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Opinión

El regreso del after party La Mansión

Seguramente el after party conocido como La Mansión, en el 8450 de Camino Real de Senecú, hacia el exclusivo fraccionamiento Campestre, ya consiguió sus permisos

LA COLUMNA
de El Diario

lunes, 14 noviembre 2022 | 06:00

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• El regreso del after party La Mansión

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• Migran ‘montadeudas’ del centro al norte

• Pega duro Banxico a la deuda estatal  

Seguramente el after party conocido como La Mansión, en el 8450 de Camino Real de Senecú, hacia el exclusivo fraccionamiento Campestre, ya consiguió sus permisos respectivos de Gobernación estatal y de uso de suelo del Municipio porque reinició actividades con todo y vigilancia especial de las policías municipal, estatal y hasta rondines del Ejército.

De nuevo llegaron quejas a La Columna por vecinos de ese negocio que mantiene abiertas sus puertas prácticamente toda la noche y toda la noche mantiene en vela con su alto nivel de ruido a quienes viven cerca del lugar. Es una zona que se suponía estrictamente habitacional.

La Mansión es un lugar con venta de alcohol en cualquier presentación. Abre después de las doce de la noche, cuando antros, cantinas y restaurantes cierran, por allá a la misma medianoche, máximo a las dos de la mañana.

Publicamos aquí hace semanas ese caso. De inmediato cerró porque obviamente carecía de permisos tanto de Gobernación estatal como del Municipio.

Ahora que reabrió seguro ambas instancias tendrán la debida información sobre las correspondientes autorizaciones... y los documentos que las amparen.

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La marcha de los prianistas -como denominan desde Morena al movimiento político y social que salió a las calles ayer en varias ciudades del estado- no debería ser menospreciada por los promotores de la 4T ni por quienes hoy tienen las posiciones de poder.

Sean muchos o pocos, sean mayorías o minorías, lo que pudo verse en Chihuahua (varios miles, incluida la gobernadora, Maru Campos), Juárez (varios cientos), Parral y otros municipios, fueron contingentes de manifestantes encendidos que ya varias veces han mostrado su descontento hacia la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Pero ni todos los que fueron pertenecen a los corruptos privilegiados que son señalados desde el Palacio Nacional cada tercer día, ni todos defienden al Instituto Nacional Electoral tanto como atacan de forma sistemática al Gobierno federal y sus acciones.

En Morena y en esferas gubernamentales federales fue uniformado un discurso de odio contra los manifestantes, sin mayor argumento que quienes no quieren una reforma electoral son los que ven que pueden perder lo que por años les ha dado el sistema político. Es un error y un riesgo menospreciar los reclamos.

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Después de cientos de call centers cerrados en la Ciudad de México y sus alrededores por la redada contra las llamadas apps “montadeudas”, el fenómeno ha estado extendiéndose hacia el norte del país, donde ya se registran las primeras decenas de casos con víctimas que han denunciado formalmente.

Las aplicaciones saturan los anuncios de internet y los sistemas de los teléfonos celulares, independientemente del sistema operativo que tengan.

Son las que ofrecen créditos fáciles y rápidos, sin revisión de historial crediticio, sin referencias ni trámites tortuosos como los que tienen los bancos y las parafinancieras reguladas, por lo que sin prestar atención a los riesgos cualquiera con un smartphone puede caer.

El negocio de los préstamos puede ser real, pero la cobranza ilegítima con intereses desproporcionados que cambian a conveniencia en los términos de los contratos digitales que se firman.  

O bien, pueden ser meros extorsionadores y defraudadores que, luego de tener acceso a los datos entregados por los propios usuarios que buscan un crédito, utilizan la información de manera ilegal, contra el mismo usuario o contra terceros.

En algunos casos, además, montan oficinas provisionales con 10 ó más líneas telefónicas con las que hostigan a los clientes que caen en sus redes o a sus contactos que tienen en los teléfonos, lo que ha llevado a la captura de decenas que ahora están bajo proceso en la capital del país

Debido a la desregulación con la que operan, los “montadeudas” son difíciles de rastrear, pero reportes de la Fiscalía General del Estado apuntan a que el fenómeno se ha extendido y, por mientras, las denuncias por fraude, cobro ilegal, hostigamiento y uso ilícito de sistemas de información se acercan al medio centenar en Chihuahua.

La reacción en la Ciudad de México, en buena medida por la presión del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, llevó a la fiscalía capitalina a atender más de ocho mil reportes en el año, el 54 por ciento de la misma urbe y el 46 por ciento relacionados con otros 11 estados del país, entre ellos Chihuahua.

Con ese precedente, la reacción local no debe ser retrasada aquí antes de que el problema de la nueva variante criminal crezca de forma descontrolada.

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La tasa de interés fijada por el Banco de México la semana pasada, del 10 por ciento, representa un golpe fuerte a las finanzas estatales porque con ello aumentarán los pagos de intereses de la deuda pública, renglón con el que sigue luchando el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo.

El período de descontrol financiero que caracterizó al gobierno de Javier Corral los cinco años previos todavía tiene repercusiones en el presupuesto estatal, pero la agresiva política monetaria del banco central para combatir la inflación llega a darle un empujón igual de grave.

En términos muy sencillos, no hay cobertura que alcance a la tasa referencial en ese nivel histórico, por lo que se mantendrán en ascenso los pagos de intereses durante el año.

Si a eso se le suma que falta una nueva subida de la tasa para diciembre, la última de 2022, las pérdidas serán aún mayores a finales de este año y principios de 2023, que son considerados, en materia fiscal y presupuestal, los más difíciles de cada ejercicio.

Además, con la inflación rondando el nueve por ciento y la tasa de interés elevada (que puede cerrar en 10.50 ó 10.75 por ciento), cualquier aumento en los ingresos del Estado quedará corto para hacer frente a todos los compromisos del Gobierno del Estado.

A nivel federal ya se maneja el dato de que los recursos por aportaciones y participaciones a Chihuahua tendrán un incremento de entre el 11 y el 13 por ciento en relación al ejercicio 2022. Pero en términos reales será mínimo el crecimiento de los fondos destinados a la entidad.

Así, el servicio de la deuda continuará absorbiendo recursos crecientes mes a mes. Casi el doble, de hecho, entre lo que se pagaba en enero de este año y lo que deberá cubrirse en diciembre.

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La segunda multa impuesta a Promotora Ambiental de La Laguna (PASA), ahora por un millón 580 mil pesos, fue calculada por la Dirección de Limpia, donde despacha Gibrán Solís Kanahan, como resultado del nivel de quejas alcanzado por la empresa concesionaria del aseo urbano juarense.

Aunque para algunos la sanción es menor -raquítica incluso, según los calificativos lanzados en la última sesión de cabildo- la realidad es que la primera multa tuvo sus resultados en la mejora del servicio, así que la expectativa es que la segunda también cumpla su cometido.

Seguramente PASA, que desde 2006 tiene el jugoso contrato de la basura en la frontera, habrá de hacerse acreedora a nuevas sanciones en lo que le queda a su contrato con el gobierno juarense, que vence en septiembre del año próximo.

Por eso mismo, la administración de Cruz Pérez Cuéllar tiene la oportunidad inmejorable de hacer un cambio de fondo en el servicio de recolección de basura, que por años ha sido de malo a pésimo en esta que es la ciudad más grande del estado.

Si se toma como referencia la capital, en Chihuahua son más de una decena de empresas las que tienen concesionadas la recolección de desechos, organizadas en rutas que regula el mismo gobierno municipal, que además tiene una cuadrilla de trabajadores propios para este sector.

Si Juárez es tres veces más grande en las dimensiones urbanas, con mayores necesidades de atención industrial, comercial y habitacional, puede ser viable un modelo similar de rutas en paquetes, en vez de que una sola empresa, cuya incapacidad ha quedado evidenciada, se lleve todo el pastel de las concesiones.

Esa podría ser la ruta a seguir por el gobierno municipal de la frontera al término del enorme plazo que tuvo PASA para mostrar algo de eficiencia.

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