El poder es para poder

César Duarte tiene razón, el poder es para poder. Quien no puede, no tiene el poder. Es evidente que hoy el Estado (los tres órdenes de gobierno) no pueden controlar la inseguridad en Ciudad Juárez –y lo mismo sucede en muchos otros lugares de Chihuahua y del país–.

Lo ocurrido en Culiacán, con los LeBaron y la violencia en Juárez son hechos consecutivos que confirman una realidad inocultable: el Estado no tiene la capacidad para controlar al crimen organizado –ni al desorganizado–.

Lamentablemente la situación es peor de lo parece porque el Estado no es capaz de organizarse, ni hacia el interior a las fuerzas policiacas, que no se ponen de acuerdo para lo más simple, mucho menos van a enfrentar la complejidad de la criminalidad.

Hagamos un paréntesis. Hay dos elementos necesarios para la construcción de un Estado: la legitimidad ética de los que están de acuerdo con los valores de la nación y la fuerza para imponerse frente a los que no están de acuerdo. Legitimidad y fuerza se unen para darle viabilidad al poder político.

Según los expertos, el Estado es una organización política que ejerce el poder con el objetivo de mantener el control social. Si no cumple con ese objetivo, entonces es un Estado débil, pues no es capaz de ejercer el poder. Paradójicamente, esto puede suceder a pesar de contar con la legitimidad social y con la fuerza de su Ejército.

Entonces, el Estado sin ejercicio del poder es sólo una palabra. Siguiendo la misma idea, la regla es bastante sencilla: a mayor ejercicio poder, más fortaleza del Estado, y, por el contrario, a menor poder, menos fortaleza. Eso explica la debilidad de un Estado cuando pierde el control social, como en Juárez. Cierro el paréntesis.

Es importante aclarar que nada de esto se presenta en absoluto. Debilidad no significa ausencia, ni presencia significa control. En la geopolítica, el Estado puede estar presente, pero no ser efectivo.

En Juárez, por ejemplo, si hacemos un ejercicio de pintar las zonas donde el crimen organizado tiene mayor influencia que el Estado, veremos cómo se ha perdido el control de la mayor parte del territorio. Lo mismo pasa con Chihuahua y se va ampliando en el país.

Aclaro, tampoco se trata de abusar del poder. La historia nos dice que el exceso de la fuerza es nocivo porque tan negativa es la ausencia del ejercicio de la fuerza, como el exceso. El pasado cercano nos lo dice, la ingenua guerra contra el narcotráfico de Calderón fracasó, y el presente nos lo confirma, también ha fracasado la cándida paz de AMLO.

Más allá de los planes del Gobierno, la numeralia también muestra la debilidad del Estado. Las autoridades se limitan a contar los muertos, mientras la delincuencia en las calles opera sin control. La impunidad, el vacío de poder y la desorganización, generan una percepción de caos. Y el Estado, cada vez que justifica el descontrol consume la poca credibilidad que tenía. “Es una confrontación entre criminales”, “es una reacción por los cateos en el Cereso” o “quieren sembrar el terror”, son eufemismos de una realidad: no tienen capacidad para controlar al crimen.

Los defensores de la 4T, dicen que no se puede cambiar en un año lo que tardó décadas en construirse. Con ese argumento, entonces la 4T llegará dentro de 40 años. Además, la responsabilidad del Estado no tiene relación con un régimen de izquierda o de derecha, es obligación de cualquier Gobierno porque se trata del ejercicio del poder y, un Estado que no está ejerciendo el poder, entonces no está gobernando.

¿Entonces cómo se va a arreglar la crisis de la violencia en Juárez? En realidad nadie lo sabe. Lo que sí estoy seguro es que, cuando se arregle, no será por la intervención del Estado, porque en nada ha colaborado para contener la violencia. Hasta ahora, la apuesta del Estado es esperar a que la violencia se controle sola.

Por eso la falacia de la intervención del Estado es insostenible: cualquiera que sepa hacer sumas y restas verá que la fuerza del Estado es superada en todo: presupuesto, capacidad, estrategia, táctica, estado de fuerza, inteligencia; en donde le ponga la mano, el crimen organizado gana la partida, hasta en comunicación política, porque es más efectivo un whatsapp anónimo que un boletín de prensa oficial, tiene más credibilidad un criminal sin cara que las mañaneras.

Pero la memoria colectiva no olvida lo que ocurrió hace 10 años. Por eso la psicosis es el primer impulso, aunque después del shock todo regresa a la normalidad. Algunos piensan que nos acostumbramos a la violencia y, de ser cierto, esto no fortuito, nos hemos adaptado a la incertidumbre. Los fronterizos superamos las adversidades, lo hacemos, inclusive, contra la voluntad de los gobiernos. Y esta situación de crisis no es la excepción. Siempre nos levantamos.

La capacidad de los fronterizos de adaptarse a la violencia en las calles –y evadir los riesgos–, se presenta ante la prensa nacional como un logro del Gobierno, aunque en realidad es una más de las falacias del discurso oficial. La gente sigue su vida porque no hay de otra. Tenemos que salir a las calles, tenemos que ir a trabajar o la escuela, porque la vida sigue a pesar de la violencia descontrolada, a pesar del Gobierno.

En Juárez el verdadero heroísmo no es del Estado, es el de las mujeres que llevan a sus hijos a la escuela, de los trabajadores y trabajadoras que se suben al camión para ir a la maquila, de quienes salen todos los días a jugar con la suerte para que no los alcance una bala perdida.

A los juarenses les queda chica la 4T de AMLO y el Nuevo Amanecer de Corral. Ellos han abandonado cientos de veces a la ciudad y a pesar de eso seguimos de pie. Efectivamente, las calles siguen llenas, los centros comerciales funcionan, las escuelas no se cierran, nadie se da por vencido. Pero eso no borra el dolor de la violencia, mientras el Estado sigue ausente.

En pocas palabras, el Estado ha abandonado a Juárez. Los criminales no han hecho más porque no han querido, no porque no hayan podido. Mientras el Estado combate la violencia con discursos.

Ahora, sólo queda una reflexión final: si el presidente, el gobernador y el alcalde no quieren pagar el costo político de usar la fuerza, tendrán que pagar el costo político de no usarla.