El juez que todo narco quisiera

Aparentemente no hay ninguna relación entre la ejecución, con pago de por medio, de un estudiante del CBTIS 128, la detención del tesorero de Los Mexicles, Braulio Raúl O., y al menos otro par de casos perfectamente encuadrados también en delitos relacionados con uso de armas y tráfico de drogas.

La vinculación entre todos se llama Luis Hernández Zúñiga, un juez penal con criterios necesariamente sospechosos para decidir la presentación de detenidos y decretar su libertad sin valorar siquiera el entorno en las escenas del crimen.

Desde un punto de vista, si queremos catalogarlo como subjetivo, documentado periodísticamente solo en información obtenida por policías investigadores y agentes del Ministerio Público, consideramos que detenciones como las señaladas en los casos CBTIS 128 y Braulio suponían una alta concentración del juez, revisión de ambos casos con visión panorámica, y no dictaminar la libertad con una agilidad, de entrada, no propia en el mundo judicial salvo, eso sí, casos excepcionales.

Cómo no pensar mal en el caso recientísimo del CBTIS 128 que sacudió hasta las más profundas raíces emocionales de los juarenses con hijos entre adolescentes y adultos, estudiantes del nivel medio superior.

Literalmente, a mansalva, aún con su mochila puesta, indefenso, fue baleado y asesinado el menor de 17 años, Ulises R. L. Fue atacado el 2 de mayo por la tarde, al salir del plantel educativo ubicado en la colonia El Granjero.

Fue baleado por un literal comando de jóvenes que tripulaban vehículos prácticamente nuevos, ahora entendemos que producto de la venta de drogas y el sicariato.

De manera oficial ha quedado establecido que la ejecución fue por “encargo” del padrastro de otro estudiante con quien sostuvo problemas el occiso.

Luego de cuajar los primeros resultados en las investigaciones, con testimonios de padres de familias, alumnos, y sobre todo, cámaras de vigilancia, policías de la Fiscalía General del Estado dieron con uno de los asesinos, un muchacho llamado Ulises A. O.

Fue avistado el 16 de mayo a las 3:20 de la tarde por los policías entre las calles Cordillera de los Andes y Sierra Chica, en la colonia La Cuesta.

Le hicieron la parada, pero trató de huir. Aceleró a su KIA modelo 2022 y trató de perder a los agentes. Calles más adelante fue alcanzado e inmovilizado. Dos de los tres policías son mujeres. Le aplicaron los protocolos de uso de la fuerza sin mayor problema.

A pesar de que el detenido portaba una pistola y casi 11 gramos de cocaína, y que los policías informaron detalladamente al juez su participación en el asesinato del estudiante, el juzgado ordenó su “inmediata libertad” el 19 de mayo no porque haya sido ilegal la detención o porque no fuera responsable de la droga, del arma y de la muerte del alumno del CBTIS, todo ello no fue parte siquiera del análisis, sino porque fue “retenido ilegalmente” entre el momento de su aprehensión cerca de las cuatro de la tarde del 16 de mayo y consignado al Ministerio Público cuatro horas después.

No tardó en quedar exhibida plenamente la posible corrupción del juez (imposible llamarle de otra forma). Ulises obtuvo su libertad y con ella quedaron alertados todos sus cómplices que corrieron en todas las direcciones, pero la madrugada del 22 de mayo fue detenido nada menos que el jefe de esa célula delictiva, que unos dicen pertenece a La Línea y otros a los Aztecas, lo cierto es que Cártel de Sinaloa no son.

Gabriel Fernando L. A., el apresado, resultó ser un excelente narrador, ofreció a los policías de la Agencia Estatal de investigaciones (AEI), de la misma Fiscalía General del Estado, los detalles sobre la contratación para el asesinato, los nombres de todos los participantes y todos los datos de los nuevecitos autos utilizados, entre ellos la flamante Suburban 2022.

Desde luego, dejó clara la participación de Ulises A. O., para quien el juez Hernández Zúñiga dictaminó la “inmediata libertad” por “retención ilegal”.

Otro caso sacudió también hasta sus cimientos a los pobladores de Juárez. La fuga ocurrida en el Cereso estatal 3 el primero de enero de este año, con saldo de 17 muertos, 10 de ellos celadores.

Afuera del Cereso murieron dos policías de la Agencia Estatal de Investigaciones tras la fuga, acribillados por miembros de la pandilla responsable de aquellos hechos, Los Mexicles.

Murieron los policías, por cierto, esperando por más de 10 horas una orden de cateo sobre seguimiento a los evadidos que no les fue obsequiada por los jueces. Hemos indagado hasta el cansancio de quién fue semejante irresponsabilidad, pero no hemos tenido éxito hasta el momento. No quitaremos el dedo del renglón.

Bueno, pues el jefe financiero, el operador tesorero Mexicle, el personaje con la mayor confianza en el manejo de los millonarios recursos de Ernesto Piñón de la Cruz, “El Neto”, era Braulio Raúl O.

“Yo soy el que se encargaba de su familia y del dinero que movía y que pagaba él”, declaró en audiencia judicial tras ser detenido. Así era el tamaño de su poder. Sólo entre la noche previa a la fuga y los días subsecuentes manejó más de 20 millones de pesos, entre lo que pagó para la evasión y lo que entregó a su “carnal” y jefe “Neto” horas después de la huida. Días después de la entrega “El Neto” cayó muerto en un enfrentamiento con la policía. Su tesorero pagó el traslado de su cuerpo a El Paso y la cremación allá.

Desde entonces empezó a tomar famita, mala fama, el juez Hernández Zúñiga, aunque ya mostraba signos de arrastrar la colita, por decirlo de alguna forma, desde el 2021 y 2022.

En ese tema operó el juzgador al revés del caso Ulises. El 26 de enero dictó auto de no vinculación a proceso contra Braulio porque las diligencias llevadas a cabo por los agentes aprehensores fueron en un “tiempo demasiado corto” y aquello restaba credibilidad al reporte policíaco.

Además, muy conveniente, ordenó que la audiencia fuera privada. Hasta hace días había confusión sobre esa causa y la otra, una segunda, donde otro juez lo mantuvo y lo mantiene en prisión. El colmo.

Braulio había sido detenido por delitos contra la salud y portación de armas, pero una vez vinculado, le sacarían su pertenencia a Mexicles y el tamaño de su involucramiento en la fuga. Esto último sería llevado al juez por los agentes respectivos del Ministerio Público en las audiencias subsecuentes.

Por fortuna para la sociedad, y para el Ministerio Público como acusador, por supuesto también para los policías investigadores, más tardó el primer juez en determinar el auto de no vinculación que en ser detenido ahí mismo por el resto de los delitos cometidos.

Ese otro juez, joven, (con una gran reputación, todo lo contrario a Hernández Zúñiga) inició otra causa, la citada con el número 523/2023. Es la que mantiene a Braulio recluido en el Cereso estatal tres. Si por Hernández fuera, el tesorero de “Neto” acompañaría ahora en su libertad a uno de los pocos líderes de Mexicles que siguen libres, Francisco Lucio Juárez Hernández, “El Pompín”.

Otros dos casos importantes, aunque no con el mismo impacto social, persiguen al mismo juez.

Se trata de las causas penales 9078/2021 y 1045/2002. En la primera justificaron los policías que detuvieron a Noé Alonso A. R. cuando circulaba a exceso de velocidad y le hallaron supuesta droga. Fue liberado porque los ministeriales “no son agentes de Vialidad para determinar si iba o no a exceso de velocidad”. En la segunda, quedaron libres Manuel M. R. y David A. Z. (armas y drogas) porque la redacción del acta levantada por los policías “tenía diversas similitudes” con otra acta levantada por otros policías en la misma fecha.

Muy acucioso Hernández Zúñiga en sus determinaciones aunque contradictorio y nada serio en su fundamentación.

Debe ser materia de análisis interno para el Tribunal Superior de Justicia en el Estado.