Opinión

El Sistema Anticorrupción, obligado a defendernos de los ‘bullies’

Me atrevo a afirmar que todos alguna vez nos hemos topado con el clásico mocoso abusón de la escuela que le quita la lonchera a los demás

Carmen Álvarez González
Docente investigadora de la UACJ

jueves, 15 julio 2021 | 06:00

Me atrevo a afirmar que todos alguna vez nos hemos topado con el clásico mocoso abusón de la escuela que le quita la lonchera a los demás, que los obliga a hacerles sus tareas, les roba su dinero para gastarlo en la tiendita o no los deja jugar porque se adueña del balón.

A los niños que viven estos abusos, se les dice que si les hacen algo así, le avisen a la maestra para que ella acuda con el director para que analicen la situación y dependiendo de la gravedad de la agresión, se decida qué acciones tomar en contra del niño “bully”: llamarle la atención, hablar con sus papás, suspenderlo unos días o hasta expulsarlo de la escuela. Pero, si a pesar de haber puesto la queja con la maestra, no hay un correctivo para el “chamaco abusón”, éste, se sentirá seguro de seguir molestando a sus compañeritos y la escuela dejará a los niños agredidos en completa indefensión. 

Esto mismo es lo que debe pasar con un servidor público corrupto que pide mordida, condiciona un servicio público, roba dinero o hace algo indebido en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal. En el ámbito público, a donde hay que acudir a poner la denuncia es el Órgano Interno de Control (OIC) quien es la que investiga los hechos, aplica castigos cuando se consideran faltas no graves y traslada las investigaciones a las autoridades correspondientes (Tribunal de Justicia Administrativa, Fiscalía Anticorrupción, Secretaría de la Función Pública o Auditoría Superior del Estado) cuando se identifican faltas graves y/o delitos por hechos de corrupción.

Aún cuando el Gobierno del Estado ha realizado esfuerzos para instalar sus Órganos Internos de Control, éstos no están funcionando a toda su capacidad, según se dice, por la falta de dinero. Por otro lado, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, ha detectado que en la mayoría de los municipios no existen Órganos Internos de Control o éstos no están funcionando como lo establece la Ley; esto se traduce en que, si un ciudadano tiene una queja sobre un funcionario público municipal no encontrará espacios de denuncia seguros, no podrá saber qué ha pasado con la denuncia, ni tendrá a nadie a quien reclamarle.

Una de las finalidades del Sistema Estatal Anticorrupción, es disminuir los niveles de impunidad en el estado. Para ello, el Sistema está obligado a coordinar las acciones entre las dependencias que combaten la corrupción, es decir, asegurar las acciones y procedimientos que garanticen el debido proceso de investigación y sanción tanto a nivel estatal como municipal.

El Sistema Estatal Anticorrupción tiene una gran responsabilidad: no dejar a los chihuahuenses indefensos ante los abusos de los servidores públicos. 

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