El que exige, se compromete

Llevamos desde el 2008 demandando a los cuerpos policiacos municipales mayor eficiencia en sus actividades de seguridad pública, pero alguien se ha permitido el tiempo de observar la estructura organizacional, el presupuesto designado a equipamiento, sueldos, modelo de incentivos y de escalafón de cargos con los que cuenta la corporación. 

En términos particulares, ¿cuáles son las condiciones en las que se encuentran los y las oficiales que vigilan nuestras calles? ¿Cuál es la contraprestación económica que reciben los ministerios públicos? ¿El personal cuenta con servicio de salud de calidad?, ¿posibilidad o no de adquirir un crédito Infonavit? Al no conocer a profundidad las respuestas, lo único que construimos como sociedad es violencia contra las personas que nos cuidan. 

La violencia planteada nace de la etiqueta social que tiene esta comunidad de servidores públicos, catalogados como corruptos, autoritarios, ineficientes, en una palabra: malos. Lo anterior, bajo la lógica de que nosotros somos los buenos porque soportamos la maldad derivada del mal servicio público. 

En este sentido, creemos ingenuamente que conjuntando un marco normativo robusto de derechos humanos y un discurso político respecto a diversas estrategias de seguridad pública ya nos encontramos en el progreso hacia una mejor sociedad, derrotando así a la maldad de los malos servidores públicos. 

Sin embargo, en esa absurda lógica, lo que es evidente es que nadie desea comprender que la dualidad entre lo bueno y lo malo no funciona de esa manera; parafraseando al gran filosofo francés Baudrillard se puede mencionar que el bien y el mal amplían su poder al mismo tiempo, es decir, se mueven al unísono. 

Es decir, el bien de la voluntad política en su discurso o la potencia moral contenida en los instrumentos normativos de derechos humanos no reduce el mal, así como, suponiendo sin conceder, la corrupción, el autoritarismo o la ineficiencia de los servidores públicos no derrotará a la bondad. Más aún, 

como podrá observar en el argumento, cada elemento alimenta al otro, ya que se suscriben más y más instrumentos de derechos humanos para construir a una mejor sociedad: menos corrupta o autoritaria. 

Si no entendemos dicho planteamiento, recurriremos a dos errores catastróficos; por una parte, pensar en la tesis progresista que ha causado tanto daño, es decir, pensar que cada día se cuenta con una mejor sociedad, que evolucionamos de manera natural a constituirnos como una humanidad más buena o correcta que la que gobernó en épocas anteriores. 

Por otra parte –más importante–, la dualidad entre buenos y malos es un planteamiento pobre que no permite elaborar categorías de análisis que brinden reales posibilidades de cambio, es decir, lo que postulan es el establecimiento de la letanía de acusar a unos y salvar a otros. 

Como se ha dicho, esta construcción ilusoria imposibilita realizar un diagnóstico a profundidad para identificar las estructuras subyacentes del fenómeno en el que se encuentra la seguridad pública, es decir, hacer una revisión exhaustiva respecto a la incidencia que provoca las condiciones laborales en las que se encuentra la comunidad de servidores públicos dedicados a la seguridad pública. 

Derivado de lo anterior, un mínimo compromiso que tenemos como sociedad sería denunciar en lo público y lo privado dos elementos: primero, lo inmisericordes que hemos sido con los funcionarios “de a pie” afines a la seguridad pública, hecho que ha producido una liquidación comunitaria basada en ver a quien nos protege como un estereotipo de quien nos perjudica. 

Segundo, al creer en esa dualidad eliminamos la posibilidad de visibilizar la precariedad en la que se encuentran nuestras fuerzas de seguridad, es indispensable hacer una revisión de la vida que ofrece la labor policial o de ministerio público: ¿qué tipo o estilo de vida esta siendo vivida o sacrificada por ser parte de la función pública?

Lo antes señalado permitiría destruir la catástrofe antropológica en la que nos encontramos al no defender a quien nos protege, al no luchar por sus derechos laborales o mínimos conceptos de dignidad laboral. 

Por último, reiterar un profundo exhorto a observar crítica y puntualmente las condiciones laborales paupérrimas en las que se encuentran nuestros policías y ministerios públicos, situación que nos permitirá evitar las percepciones cotidianas y edificar gestos que cultiven la hermandad afectiva entre quienes cuidan a quienes les cuidan.