OPINIÓN

Emilio Lozoya y el caso Duarte de Chihuahua

El exdirector general de Pemex está enarbolando al expresidente Enrique Peña Nieto como defensa contra las acusaciones por corrupción que lo tienen con un pie en la cárcel

LA COLUMNA
de El Diario
jueves, 13 junio 2019 | 06:00

• Emilio Lozoya y el caso Duarte de Chihuahua


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La estrategia de Emilio Lozoya y sus abogados a nivel nacional fue aplicada con éxito regular en Chihuahua por el gobernador Javier Corral y sus operadores contra el exgobernador César Duarte Jáquez.

El exdirector general de Pemex está enarbolando al expresidente Enrique Peña Nieto como defensa contra las acusaciones por corrupción que lo tienen con un pie en la cárcel.

Ya es buscado por policías de la Fiscalía General de la República (FGR).

Es hasta el momento Lozoya el principal objetivo, el pez gordo, que la Cuarta Transformación ha decidido colocar tras las rejas.

Emilio rechazó comparecer ante un juez federal de Control para una audiencia “ordinaria” porque sabía que ahí sería detenido y colocado tras las rejas.

Antes y después de esa cita sus abogados sacaron el petate del muerto, adjudicando todas las acciones de Lozoya a vistos buenos del Consejo General de Pemex y por lo tanto del expresidente Enrique Peña Nieto.

No ha funcionado la táctica. Parecen olvidar Lozoya y sus abogados que hay pacto entre el peñismo y la Cuarta Transformación, primero desde la elección en el Estado de México y patentada luego con la Presidencia de la República. Peña seguirá disfrutando fortuna y refrescante nuevo amor sin sobresalto alguno.

En Chihuahua documentó Corral prácticamente todas las denuncias contra Duarte en una gran cantidad de testigos protegidos que formaron parte de toda la red acusada de corrupción.

Si bien no hubo pacto de impunidad Corral-Duarte, sí lo existió con una extensa lista de exfuncionarios, mayor inclusive a la de quienes hoy permanecen en prisión.

Hasta ahora los testigos protegidos han logrado salvar el pellejo muy a fuerzas. Alejandro Gutiérrez, “La Coneja” los ha colocado contra las cuerdas.

El exgobernador mantiene a su favor expedientes armados literalmente con versiones de testigos negociados y por lo tanto de dudosa credibilidad que verán una realidad muy distinta una vez que concluya el régimen Corral y los agentes del Ministerio Público y los jueces que llevan los casos puedan actuar con la autonomía que evidentemente no tienen ahora.

Del caso Emilio Lozoya ha surgido apenas la punta de la madeja a pesar que ha sonado durante meses. Echar la culpa a Peña no le ha resultado positivo, como tampoco a los testigos protegidos en el caso Duarte. Es previsible que caigan como frutas maduras apenas caiga la rama que los sostiene: Corral.


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El pasado martes por la tarde fue notificada al Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Consejo de la Judicatura la resolución de un nuevo amparo en su contra.

Con este caso ya son siete los jueces provisionales –removidos en aquel proceso para designar a 56 juzgadores definitivos y seis magistrados– que reclaman y ganan en la justicia federal, dándole además buenas exhibidas en materia de leyes a quienes se supone deben ser los garantes de su cumplimiento.

Los argumentos son los mismos, tan parecidos que resulta ocioso profundizar. 

Basta decir que todos tenían más de tres años como provisionales y en vez de ser eliminados de un plumazo, debieron ser ratificados, en aras de la independencia judicial. 

Pero los quitaron a la fuerza y en su lugar asignaron a otros, que han cobrado desde hace más de un año y hasta la fecha.

Los que han vencido al CJE son tres de Chihuahua: César Miguel Rodríguez Martínez, Samuel Pérez González y Blanca Leticia Rojas Vargas; dos de Juárez: Enrique Villarreal Díaz y Laura Velia Mendoza Luján; además de Elmer Lerma Fontes de Delicias y Obed de la Rosa Barraza, de Guerrero.

En todos los casos el amparo ordena su restitución y el pago de sus emolumentos como si hubieran laborado durante el tiempo en que fueron echados de sus cargos.

Además de la vergüenza jurídica, aquí se abre un gran brete financiero para el Poder Judicial del Estado, pues ya tenía designados otros jueces en sus lugares, que obviamente ganaron derechos laborales desde su nombramiento mediante concurso de oposición. 

Y además falta de resolverse media docena de amparos más, que van por el mismo camino.

Van a tener que pagar millonadas, pues las violaciones legales que se resuelven por amparo no son baratas. Seguramente todo va a salir del presupuesto público del Poder Judicial.

Ni modo que vayan a hacer coperacha para pagar los gastos entre los magistrados y los honorables ciudadanos que conforman el Consejo de la Judicatura del Estado. 


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Al contador Alberto “Tito” Herrera, director de Pensiones Civiles del Estado, los legisladores y la Auditoría Superior le tienen sin cuidado.

Le acaban de arrimar la lumbre por irregularidades en vivienda de Chihuahua, Parral y Juárez, así como por pagos injustificados a constructoras. 

Además le señalaron, aunque hubiera sido protegido por instrucciones del Palacio de Gobierno, la negligencia en el cobro de las aportaciones patronales al fondo pensionario y la siempre desaseada compra de medicamentos. Cerca de 200 millones de pesos sólo en este concepto. Casi nada.

Ahora, como para que todos vean que no tiene temor de sus fiscalizadores o que la protección dada por el gobernador Javier Corral le alcanza para eso y más, volvió a hacer compras este año igual o más cuestionables.

Se habla de que le compró a los mismos proveedores que tiene como favoritos, esos que venden medicinas con sobreprecios, a cambio de reportarse con parte de sus ganancias.

Ahora fueron por licitación, no como otras del pasado que se adjudicaron directamente.

Pero no hay que ser genios financieros para darse cuenta de que las licitaciones transparentes que se presumen en la actualidad también son dirigidas, igualito que en el pasado.

Estas son las consecuencias de dejar todo en la impunidad. Lejos de corregirse los manejos irregulares, se alientan, se promocionan, hasta se premian.


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De manteles largos se pusieron en la Subsecretaría de Desarrollo Social del nuevo amanecer en Juárez. Un grupo numeroso de agraciados con la nómina estatal llevó a festejar a su subjefe Rogelio Loya, pero la comilonga corrió a costa del dinero público, de ese que usa a discreción la dependencia encabezada por Ramón Galindo. 

Esa dupla Loya-Galindo anda moviéndose para obtener la candidatura a la alcaldía en favor de Rogelio, y para Galindo una diputación ya sea federal o local, el chiste está en no quedar fuera del presupuesto. 

Los jefes de Desarrollo Social tienen mucho que aclarar. Nos comentan que hay empleados fuera de nómina que gozan de prestaciones y protección que ya quisieran muchos.