‘El Mocho’, Corral y Aparicio, otra versión

-‘El Mocho’, Corral y Aparicio, otra versión

-Vacunan a jueces hasta con 100 mil pesos

-Quieren ‘pluris’ para independientes

-Elevadores mantienen en rojo al Congreso

Tras casi no salir durante los dos meses de “sana distancia” más allá de su casa a la oficina y de la oficina a un set de televisión, el gobernador Javier Corral Jurado, tuvo en agenda la inauguración presencial de un parque y la entrega de computadoras en Jiménez, pero literalmente se le apareció “El Mocho”, o “El Fresa”.

El evento fue programado para el 26 de mayo. Se llevó a cabo pero de manera virtual, según un boletín girado por el propio Gobierno del Estado a través de su oficina de Comunicación Social.

Ese mismo día fue la detención de Gibrán S.R., alías “El Mocho” y de su novia Daniela C.L. cuando se encontraban en un salón de eventos llamado “Grand Serrant”, adjudicado como propietario a un jefe de la Policía Preventiva de Jiménez apodado “El Charolas”.

La detención ocasionó varias balaceras por toda la ciudad y zonas aledañas. Fueron atacadas las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en la zona y asesinado un policía estatal, Martín Bañales.

La detención fue autoadjudicada por Corral a la Secretaría de Seguridad Pública pero fuentes bien informadas aseguran que todo el operativo fue guiado por la Guardia Nacional (GN).

Esas mismas fuentes han dado a conocer que el trabajo de inteligencia fue dirigido nada más y nada menos que por el excomisionado de la Policía Estatal, Óscar Aparicio Avendaño, ahora contratado por la GN y con funciones en el área de inteligencia.

Habría sido Aparicio quien dio el “pitazo” al equipo de su exjefe el gobernador Corral sobre el operativo contra “El Mocho”, jefe de La Línea-Cártel de Juárez en la región de Jiménez.

El gobernador suspendió su gira presencial y facilitó, a través de la Secretaría de Seguridad y de la propia Fiscalía General, el respaldo policiaco suficiente para que la GN hiciera su trabajo.

Por esta razón en la conferencia de prensa de Corral y su jefe de Seguridad, Emilio García, no ofrecieron más detalles que algunos nombres de los detenidos; de hecho la corporación federal se los llevó inmediatamente de Chihuahua a un penal de máxima seguridad del sur del país sin ser interrogados por el Ministerio Público estatal.

Simulación y desorden del Estado en materia de ataque al crimen organizado. Los resultados hablan por sí solos: cerca de ocho mil 500 homicidios durante lo que va de la administración.

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Los jueces se pusieron a brincar de gusto cuando les dijeron que habría vacuna para todos. Lo que no sabían es que no era contra el Covid.

Desde la oficina del gobernador Corral salió la orden fulminante para que los jueces se pusieran guapos con una donación del 10 por ciento de su sueldo de a chaleco.

El argumento para meterles rastrillo en la nómina del Tribunal Superior de Justicia es que ganan demasiado y no han hecho nada en estos meses.

El speech oficial es que Javier Corral le ordenó al magistrado presidente de ese órgano, Pablo Héctor González Villalobos, pasar la charola. Así, tuvo que juntarle 300 millones al patrón.

La lista de los elegidos para el moche alcanzó al primer nivel, con su respectivo tabulador que comienza en ocho mil mensuales para jueces y 20 mil para los magistrados, esto durante un período de cinco meses, lo que acumulará 100 mil morlacos por cada uno.

El dinero, supuestamente irá a las arcas del Instituto Chihuahuense de la Salud, pero ese cuento nadie se lo creyó. Por ahora, los jueces están en alerta roja, porque hay temor de que sea una reducción disfrazada y el período se extienda más de los cinco meses pactados.

Aunque no todos firmaron la aberrante instrucción, la gran mayoría prefirió no meterse en problemas y entregar el sueldo.

Esto ha generado malestar entre los juzgadores que no ven por ninguna parte la división de poderes. Se acabó la autonomía. La subordinación del Poder Judicial al gobernador Corral aparece a la vista general.

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Antes de que termine de armarse el paquete de reforma electoral, el diputado Arturo Parga alcanzó a presentar ayer una iniciativa que pretende dotar de plurinominales a las candidaturas independientes.

El legislador representa los colores de Movimiento Ciudadano y además es el “embajador” de Alfredo “El Caballo” Lozoya en el Congreso del Estado. El partido y el alcalde independiente de Parral se entienden muy bien con miras a 2021, al grado de que las siglas de MC podrían complementarse con el nombre del parralense en la contienda por la gubernatura.

Lo que pidió Parga Amado es que en el reparto de los asientos plurinominales en el Legislativo se tome en cuenta a los candidatos independientes que participan en una contienda electoral. Actualmente sólo se asignan espacios a los partidos, sin importar que las candidaturas sin partido a veces obtienen más votos en los procesos electorales.

Ahora persiste una distorsión democrática que desde hace varios años se ha advertido: el primer lugar de los partidos gana una mayoría y aunque un independiente sea segundo lugar, ni de chiste le tocan “pluris”. Esas se van al tercero, cuarto, quinto lugar. Todo a los partidos, aunque sean tamaño nano.

La lógica de la democracia indica que el volumen de votos de los candidatos sin partido debería tener reflejo en curules, aunque la fórmula de asignación se volviera más compleja. De ahí partió la iniciativa del diputado de Movimiento Ciudadano.

Está orientada, pues, a garantizar el voto de millones de ciudadanos cuya opción política no resultó triunfadora en los comicios. Que esas corrientes no se queden sin ser representadas ante el órgano plural de decisión, con la finalidad de que todos los votos se traduzcan en curules. Es la maximización del pluralismo político, en pocas palabras.

Sin embargo, la propuesta que ayer entregó Parga puso sobre la mesa la indefinición en la que se encuentran tanto MC como “El Caballo”, pues si va de candidato con el respaldo de un partido, qué necesidad de abogar por las candidaturas independientes. ¿O cuál será la jugada?

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Parece un tema menor pero es lo que en verdad tiene en un brete a la actividad legislativa. La distribución del personal en la torre del Congreso del Estado y la falta de accesos, salidas y vías de circulación adecuadas no les permite a los diputados regresar a la “nueva normalidad”.

El pasado viernes se les giró una circular a los trabajadores avisándoles que aunque laboran para un área considerada esencial, como lo es la actividad del Poder Legislativo, deberían esperar a tener un protocolo de regreso físico a las instalaciones.

El problema mayor que enfrenta el inmueble que ocupa el Congreso es la poca capacidad de sus elevadores y las reducidas escaleras que comunican sus más de 20 niveles.

Otra vez se pone en evidencia que el edificio no es ni será adecuado para las labores que ahora se realizan en el interior; no hay forma de respetar la sana distancia en el tránsito diario de gente que trabaja en la torre y tampoco en la mayoría de las áreas reducidas.

Las sesiones del pleno son sólo una parte de la labor de rutina que se realiza en las instalaciones. Cientos de empleados, además de los 33 legisladores, deben estar en constante movimiento por el inmueble, que no tiene definido un sistema para el tránsito interior pese a su enorme tamaño.

Por eso es que el secretario de Administración del Congreso, Jorge Issa, no ha autorizado el protocolo de regreso a las instalaciones y el edificio de mantiene en rojo, con el mínimo de personal en funciones. Un edificio nuevo ni pensarlo en estos tiempos de crisis económica, pero la realidad es que las instalaciones no dan para más ni garantizan un regreso seguro a las actividades cotidianas.