Opinión

El rotundo fracaso de un gobierno

Una de las principales metas de cualquier gobernante, del nivel que sea, es lograr a través de su gestión una sensible mejoría en el estado general de bienestar de la población que gobierna

Francisco Ortiz Bello
Analista

domingo, 14 febrero 2021 | 06:00

Una de las principales metas de cualquier gobernante, del nivel que sea, es lograr a través de su gestión una sensible mejoría en el estado general de bienestar de la población que gobierna, objetivo muy complicado sin duda, pero que no solo debe ser la meta trazada, sino que es obligación legal, moral, política y ética de cualquiera que se postula y gana un cargo de gobierno. Por ello, se asume que quien aspira a gobernar una ciudad, un estado o un país, cuenta con las habilidades, capacidades, conocimientos y preparación suficientes para ese propósito.

En el tema de gobernar no se vale la improvisación, la ocurrencia, el “yo pensé”, el “yo creí”, simplemente no se vale. Porque gobernar conlleva la más grande responsabilidad que político alguno pudiera tener: el bienestar general de una comunidad, con todo lo que eso implica.

El acto de gobernar implica dos grandes y relevantes vertientes: la conducción política y la administración pública. En la primera, el gobernante es absolutamente responsable de las decisiones trascendentes que impactan directamente en la sociedad, definición y ejecución de programas sociales, de obra pública, de seguridad, de economía, de educación, de turismo, interacción positiva con otros niveles de gobierno y un largo etcétera. 

En la segunda vertiente, la responsabilidad directa es todavía más grande y relevante, porque se trata del manejo de los recursos públicos, los materiales, los humanos y los financieros, lo cual exige un nivel muy alto de preparación específica en administración pública, de comprensión cabal de los asuntos administrativos del estado. Es decir, requiere de una calificación acreditada en la disciplina o ciencia administrativa, así como de una honestidad e integridad a toda prueba. 

Sin embargo, entre el deber ser y la realidad existe un profundo abismo, y en muchas ocasiones los ciudadanos hemos salido perdiendo al elegir a políticos que ni tienen las calificaciones adecuadas, ni la voluntad de hacer su mejor esfuerzo para aprender lo que desconocen. El actual Gobierno del Estado, encabezado por el panista Javier Corral Jurado, es el mejor ejemplo de esta reflexión.

Precedido de una muy larga carrera legislativa (más de 20 años como diputado local y federal, así como senador de la República), Corral capitalizó en su favor una coyuntura política en 2016 que lo llevó a la gubernatura. Por un lado, el hartazgo de los chihuahuenses hacia los excesos y abusos del exgobernador de extracción priista Cesar Duarte que rayaron en lo delictivo, y por otro, las intensas pugnas entre grupos priistas que deseaban desmarcarse del desprestigio ocasionado por Duarte. Se alinearon los astros para Corral y así llegó a la gubernatura del estado grande.

A pesar de esa larga trayectoria como legislador, desde el primer día de su gestión, Corral ha hecho un pésimo papel como gobernante y es que ya definíamos en los primeros párrafos de esta colaboración el perfil que requiere quien gobierna, perfil que en nada se parece al de quien es legislador lo que no necesariamente implica que un legislador no pueda hacer un papel decoroso al frente de un gobierno.

Un legislador es un representante de la sociedad ante el gobierno, como parte del Poder Legislativo tiene la voz de quienes representa, al pueblo, por tanto, básicamente debe ser un tribuno experto (luchador social, dominio de las técnicas del debate y el discurso), debe poseer una marcada facilidad de expresión y comunicación, contar con una base social muy amplia (lo que supone un fuerte activismo social), debe conocer a fondo el sistema político mexicano y el entramado de sus instituciones.

En este orden de ideas, lo menos que necesita un legislador es cubrir apretadas y demandantes jornadas de trabajo ajustadas a horarios rígidos e inflexibles, ni tener conocimientos avanzados sobre administración pública porque no maneja ninguna clase de recursos, ni personal. 

Un legislador debe confrontar en la tribuna legislativa con fuerza y determinación, a sus oponentes políticos para lograr la aprobación de sus iniciativas en el congreso o derribar las que presenten, mientras que un gobernante debe escuchar y atender a todos quienes gobierna, eso incluye a los oponentes y adversarios políticos. Marcada diferencia.

Y así fue como se comportó básicamente Corral desde el primer día de su gestión, y durante todo el tiempo que ha “gobernado”, como chivo en cristalería, confrontando abierta y sistemáticamente a todo aquel que osara pensar distinto que él y manifestarlo, a todos quienes no coincidieran con sus acciones o decisiones como gobernador, sin la prudencia mínima que exige la responsabilidad de gobernar, acusando y señalando sin sustento ni pruebas lo mismo a periodistas que a empresarios, o medios de comunicación, opositores políticos o actores sociales, y ni el mismo presidente de la República se le escapó, ni en su momento Peña Nieto ni ahora López Obrador, confrontaciones estas últimas que nos han costado muy caras a los chihuahuenses.

Muy hábil para la retórica y el discurso, Corral resultó bastante torpe para mantener relaciones de altura política con los diferentes actores con quienes debía interactuar. Se peleó y “castigó” con el látigo de su desprecio igual al alcalde Cabada que a la alcaldesa Maru Campos, aunque fuera de su mismo partido, jamás interactuó institucionalmente con otros partidos políticos ni su representación en el Congreso, sin importar colores ni tendencias.

Pero todas esas deficiencias, aunque graves, no fueron los peores desaciertos cometidos por Corral. En 2016 recibió un estado prácticamente en bancarrota, con una de las deudas públicas más altas del país, la cuarta, pero con marcada viabilidad en otros temas como seguridad pública, desarrollo económico y social, salud, educación y vivienda. 

Hoy, casi cinco años después, Corral entregará a su sucesor o sucesora un estado en peores condiciones de las que lo recibió, pero en todos los temas. Chihuahua es hoy la segunda deuda pública más alta del país. No hay uno solo acierto que lo salve.

De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal (SESPN), en los 6 años que gobernó Cesar Duarte se registraron 9 mil 788 homicidios dolosos en el estado. Javier Corral concluirá su gobierno de 5 años con una estimación de 11 mil 500 homicidios (hasta diciembre de 2020 iban 10 mil), un aumento del 20 por ciento.

En mi artículo titulado “El final anunciado de un gobernador reprobado”, publicado en este mismo espacio el domingo 31 de enero de este año, escribí: “En el estudio de Arias Consultores, denominado ‘Así Van los Gobernadores Diciembre 2020’, Corral ya cayó por debajo de la línea de flotación del 20 por ciento de aprobación, ubicándolo en el lugar 29 de todos los gobernadores, con un bajísimo 16.6 por ciento en su aprobación ciudadana, su récord más bajo desde que inició su gestión”.

Bueno, pues Corral “se supera” a sí mismo. En la evaluación correspondiente a enero de 2021 de la misma casa encuestadora (Arias Consultores), Corral apareció en el último lugar de todos los gobernadores del país ¡en el último! Lugar número 32 con el 9.4 por ciento de aprobación ciudadana a su gestión. Es decir, ni siquiera 1 de cada 10 chihuahuenses lo califica bien.

Regularmente, por razón natural de los tiempos políticos, en el último informe de cada gobernador se reduce sensiblemente la atención pública y mediática, pero nunca antes había visto un último informe tan desairado, tan ignorado y con tantas mentiras como este último de Corral.

Indudablemente es un caso sin precedentes en la historia política de Chihuahua, claro en sentido negativo, Javier Corral Jurado ha sido el peor gobernador que hemos tenido, y todavía falta por ver todo lo que brote una vez que deje el cargo. A esperar sorpresas.