El santo se lo cuelgan a Víctor y a Laura

-El santo se lo cuelgan a Víctor y a Laura 

-Quiere asiento en la Operadora de Estacionamientos 

-Se aplaude en Facebook y se le revierte 

-Extienden la agonía con el ciclo escolar 

Con su salida del gabinete del alcalde Armando Cabada, Rodolfo “El Güerito” Martínez, vendrán alguno o dos movimientos internos más hacia el enfilamiento de Armando Cabada por la gubernatura. 

El hijo del fundador del Grupo Roma adujo la necesidad de atender la empresa familiar en medio de la crisis sanitaria y económica. De ello dependen miles de empleos. El enorme problema lo conoce muy bien, pues aparte de ser el administrador de la ciudad por más de tres años le tocó ver de frente la emergencia y sus consecuencias. 

El quiebre con Cabada fue más bien suave, en buenos términos, de ahí la despedida amigable de ayer. 

Aunque con cubrebocas se olvidaron de la sana distancia y se dieron un abrazo. Su salida tenía semanas gestándose, apenas se puso en marcha el Comité Municipal para la Recuperación Económica, experiencia durante la cual Martínez Ortega debió definirse entre seguir en el servicio público o pasar a la otra cancha también en crisis, el sector privado. 

El nombre de “El Güerito”, sin embargo, seguramente permanecerá en las menciones de los aspirantes al 2021. Si no por él, sí porque se queda en la administración municipal la directora de Educación, Martha Beatriz Córdova. La funcionaria operaba algunas alianzas de Martínez, hasta supuestos acercamientos partidistas a su favor. Ahora ella deberá cuidarse de una eventual cacería contra posiciones del también alcalde suplente. 

Además hay dos beneficiarios de la renuncia, los titulares de Desarrollo Social y la Secretaría Técnica, Laura Domínguez y Víctor Valencia de los Santos, que sin poca discreción le metieron el pie hasta que lo hartaron. 

Seguramente ellos no traían caras largas ni virtualmente ayer que se dio el relevo de Martínez por Víctor Manuel Ortega. Ella busca colgarse de lo que sea durante la sucesión, mientras él queda con el camino libre a nivel municipal, al menos dentro del mismo equipo. 

La sacudida, es de suponerse, tendrá más consecuencias en el mediano plazo. 

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En la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano del Congreso avanza una propuesta para meterle mano a la Operadora de Estacionamientos de Juárez, creada hace ya 30 años. 

Desde entonces la ley que regula al organismo descentralizado municipal no ha sido modificada más que en dos ocasiones, sólo para definir cuestiones técnicas; la última fue en 2005 y de ahí en adelante se ha mantenido sin cambios. 

Como es obvio suponer, la Operadora se quedó en el pasado en algunos aspectos de transparencia y rendición de cuentas. No se diga en soluciones tecnológicas y aportaciones al orden social, como en materia de seguridad, que también para ello debería servir. 

Debido a que sus flujos de efectivo sin bastante inciertos a causa de la obsolescencia de sus sistemas y la falta de regulación, sin duda le hace falta la actualización de la norma. 

Quien la promueve es la juarense neopriista, Marisela Sáenz Moriel, integrante de la misma comisión que encabeza la panista Carmen Rocío González. 

La sustenta en la necesidad de ajustar el organismo a los nuevos tiempos, regular las funciones del personal dedicado a la vigilancia de vehículos en los estacionamientos que opera y orientar el modelo de forma que también sirva a fines de seguridad pública. 

Para ello propone que tres asientos del Consejo Directivo de la Operadora sean para diputados, designados por la Junta de Coordinación Política con el requisito de que sean de los distritos electorales de Juárez. 

Ahí el fondo del tema, la participación legislativa que se busca en un organismo municipal. Y es lo que saca algo de ronchas. 

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Hacer caravana con sombrero ajeno siempre se revierte, pero así se anda estrenando el secretario de Desarrollo Social del Estado, el diputado con licencia, Luis Aguilar. 

Durante la emergencia sanitaria ha llamado la atención de sus críticos el funcionario por pagar publicidad en Facebook de casi cualquier acción que realiza, ya sea entregando cheques y despensas o participando en cualquier tipo de evento armado para su promoción personal. 

El manejo de sus redes tiene una conexión directa con Comunicación Social del estado, a cargo de Manuel del Castillo, “Igor”; de ahí que le inyecten dinero, que no ha de ser de su bolsa, para publicitar su labor, orientada a entregar apoyos que tampoco salen de su bolsa. 

El caso es que esos aplausos pagados tienen un costo extra, aparte del que se carga a la tarjeta de crédito. Es el costo político, que se evidencia en los comentarios que recibe el secretario. 

“Proselitismo electoral 2021. Eso no es empático, empático es ponerte en los zapatos del otro. No hagas caravana con sombrero ajeno, ese dinero es de todos, es del pago de nuestros impuestos”. “Así que haga mucho pues no, ni atención tiene para los que proponen un cambio significativo...”. “Para cuándo tenemos respuesta la demás gente?, le anda dando a personas que tienen dinero”. Así se repiten por montones los reclamos que le publican en sus post. Los que no son pagados, por supuesto. 

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Por cierto, en el último reporte de principios de semana sobre el Plan Emergente Estatal, Ciudad Juárez -una plaza que poco presume Desarrollo Social- pasó del quinto al tercer lugar en apoyos recibidos. 

De 330 millones que el Gobierno del Estado reporta como ejercidos en apoyos a la población y a negocios, en la frontera se han dispersado 63 millones de pesos. Eso es la mitad de los 112 millones destinados a la capital del estado y menos que los 64 millones que se reportan en la región de Cuauhtémoc. 

Inexplicablemente sigue siendo muy lento el flujo de recursos a Juárez, lo que hace evidente su exclusión, otra vez, de los planes estatales. 

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El lunes de la siguiente semana se espera una reacción en el Consejo Técnico Escolar que se ha convocado para realizarse a distancia, ante el anuncio del secretario de Educación, Carlos González Herrera, de extender el ciclo todavía hasta julio. 

Al interior de los planteles y los sindicatos magisteriales ven la extensión del año escolar hasta el 17 de julio como una medida un tanto inútil. Sólo agrava la incertidumbre de maestros, padres de familia y alumnos, sin necesidad de hacerlo. 

Aparte de que es mera simulación porque las clases virtuales han sido un fracaso y van a durar hasta finales del mes de junio, extender los procesos administrativos hasta mediados del otro mes sólo retrasará la entrega de resultados. 

Es un sinsentido alargar tanto un ciclo que, en los hechos, ya concluyó. A estas alturas existen los elementos para calificar a los alumnos con lo que lograron hasta marzo, cuando se decretó el confinamiento, y lo poco que se avanzó virtualmente. 

Pero además le mete presión anticipada al siguiente ciclo escolar. Las afectaciones al desempeño de los niños y maestros tendrán que amortiguarse forzosamente hasta el nuevo período, pero éste comenzará hasta septiembre en vez de agosto, con lo que también se verá afectado. 

Sin plazos definidos por las autoridades sanitarias, lo ideal sería cerrar las ventanas de incertidumbre que hay en otros sectores, como el educativo, en vez de extender la agonía innecesariamente.