Diario
Opinión
domingo, 14 julio 2019 | 06:00
En las condiciones de división y enfrentamiento que se encuentra el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, pelea frontal entre visión técnica y visión ideológica-pragmática, no podíamos esperar otro resultado que el fracaso de los estímulos fiscales para la frontera.
No hubo cabeza siete meses en la Secretaría de Hacienda. Carlos Urzúa peleado a muerte con la superpoderosa oficial mayor, Raquel Buenrostro; la responsable del Sistema de Administración Tributaria, Margarita Ríos, y la titular de Energía, Rocío Nahle. También Manuel Bartlett en la CFE. Todos atravesados en línea directa con el presidente y el poderoso jefe de la oficina presidencial, Alfonso “Poncho” Romo. Lo único que le quedó fue salir por piernas.
En ese contexto era utópico esperar éxito en la zona franca, que desde un principio nació inviable, producto de buenas intenciones pero pésima operación.
Primero porque no era tal y segundo porque arrojó en los empresarios fronterizos la financiación de la reducción en los impuestos, obligándolos a participar en una cadena impositiva que, a mitad del año, los tiene ahorcados.
Con el agregado paradójico y terrible de pago por importaciones con un 16 por ciento del IVA, que no se puede trasladar directamente al consumidor para su recuperación inmediata, y que tienen que sufrir las de Caín para el reembolso, lento y tardado de un sistema fiscal colapsado de ordinario.
El empresariado juarense –con un impacto sustancial también en el centro del estado particularmente por el movimiento maquilador– ha sido paciente ante el hecho notorio del fiasco. Desde un principio, aun con las dudas existentes y fallas de implementación, decidió participar.
Pero luego, ante las evidencias de que algo no estaba bien, la representación empresarial ha sostenido múltiples reuniones, incluso con el operador número uno, Alfonso Romo, para solicitar modificaciones, sin resultado alguno. Pura y criminal simulación.
El drama es que todo seguirá igual: Presidencia, con sus datos, negando el fracaso de la zona franca, y los empresarios fronterizos financiando a costillas de su propio pecunio el programa de incentivos fiscales, con grave afectación social y económica estatal.
Ello con el abrumador apoyo de Andrés Manuel López Obrador a Romo, como gurú triunfante de la primera purga presidencial.
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Al no existir una línea única de decisión en la Secretaría de Hacienda, ocurrió con la zona franca lo mismo que con el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas o el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
La línea ideológica de rompimiento con el neoliberalismo y la construcción de un nuevo régimen político y económico camina como torrente que avasalla el pensamiento técnico, científico, de método y procedimientos sustentados.
Urzúa, quien llegó a ser investigador del nivel III del SNI en Conacyt y reconocido en su paso por el Centro de Investigación en Estudios Avanzados, Cinvestav, de un alto nivel técnico, poca posibilidad de maniobra tuvo para meter orden, en una administración donde –siguiendo el discurso presidencial mañanero– cualquiera puede ser economista.
Por ello, los proyectos –fabulosos como busca votos– cayeron irremediablemente en las decisiones precipitadas y simplistas, improvisación pura, sin estudios de fondo. Así se anunció, con bombo y platillo, confeti incluido, el nuevo régimen fiscal para la zona fronteriza.
Pero no sabían cómo habría de operar. Durante tres meses, de enero a marzo, los funcionarios responsables y el mismo presidente se limitaron a hablar de generalidades bondadosas: gasolina a bajo precio, salario al doble, IVA al ocho por ciento e ISR al 20, con una zona libre que facilite el comercio fronterizo.
Pero nada más. Era miel sobre hojuelas para una entidad fronteriza como Chihuahua con un alto nivel de intercambio con los Estados Unidos, con cientos de miles de empleos, millones de cruces de personas al año, miles de toneladas en importaciones y exportaciones.
Una zona libre detonaría el crecimiento. Era una extraordinaria noticia.
Vino la decepción. La retórica llegó a su fin con las reglas de operación tardías, que hoy tienen en un suspiro a los empresarios fronterizos, con un procedimiento tímido, que busca la menor afectación a las finanzas.
Reglas irónicamente construidas con pensamiento político y de corto plazo, acotadas por el temor fundado de la baja en la recaudación.
De acuerdo con datos del Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestales, al 2017 se estimaba para Chihuahua un IVA a recaudar por 16 mil millones de pesos, a una tasa del 16 por ciento.
Quiere decir entonces que actualmente el sector empresarial soporta un financiamiento de ocho mil millones, que el Gobierno federal le regresa a cuenta gotas.
Ocho mil millones de impuesto, más menos, que ya pagaron por la importación de los productos. Por ello hay cuentas alegres en la recaudación aduanera con un superávit del 35 por ciento en relación con 2018.
El crédito fiscal no es otra cosa que un jineteo de recursos con cargo a los empresarios fronterizos, que han debido recurrir a financiamiento bancario para soportar la presión financiera.
Pero más allá del esquilmo a los empresarios fronterizos, el CIEP advierte las consecuencias a largo plazo en la recaudación de impuestos, porque en las entidades fronterizas se calcula –sólo el IVA– en 214 mil millones de pesos.
Un impacto brutal que deberá repercutir en las finanzas de la administración pública federal –el ocho por ciento del IVA en la frontera es el 13 por ciento de la recaudación nacional–, que tiene grandes proyectos y un programa social ambicioso de redistribución directa de los impuestos, bajo la premisa de no deuda, forzosa e imperiosamente necesita liquidez.
Y no hemos tocado el ISR, que se estima en más de 30 mil millones de pesos para Chihuahua, que con los estímulos fiscales debe calcularse en un tercio menos, en una simple regla de tres. Un ISR que sigue las mismas y dramáticas reglas de operación del IVA.
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En este contexto de visiones encontradas, se tardó el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en poner pies en polvorosa.
Estaba en un sándwich: debía ceder a su posición “neoliberal y conservadora”, para implementar con la visión de la 4T la política financiera y hacendaria del país, incluyendo la zona franca en la frontera.
Tenía en frente a operadores políticos de gran altura y confianza presidencial. Alfonso Romo, con injerencia autorizada fuera de toda norma en banca de desarrollo y conformación del primer cuadro de funcionarios de Hacienda –Oficialía Mayor con una colaboradora cercanísima en sus negocios en Monterrey– pero además con derecho de picaporte como principal asesor en materia de sector privado.
Súmesele a ello a Manuel Bartlett con el plan en CFE y los enfrentamientos continuos con Rocío Nahle en el tema de Pemex. Había poco que hacer por parte de Urzúa, con un perfil político bajo y no acostumbrado a estas presiones.
No es la primera vez que abandona el barco. Lo hizo en 2003 cuando dejó la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal –luego vino el escándalo de Gustavo Ponce en Las Vegas– y se refugió en la academia.
La diferencia es que en aquel entonces hubo salida tersa. Ahora no lo fue. Desde la 4T se observa deslealtad y traición de Urzúa a la confianza depositada por el presidente.
No sólo por la renuncia, sino por escribir una carta con acusaciones graves sin datos concretos, que tambaleó al peso y causó inestabilidad en los mercados. Pudo poner nombres y apellidos y no lo hizo.
Hoy Urzúa restaña heridas en el mismo proyecto académico que ayudó a consolidar hace 16 años. Teorizará sobre la política financiera y económica del régimen de Andrés Manuel, y probablemente encontrará la razón del fracaso de la zona franca en la frialdad del análisis académico, lejano, de la voluptuosidad y rispideces del poder.