Opinión

Empresarios, políticos y discursos

En los años 80 del siglo pasado, la situación económica del país era deplorable

Sergio Pacheco González
Analista

martes, 13 julio 2021 | 06:00

En los años 80 del siglo pasado, la situación económica del país era deplorable. Tras los gobiernos de Luis Echeverría Alvarez (1970 – 1976) y José López Portillo y Pacheco (1976 – 1982), estalla la crisis que le correspondió administrar a Miguel de la Madrid Hurtado (1982 – 1988). Al desbordarse la inflación, depreciarse la moneda y desarrollarse el conflicto político más allá de las confrontaciones que protagonizaron las y los estudiantes frente a las fuerzas regulares e irregulares del régimen priista, devino la hostilidad de sectores del empresariado y de la banca nacionales, tras la estatización de ésta, decretada por López Portillo.

De hecho, ya Echeverría había señalado el interés de algunos grupos empresariales por irrumpir en la política, indicando que no encontrarían en México un Pinochet, haciendo referencia al golpe de Estado que culminó con la muerte de Salvador Allende en 1973. 

Para complicar aún más la situación, en 1985 se produce el terremoto que causó la pérdida de vidas y la suspensión de actividades, dada su magnitud y las dificultades que enfrentó el Gobierno para dar respuesta a la emergencia y brindar protección a la ciudadanía. Como indicador de esta debilidad, da muestra la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mediante decreto del 6 de mayo de 1986.

En ese contexto, se construyó un discurso anticentralista que confrontó particularmente al norte del país con el Gobierno federal y por extensión a las y los connacionales que decidieron mudar su lugar de residencia a diversas entidades del país.

De esa etapa de la vida nacional procede la cuestionada frase “haz patria, mata un chilango”, la cual no tuvo eco en Juárez, como sí en Chihuahua capital.

En esa década tuvo lugar también la alternancia política en Baja California primero y en Chihuahua después. En la primera de estas entidades, Ernesto Ruffo Appel (1986 - 1992) se convirtió en el primer gobernador postulado por un partido político distinto al PRI, mientras que en Chihuahua en 1983 los principales municipios de la entidad serían gobernados por políticos de extracción política distinta al entonces hegemónico PRI.

Después del llamado ‘verano caliente’ (1986), Francisco Barrio Terrazas (1992 – 1998) se convertiría en el primer gobernador de Chihuahua proveniente de la oposición. 

Una característica que distingue este período (1983 - 2018) consiste en los vínculos que mantenían con el sector empresarial los protagonistas de las luchas entre los partidos políticos que mantuvieron un régimen bipartidista, como muestra Alberto Aziz Nassif en “Chihuahua historia de una alternativa” (1994) y en “Territorios de alternancia: el primer gobierno de oposición en Chihuahua” (1996).

De hecho, señala Aziz, “Entre los rumores que generó la sorpresa de 1983 había uno particularmente significativo: decían que Eloy Vallina había sentenciado después de la nacionalización de la banca: 'Nos quitaron el banco (COMERMEX), pero ahora les quitaremos el estado'. Nunca se llegó a comprobar, pero en ese año pareció cierto”. (1994, p. 38.)

No obstante, la participación de empresarios y/o empleados de organizaciones empresariales, es una constante, particularmente en Juárez. Ya se trate del llamado padre de la industria maquiladora, como identifica la Revista Negocios ProMéxico (2016) a “Don Jaime Bermúdez Cuarón”, o sea el propio Francisco Barrio Terrazas, Francisco Villarreal Torres, Jesús Macías Delgado, Héctor Agustín Murguía Lardizábal, Enrique Serrano Escobar o Héctor Armando Cabada Alvídrez, representantes del sector empresarial se convierten en actores relevantes de la arena política.

Hoy día, algunos integrantes de los sindicatos empresariales, que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), asumen un rol protagónico en diversos ámbitos de la vida pública y construyen un discurso que guarda semejanza con aquel que sustentó la bandera en contra del centralismo.

En este sentido, vale la pena advertir que la polarización, como el regionalismo, no abonan al bienestar común, objetivo cercano tanto a la misión del CCE: “Coordinar y representar a las organizaciones del sector empresarial para ser el motor del desarrollo económico y social de México, impulsando de manera sustentable la productividad, la innovación, el empleo formal y la inversión”, como a su visión: “Ser la institución líder y la referencia obligada para el empresariado, sociedad y Gobierno, que impulse a México a estar dentro de las 10 mejores economías del mundo, con altos niveles de bienestar social y calidad de vida”. 

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