Opinión

El sindicato del IMSS y el ataque en el Viejo Oeste

El atentado ocurrido en un bar de las calles José Borunda y Uruguay, el Viejo Oeste, puso más en el ojo del huracán al sindicato del IMSS

LA COLUMNA
de El Diario

martes, 11 enero 2022 | 06:00

• El sindicato del IMSS y el ataque en el Viejo Oeste

• Más violencia y menos coordinación de seguridad

• Buscan material de mármol para consejero (a)

• Tortura acreditada, pero sigue detenido

La investigación  de la Fiscalía General de la República (FGR) por la expedición irregular de licencias médicas en el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrá ahora una nueva línea de investigación.

El atentado ocurrido casi la madrugada del lunes en un bar de las calles José Borunda y Uruguay, el Viejo Oeste, puso más en el ojo del huracán al sindicato del IMSS, a quien la autoridad investigadora le aseguró sus oficinas en el hospital 66 para indagar la supuesta venta de incapacidades a su personal en perjuicio de la institución, toda la información correspondiente manejada en las páginas de El Diario.

Entre los lesionados que acompañaban al objetivo del ataque las autoridades identificaron por lo menos a tres hombres que forman parte de ese sindicato.

El blanco de la agresión era  el presunto líder delictivo apodado "El Roger", el cual departía en el lugar en compañía de los empleados federales identificados ya plenamente por la delegación estatal del IMSS y de la FGR.

Ahora la Fiscalía General de la República deberá atar los cabos para saber si el objetivo del multihomicidio tiene alguna relación con las actividades del sindicato en las clínicas y hospitales de la institución.

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Van tres semanas consecutivas de reuniones de coordinación de seguridad en esta frontera sin presencia de tres instancias fundamentales que les restan precisamente la calidad de "coordinación", y por lo tanto de eficacia plena.

Esa ausencia se hace más notoria por el registro de delitos de alto impacto como los homicidios dolosos y/o ejecuciones, al menos 40 registradas en solo 10 días del presente año.

El ataque la noche del domingo en el bar Viejo Oeste arrojó tres muertes, pero pudo convertirse en una masacre al estilo 2007-2011 pues la balacera alcanzó a siete de los parroquianos ahí reunidos.

La primera gran ausente ha sido la Guardia Nacional, enseguida la Fiscalía de la zona norte y en tercera instancia la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que inclusive se suponía instalado su cuartel principal estatal en Juárez, pero nada.

Las reuniones son encabezadas por el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar y su secretario de Seguridad Pública, César Muñoz. Era infaltable el jefe de la Guarnición Militar, Francisco Antonio Enríquez Rojas, pero también parece haber se tomado en serio las vacaciones. No ha regresado.

Acuden a las reuniones algunos funcionarios menores tanto militares como de corporaciones de seguridad civiles y hasta de "inteligencia", pero más con propósito de halconear que de coadyuvar para bajar los índices delictivos. Carecen de toda autoridad jerárquica para decidir.

En la retórica son muy buenos para acabar con la violencia hasta en las mañaneras, pero en la realidad los números hacia arriba son inatacables.

El reto, entonces, sigue para quienes permanecer aquí al frente de la ciudad, Cruz y compañía. Deben emprender acciones, como luego se dice, con, sin y a pesar de quienes también ostentan una responsabilidad de gobierno con la ciudad y no la cumplen: Loera presumiendo vacunas, pero no seguridad, Loya con el gastado discurso de su paso por la policía de Puebla… la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), prácticamente inexistente...

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En el Poder Judicial del Estado continúa sin ser asimilado el principio de austeridad republicana obligado para el servicio público en general.

Carecemos de los detalles específicos, pero nos aseguran que en el Consejo de la Judicatura alguno (a) de sus miembros anda muy entusiasmado (a) tratando de cambiar muebles, decoración y parte de la estructura de la oficina que le fue asignada para convertirla en " más decente".

En servicios administrativos hay requisición de mármol, caras maderas de nogal para muebles y recubrimientos especiales de paredes en general.

No sabemos tampoco que las exigencias hayan sido atendidas por los encargados de los dineros, pero ninguna objeción pueden oponer si la petición vienen de algún o alguna mandamás integrante de la Judicatura. Son los que aparecen hasta mero arriba en la cadena de mando.

Sería un insulto, una agresión para el menguado presupuesto público tratar de encajarle un gasto de al menos medio millón para una o varias oficinas que ya están equipadas con los accesorios elementales.

De los cinco integrantes del Consejo pudiera haber sospechas de los dos que no son magistrados, los otros tres tienen sus amplias oficinas desde hace años y no creemos que ahora alguno de ellos ande con intenciones de remodelación.

Una de las sospechosas es la consejera Minerva Correa Hinojos, designada en octubre del 2019 a propuesta de Javier Corral Jurado; pero también anda en las suspicacias el nuevo consejero, Abelardo “El Bayo” Valenzuela, quien acaba de ingresar a la Judicatura por la puerta que le abrió comedidamente el nuevo régimen estatal que encabeza Maru Campos.

Quien sea que pretenda gastar del dinero público cualquier cantidad en remodelaciones innecesarias está mal que lo haga. Si sus planes son en serio esperemos sean frenados por los otros integrantes del órgano administrativo-jurisdiccional, Luis Villegas y Gabriel Ruiz, y/o por la presidenta del mismo, Miriam Hernández.

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Es un asunto añejísimo el que documenta la recomendación 5S.1.052/2021 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nada más se refiere a hechos acontecidos en el 2011, donde se aplicó tortura acreditada en un detenido acusado por secuestro.

El Ministerio Público presentó elementos incriminatorios en relación con el quejoso en la comisión del delito atribuido, pero todo se va al traste con la acreditación de golpes y quemaduras en partes nobles cometidas por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

El asunto fue planteado inicialmente en alguna en las audiencias judiciales, pero jamás fue tomado en cuenta por los juzgadores. Cumple ya 10 años detenido el presunto responsable y quejoso, y la carpeta de investigación por tortura no ha avanzado nada.

La recomendación se emitió el último día del año pasado, con medidas cautelares de protección para el quejoso y sanciones administrativas que deberían ser impuestas a los responsables, si es que aún continúan en la Fiscalía General del Estado o en la Secretaría de Seguridad Pública, inclusive el tema tendría que salpicar a los juzgadores que intervinieron.

Los hechos fueron documentados con base en periciales médicas, pero hizo carga esencial un pequeñísimo detalle que es inaudito, pero pasó desapercibido. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público hasta un día después de que fue arrestado, tiempo en el cual se supone estuvo “colaborando” con las investigaciones. Ese solo hecho, debió ser suficiente por violación al debido proceso, para afectar sustantivamente la detención, pero no ocurrió nada.

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