Opinión

El Nuevo Orden

En la Cámara de Diputados están dispuestos a terminar de sacar los dictámenes de la Ley de Hidrocarburos (ya aprobada),

Jorge Fernández Menéndez
Analista

viernes, 23 abril 2021 | 06:00

Ciudad de México.- En la Cámara de Diputados están dispuestos a terminar de sacar los dictámenes de la Ley de Hidrocarburos (ya aprobada), de la reforma a la Fiscalía General de la República y de la ampliación de mandato de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura, incluida en el paquete de todas las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial.

Son iniciativas tan importantes, tan trascendentes, que ameritarían un amplio debate en comisiones y en el pleno, un verdadero parlamento abierto (no como la mayoría de los que se han realizado, que terminan convertidos casi en una farsa, una suerte de monólogos compartidos) y una consideración ponderada de los legisladores. Son iniciativas que, en el fondo, afectan, todas ellas, el sentido mismo de la Constitución, del equilibrio de poderes, del futuro del país.

No se trata siquiera de establecer si estamos de acuerdo o no con esta catarata de iniciativas, se trata de que no exista el espacio y el tiempo idóneo para debatirlas en profundidad. Mucho se critica desde el oficialismo el periodo que llaman neoliberal o conservador, o sea, desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el de Peña Nieto, pero, incluso en ellos, cada una de las grandes reformas que se impulsaron fueron parte de un debate intenso y se aprobaron, la gran mayoría de ellas, con amplios consensos, incluyendo al PRD en varias ocasiones, cuando todavía el presidente López Obrador era miembro de ese partido. Hubo espacio para el debate, para la discusión, para exhibir la oposición a leyes y reformas. Ahora, lo determinante es la prisa, sacar ya y sin cambiarle una coma, como dijo el Presidente, todas las iniciativas enviadas desde el Ejecutivo federal. Y este Congreso, dócil como ninguno del periodo “conservador”, se ha limitado a aprobar en fast track prácticamente todo.

No se entiende tanta prisa con una exigencia temporal tan terminante, desligada del proceso electoral y de la posibilidad, que no cabía en la estrategia gubernamental hasta hace unas semanas, de no poder mantener la mayoría absoluta en el Congreso (una mayoría que, hasta hace poco, se esperaba que fuera, con sus aliados, incluso calificada) o de perder apoyos estratégicos en el camino hacia el 2024. Y, si no alcanza ahora, está la previsión de un periodo extraordinario después de las elecciones, antes de que inicie la nueva legislatura, para terminar de aprobar todo lo que sea necesario para imponer un nuevo orden jurídico y político.

La cascada de iniciativas aprobadas o a punto de serlo ya lo han determinado. Veamos sólo las de las últimas semanas: la Ley Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos que transforman, dan marcha atrás, pero muy atrás, a todas las normas energéticas; la Ley de Outsourcing, que transforma el mercado laboral en detrimento de las empresas y en favor de nuestros competidores extranjeros; las reformas integrales del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la República. En el ámbito político, el anuncio de una próxima reforma electoral buscaría modificar profundamente el sistema electoral; amenazas de juicios políticos y de procesos contra distintos actores de la oposición.

No es una suma de incoherencias, como algunos dicen: es una política estratégica perfectamente bien alineada para dejar instaurado, como ha sostenido el Presidente, el modelo de la 4T de cara al futuro, más allá de las elecciones coyunturales, como un modelo de partido hegemónico, similar al que tuvimos hasta el gobierno de José López Portillo. Es una forma de establecer un Nuevo Orden basado en un viejo régimen.