de Seguridad significan un incremento del 15 por ciento en este renglón. Pero prácticamente sólo representará beneficios a la segunda. 

Esto quiere decir que, por privilegiar una reestructura que implica transferir áreas de la FGE a la SSPE y crear nuevas subsecretarías, la gran ganadora será la Secretaría; la apuesta es evidentemente arriesgada pero no se aprende de la historia. 

Tan sencillo que sería voltear a los resultados de la misma fórmula en el sexenio 2004-2010. La otra observación es en materia de inteligencia, labor que se realiza desde la FGE y también por encargo del Palacio de Gobierno. Destinar una subsecretaría a hacer inteligencia policiaca podría chocar con la que realizan instancias federales y estatales. 

No se diga el riesgo de pervertir aún más la relación autoridad-crimen, efecto casi natural cuando la información delicada se negocia. Ahí no existe corralismo ni corralato que controle por muy feroz que pretenda ser. En fin, más gastos y menos resultados es lo previsible a juzgar por lo que fue y ha sido la SSPE. 

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Más de 300 empleos por día ha matado el Covid en el estado durante los meses de marzo, abril y mayo, desde la vigencia de las medidas aplicadas por la contingencia sanitaria. A la fecha los despidos rondan las 22 mil víctimas colaterales de la pandemia. Este es el registro de la economía formal mediante la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, sin tomar en cuenta las plazas ocupadas en la informalidad que representan casi una tercera parte de la población económicamente activa. 

Poco más del 50 por ciento de esos puestos laborales se han perdido en la industria manufacturera de exportación. La maquila paralizada ha dejado esos saldos que son por mucho superiores a las cifras de contagios por coronavirus reportados por el Sector Salud. 

De esta magnitud son los riesgos económicos y sociales que enfrenta la entidad ahora que se avizora la reactivación de la vida ordinaria, de la nueva normalidad que se ha anunciado para el 1 de junio y la etapa transitoria de vuelta a las actividades que da inicio hoy. De ahí la urgencia de los líderes de la industria manufacturera en la entidad, Pedro Chavira y Luis Carlos Ramírez, por el regreso a las plantas de producción lo antes posible. 

La condicionante de hacerlo en entornos seguros, es obvia. A ello no ha ayudado la incertidumbre que han sembrado los gobiernos estatal y federal, tampoco las confusiones que han generado con los anuncios de reinicio que se hacen un día y se desmienten horas después. Entonces lejos de ayudar a paliar la crisis de empleo, las autoridades la profundizan con decisiones erráticas sobre las que todavía no hay certidumbre. 

Los directivos del sector maquilador saben que si no hay reinicio en México las compañías internacionales buscarán proveeduría en Estados Unidos, Canadá, China o donde sea. Los resultados podrían ser peores que la misma enfermedad que azota al mundo. 

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Los regidores de la Comisión de Gobernación, encabezados por José Ubaldo Solís, todavía no acaban de analizar el reglamento interno que requiere la Gaceta Municipal. Los ediles tienen meses en la revisión de una normativa que a su vez tiene años de haberse redactado, desde 2015. Le buscan y cuestionan cada punto y cada coma, como si la intención fuera no arrancar dicho órgano oficial de difusión del Ayuntamiento. Solís y los ediles Alfredo Seáñez y Laura Yanely Rodríguez tienen desde los primeros de marzo con el análisis jurídico y operativo de la gaceta. 

Esta semana van a continuar con la interminable revisión. Claro que implica cambios y erogaciones extra la elaboración de la misma, en sus versiones impresa y electrónica, pero pareciera que no hay prisa en reconocerle a Juárez su mayoría de edad en cuanto a las decisiones de su máximo órgano de gobierno. 

Abona a los retrasos la Secretaría General de Gobierno, que por fuerza debe publicar en el Periódico Oficial del Estado el decreto correspondiente a la creación de la Gaceta Municipal, una herramienta necesaria e indispensable para una ciudad con un dinamismo propio. 

El órgano oficial de difusión no es una extravagancia ni una ocurrencia. Le daría mayor agilidad a las decisiones trascendentales del Municipio, que hasta la fecha deben aguardar a que el Estado decida publicarlas en el Periódico Oficial. 

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Fuera de las discusiones políticas, en el Estado Mayor de la V Zona Militar de Chihuahua no fue sorpresa el acuerdo presidencial que asigna al Ejército tareas de seguridad pública. Al exterior de los círculos castrenses la decisión que pone a los militares al frente de la lucha contra el crimen sirvió para la discusión y los ataques entre partidos. 

Unos y otros se reclamaron la militarización de la seguridad, una discusión sin fin, un pleito que lleva varios sexenios. Y en éste sirvió para reclamar al presidente López Obrador la incongruencia evidente entre el reclamo de mandar a los militares a los cuarteles y la realidad de tenerlos en las calles de forma permanente. Pero dentro del Ejército los generales como Miguel Ángel Hernández, comandante de la plaza en el norte del estado, ni siquiera se inmutaron. 

Es que antes y después de la conformación de la Guardia Nacional han sido los militares los que han tenido esa tarea de contención cuando son rebasadas las fuerzas municipales, estatales y federales. 

Los resultados han sido polémicos, pero es el Ejército la institución que todavía genera confianza en la población. Tan es así que la Guardia Nacional despacha desde los mismos cuarteles militares y sus mandos prácticamente son los mismos en todas las plazas, guarniciones y batallones. Un dato sencillo ilustra el contexto: en Chihuahua el 90 por ciento de los mandos de la Guardia Nacional son militares. 

Unos de barras, otros de estrellas doradas o plateadas. Pero todos militares formados en la Defensa, mientras la minoría son civiles provenientes de corporaciones de seguridad pública. Así que no hay mucho de qué sorprenderse, según los mandos militares. Simplemente se les regula con una temporalidad específica (hasta el fin del sexenio actual), cuando antes permanecían en la calle sin normatividad alguna. Así de simple lo ven ellos.