Opinión

El replaqueo y el derecho a la movilidad

Mientras en el mes de diciembre del año pasado en San Luis Potosí se anunciaba la primera etapa de la entrega de placas gratuitas, el secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua en rueda de prensa informaba que en el 2022 habría renovación de placas a costo de los contribuyentes

Jorge Breceda
Analista

sábado, 08 enero 2022 | 06:00

Mientras en el mes de diciembre del año pasado en San Luis Potosí se anunciaba la primera etapa de la entrega de placas gratuitas, el secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua en rueda de prensa informaba que en el 2022 habría renovación de placas a costo de los contribuyentes.

En este sentido, el servidor público justificó la decisión del replaqueo -evitando a toda costa que se pudiese interpretar como una política recaudatoria- en que “el más reciente se efectuó en 2012, por lo cual no se puede saber si las placas coinciden o no con el actual padrón vehicular”, así la premisa expresada. 

Con tal argumento se establecen por lo menos dos preguntas, primero, ¿cuál es la temporalidad de replaqueo en replaqueo para que exista certidumbre en el padrón vehicular?, segunda, ¿la premisa significa que el gobierno no cuenta con un control fehaciente sobre los vehículos que transitan en el Estado?

Para la primera cuestión es oportuno que nos indiquen cada cuando se debe de realizar un replaqueo para que exista certeza en los archivos gubernamentales, ¿cada lustro, dos o siete años? Pero, lo preocupante es que la revalidación vehicular (anualmente) no sirve para nada, ya que no brinda certeza en el padrón vehicular.

En relación con la segunda cuestión, es más preocupante ya que, usted recordará que en el 2008-2009 se estableció desde los gurús de la seguridad pública, que uno de los principales problemas del crimen organizado derivaba de que los delitos se cometían en vehículos que no tenían la posibilidad de ser identificados, tal como lo plantea el secretario de Hacienda no encontramos en ese fatídico escenario. 

Por otra parte, en la mencionada conferencia, el servidor público refirió que “en la Ley (de Ingresos) se autorizaron estímulos para que se apliquen durante los meses de febrero, marzo y abril”, al revisar tal legislación, se acredita lo dicho, sin embargo, tal incentivo se encuentra condicionado a diversos supuestos normativos.

Cumpliendo con los supuestos enunciados en el último párrafo del artículo octavo de la Ley de Ingresos, los contribuyentes podrán recibir el beneficio -dependiendo del mes en que pague-, siendo: en febrero de 450 a mil 171 pesos, de 353 a mil 123 pesos en marzo y de 257 a mil 75 pesos durante abril, tal beneficio se observa en la revalidación vehicular (el margen del costo es por el modelo del vehículo) y no en el costo de las nuevas placas. 

Es dable señalar que el funcionario señaló que “se pretende recaudar una cifra cercana a los 600 millones de pesos por concepto de replaqueo”, de tal situación se infieren varias situaciones, primera, la cantidad no es despreciable por lo que, quien considere que es una política recaudatoria tendrá seiscientos millones de razones para aseverarlo. 

Segunda, la cantidad causa imprecisión, lo anterior, ya que en el 2021 (Ley de Ingresos) se estimó -sin replaqueo- la cantidad de 1,650,000,000 pesos, para este año se estiman 2,325,649,121 pesos, lo que en una simple suma y resta son 675,649,121, es decir, una cifra más cercana a los 700 millones que a los 600 millones. 

Ahora bien, es evidente que de la decisión gubernamental provocará una recaudación extraordinaria de recursos (con certeza más de 500 millones), la pregunta es ¿qué se hará con ese recurso? ¿A qué política pública se le “inyectará” dinero?

La esperanza de quien suscribe es que cada centavo recaudado el presente año derivado del numeral 4.3.11.1.1 denominado “De la dirección de la división de policía vial” de la Ley de Ingresos, sea enfocado proporcionalmente a resolver los incalculables baches, hoyos y desigualdades de las calles en Juárez.

Se hace mención del elemento de proporcionalidad porque se trata de un derecho -no impuesto- estatal, sin embargo, el cuidado y conservación de las calles es responsabilidad del ayuntamiento, por lo que, si en Juárez se recaudan 400 millones, que de dicha cantidad se realice una partida presupuestal para que el y la conductora vean reflejado el esfuerzo realizado para pagar en vialidades que tengan dicha inversión.  

Lo anterior no es innovador, tal situación se observa en el expediente CODHEM/TOL/662/2018 de la CODHEM en la que se explica el derecho humano a la movilidad, las buenas prácticas de la administración pública y a la obtención de servicios públicos de calidad, para evitar el perjuicio al patrimonio de la ciudadanía.

Por último, es evidente que Gobierno del Estado necesita recurso económico para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, sin embargo, la exigencia radica en que la naturaleza del impuesto, productos, cuotas, aprovechamientos o derechos se dirijan a su origen, es decir, así como lo recaudado por el impuesto Universitario se enfoca en la mejora de la educación, así el replaqueo en vialidades.

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