Opinión

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El funcionario embistió como candidato

Iba relativamente bien el juarense Juan Carlos Loera en su apasionado manifiesto virtual contra la violencia estallada en la poderosa región agrícola centro del estado hasta que les puso nombre y rostro a sus pesadillas político-electorales

LA COLUMNA
de El Diario

sábado, 28 marzo 2020 | 06:00

• El funcionario embistió como candidato

• Reprobó ‘respuesta gorilesca’ a un amparo

• ‘Susana Distancia’ los desinvita al informe

• Nadie vigila virus en frontera de EU a México

Iba relativamente bien el juarense Juan Carlos Loera en su apasionado manifiesto virtual contra la violencia estallada en la poderosa región agrícola centro del estado hasta que les puso nombre y rostro a sus pesadillas político-electorales: Cruz Pérez Cuéllar, Mario Mata y Gustavo Madero.

Evidentemente el coraje de miles de agricultores se tradujo en furor y agresiones porque de la noche a la mañana la Comisión Nacional del Agua (Conagua) empezó a sacar de la presa La Boquilla más de 100 metros cúbicos de agua por segundo. Un acuerdo previo entre las partes indicaba menos de 50 metros por segundo. Más de eso los deja sin el vital líquido para sus millones de metros cuadrados de parcelas.

Cada año son los mismos conflictos en esta temporada por el controvertido tratado internacional que obliga a México a enviar agua a estados vecinos de nuestro país y a Estados Unidos... Y viceversa. Líquido de ese contrato lo vemos escurrirse también por las acequias de Juárez.

Es angustiante para los agricultores y una locura de emoción electoral para los políticos esta época. Bajan las redes al océano con la garantía de hallar cardúmenes de suculentos futuros votos en una región que abarca muchos municipios y una economía tan robusta que tiene sus propias instituciones de crédito, un banco entre ellas.

La violencia del jueves por nada y se convierte en fatalidad. Muy irracional un elemento de la Guardia Nacional que aventó una pick up contra un grupo de manifestantes impactando a uno de ellos. Espantables los vehículos ardiendo de particulares y corporaciones policiacas. Regresó la calma cuando cerró de nuevo Conagua la presa.

Pero se quedó encendido el jefe del Gobierno federal en Chihuahua y amigo más que estrecho de AMLO, Juan Carlos Loera. Acusó de llamar a la violencia a los “intereses mezquinos de políticos sin escrúpulos”, explotando “la inconformidad de los productores del centro sur del estado”.

Cientos de comentarios recibió en contra no porque no tuviera razón, sino por eludir convenientemente la responsabilidad del Gobierno federal en la zacapela pero también por evidenciar su enojo contra opositores políticos con objetivos idénticos a los propios: la gubernatura en el 2021.

En particular Pérez Cuéllar le provoca urticaria a Juan Carlos, y viceversa, aunque pertenezcan ambos a la Cuarta Transformación y al mismo partido, Morena.

No siempre el ardor emocional en la defensa de causas específicas produce los resultados esperados. Loera “puso en su lugar” de un golpe a Madero, Cruz y Mata pero a un precio en votos muy alto.

En resumen, qué necesidad había que hablara si para eso estaba la de Conagua...

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Adolecen de lo mismo, de excesos y confusiones, las respuestas requeridas por el juez octavo de Distrito, José Tomás Acosta Canto, al Congreso del Estado, al jefe del Ejecutivo y al fiscal estatal, por la detención del magistrado Jorge Ramírez. 

En lo que se agendan audiencias en los tribunales federales por el caso de Ramírez –que no entró en la cuarentena judicial decretada por la contingencia sanitaria– ha quedado en claro que existe una gran confusión entre lo reclamado por el afectado, la resolución de la justicia federal y la actuación de las autoridades.

Básicamente las respuestas, palomeadas todas por el consejero jurídico Jorge Espinoza, se basan en defender una decisión soberana del Legislativo, el desafuero del titular de la Primera Sala de lo Penal.

Pero el reclamo de Ramírez no fue por el desafuero. Tampoco lo fue la cautelar de la suspensión provisional ordenada por Acosta Canto, forzado por el Tribunal Colegiado que revisó su auto. 

El magistrado Ramírez Alvídrez se inconformó por el inicio del procedimiento de desafuero en la Comisión Jurisdiccional y la aplicación de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia. Sobre eso se le concedió la suspensión provisional, que en automático lo restituyó en el cargo, con su fuero y todo lo que conlleva. 

Pero ninguna de las respuestas oficiales que han llegado al juez federal hasta ayer responde a ello, sino a justificar la detención de la que fue objeto el pasado domingo, al considerársele sin fuero. 

Acosta Canto –amenazado por Javier Corral y Espinoza de ser sometido a juicio político– ha manifestado al interior de su juzgado que poco le preocupa ser objeto de denuncia política y de una queja ante el Consejo de la Judicatura. 

Considera fundadas sus resoluciones y actuaciones. Pero sobre todo considera excesivas y vacías las respuestas sobre la materia del amparo. 

Y en todo caso si el Ejecutivo valoró como inadecuada la suspensión, debió recurrirla, atacarla con los medios judiciales, no aplicar “de forma gorilesca” una orden de aprehensión ahora también cuestionada.

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Para el domingo de la siguiente semana está programado y firme el quinto informe –sí, el quinto en el conteo oficial– del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La “Susana Distancia” no será impedimento para que se realice el acto en el Palacio Nacional el 5 de abril. Sólo que en vez de hacerlo en el Patio Central como otros anteriores, se optará por un recinto más pequeño dentro del mismo inmueble. 

Son puras fake news esas de que habrá concentración masiva en el Zócalo de la Ciudad de México o que el presidente cenará con sus invitados como si no hubiera coronavirus.

Lo que sí es cierto es que inicialmente estaban invitados todos los diputados federales y senadores de cada estado, gobernadores, delegados y líderes de los sectores de todo el país. 

Pero al menos en lo que corresponde a los legisladores ya les dijeron que se den formalmente por desinvitados, a fin de atender las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Lástima por ellos, pues ya estaban apuntados todos los morenistas de Chihuahua, emocionados por ir a escuchar una hora y media de discurso presidencial.

Habrá accesos controlados, litros y litros de gel con alcohol y espacios distanciados de forma tal que únicamente cabrán unos 100 invitados, incluida el área de prensa. Así que será prácticamente un informe a través de los medios y para unos cuantos privilegiados, no fifís por supuesto.

Para esa fecha se espera que sean aun más drásticas las medidas de contención del contagio, así que los que estaban apuntados al viaje deberán verlo desde sus hogares.

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Mientras los casos de contagio por Covid-19 en Estados Unidos se multiplican y al menos tres gobernadores de la franja norte piden al Gobierno federal el análisis del cierre de la frontera, aquí en Chihuahua Javier Corral prefiere guardar silencio y mantenerse alejado del tema.

Si bien es cierto que la política impuesta por Trump y acordada con el Gobierno federal restringe el acceso a las actividades esenciales, es también claro que cualquier medida que se tome a nivel estatal no será efectiva mientras no exista un verdadero control sanitario en la frontera.

Cerrar el cruce a las personas, y no al comercio, es una de las propuestas principales anunciadas ayer por El Bronco, gobernador de Nuevo León junto con los mandatarios de Coahuila y Tamaulipas que por segunda vez se reunieron para buscar mecanismos de contención al coronavirus.

En tanto ellos abogan por una política conjunta, Corral se ve distante no sólo del resto de los mandatarios fronterizos, sino también de los propios alcaldes. ¿Jueves y viernes dónde estuvo? Nadie sabe.

Aquí, Armando Cabada se enfrenta prácticamente solo a las consecuencias económicas que provocarán las restricciones impuestas por el Estado a los sectores productivos.

No hay luz verde de parte del gobierno del nuevo amanecer respecto a los recursos que serán inyectados para suavizar el impacto y por ello, un paso adelante Cabada lanzó su plan de apoyo para la emergencia económica que se avecina.

La ausencia de respaldo no es nueva, pero ahora es mucho más preocupante. Las cosas pueden complicarse si el gobernador insiste en mantener el curso de las estrategias ponderando el control político sobre los municipios.

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Haciendo uso del fuero –contra la medida estatal y municipal de mantenerse en casa– pero sobre todo aprovechando el tiempo libre para mantenerse en forma, el diputado federal Ulises García saca provecho al cese de las actividades del Congreso de la Unión.

Justamente en la última sesión que tuvo lugar el 19 de marzo, se conminó a los legisladores a entender que no se trataba de vacaciones pagadas, sino de la oportunidad de volver a sus distritos y desde ahí contribuir con la difusión de medidas preventivas para evitar los contagios.

Pero para Ulises, el momento es otro. Prefiere ponerse en forma atendiendo el lineamiento nacional de “no pasa nada”, pero eso sí, ausente de sus labores y sin dejar de cobrar.

Cero solidaridad con los miles de empleados despedidos o en paros técnicos.

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