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Opinión

El político atrapado en la mina

El accidente en el pozo de carbón en Sabinas, donde se lucha por rescatar con vida a 10 mineros atrapados desde hace una semana, tiene un daño colateral: el poderoso grupo Coahuila y el gobernador Miguel Riquelme

Raymundo Riva Palacio
Periodista

martes, 09 agosto 2022 | 06:00

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Ciudad de México.- El accidente en el pozo de carbón en Sabinas, donde se lucha por rescatar con vida a 10 mineros atrapados desde hace una semana, tiene un daño colateral: el poderoso grupo Coahuila y el gobernador Miguel Riquelme. Todos los caminos de los probables responsables del siniestro conectan con el gobernador y lo colocan en una situación incómoda que estará pronto a salir a la opinión pública.

El impacto político, sin embargo, se empezará a dimensionar en la medida en que se vayan dando a conocer los detalles de los propietarios de la concesión y de los contratos, como parte de la investigación que inició desde el domingo la FGR, y sus vinculaciones con funcionarios estatales y federales. Qué tanto el golpe se quedará en Riquelme y el grupo Coahuila, y qué tanto en el Gobierno federal, dependerá de cómo el gobernador logra sacudirse el golpe y puede trasladarlo a la CDMX.

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No va a ser fácil. Sabinas ha estado gobernado históricamente por políticos del PRI, y muchos de ellos han estado asociados a la minería.

La información que tiene el Gobierno federal confirma que los contratos del pozo de carbón los ha realizado la empresa Beneficios Carboníferos AJ, S.A. de C.V., propiedad de Régulo Zapata Jaime, donde su hijo, Régulo Zapata Morales, es también socio. La empresa ha obtenido contratos por más de 250 millones de pesos de la Comisión Federal de Electricidad, bajo la gestión de Manuel Bartlett.

Zapata Jaime fue presidente municipal de Sabinas, y en los últimos días ha negado ser propietario del pozo de carbón siniestrado. Técnica y legalmente, tiene razón. Por una parte, quien aparece como “patrón” ante el Seguro Social y la Secretaría de Trabajo federal, es Cristian Solís Arriaga, de 27 años, y sobre el cual no hay información que permita corroborar su solidez económica. Por el otro, el título de concesión, de acuerdo con los datos disponibles, no lo tiene Zapata Jaime, sino originalmente Iribarren González, que es pariente de su esposa, Martha Carolina Morales Iribarren, que también fue alcaldesa de Sabinas.

Morales Iribarren terminó su gestión en 2009, tras lo cual el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, la invitó a ser subsecretaria de Turismo. De ahí, el gobernador Rubén Moreira la hizo diputada local. Su sucesor, Riquelme, la designó subsecretaria de Trabajo en febrero del año pasado, con el objetivo, dijo en ese entonces el gobernador, de “reforzar la región carbonífera”. No le importó al gobernador el conflicto de interés que ello implicaba, al trabajar y operar en una industria donde sus familiares son parte importante de la industria, con el potencial para colusión o corrupción.

Los amarres políticos de Zapata Jaime no impidieron que tampoco, en lo que va del sexenio, la CFE, dirigida por Manuel Bartlett, le haya dado contratos por cuando menos 250 millones de pesos, para la compra de carbón. Tampoco fue motivo de reconsideración, que la familia esté involucrada en escándalos mineros. Un sobrino de él, Álvaro Jaime Arellano, que también aparece en las tarjetas en poder del Gobierno federal, provocó en 2016 un conflicto social en la comunidad de Cloete, en el mismo municipio de Sabinas, donde el entonces regidor, y heredero del título de concesión, provocó socavones en una zona donde había viviendas de interés social. Las autoridades federales le cancelaron la concesión, pero sigue trabajando en el carbón.

Otro cabo suelto es el hijo de Zapata Jaime y Morales Iribarren, Régulo Zapata Morales, contratado por su primo, Francisco Morales Purón para trabajar en Parque Fundidora, en Monterrey, donde Aída Araceli Acuña Cruz, que fue diputada local del PRI en Tamaulipas y trabajó en el gabinete del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, es la contralora. En aquél entonces su esposo era el delegado del ISSSTE y se enfrentó con el entonces diputado y exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias.

El siniestro en “Las Conchas” puede afectar a Bartlett, aunque de manera relativa, y a la secretaria del Trabajo federal, Luisa María Alcalde, por las fallas que pudo haber tenido en la vigilancia y supervisión de las condiciones laborales en la región carbonífera. En todo caso, la tragedia está comenzando a mostrar el árbol político El principal golpe probablemente será sobre Riquelme, quien hasta ahora no ha trasladado ninguna responsabilidad al Gobierno federal. El gobernador ha actuado con rapidez en la tragedia, pero en sólo un plano. Tiene que explicar cómo una protegida de los Moreira que él adoptó como parte de su administración, la promovió a un cargo donde ignoró que había conflicto de interés y un potencial para que le explotara en las manos, lo que finalmente sucedió, sin que la tragedia haya concluido todavía.

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