El funcionario déspota traía la pus

Ayer tocó a otro juez ver el caso de Alejandro y otro implicado. Prácticamente fue exonerado por uno de los acusados pero sus huellas en firmas aparecen por todos los documentos

LA COLUMNA
de El Diario
sábado, 23 marzo 2019 | 06:00

• El funcionario déspota traía la pus


• Miroslava; las complicidades de Palacio


• Aumento a transporte con aval moreno


• Stefany dejó a medias tema anticorrupción


Dicho en términos muy policiacos le cayó la voladora a un antiguo funcionario público cuya principal característica entre sus cercanos y/o subordinados era, o es, la prepotencia y las ínfulas de intocable. Mucha gente se sintió maltratada en sus relaciones con él.

Podemos hablar que esa conducta mostró Alejandro Espino Portillo cuando se desempeñó en cargos de Secretaría Particular en Chihuahua hace algunos años y después también como particular de los exalcaldes priistas Héctor “Teto” Murguía y José Reyes Ferriz.

Para efectos de antecedentes políticos así es conocido Espino Portillo. Hoy es solamente Alejandro E. P. para efectos legales. La foto que presentamos en versión digital de La Columna aparece con una tirita oscura en los ojos por la misma razón. Ahora está siendo procesado penalmente por corrupción.

Alejandro formaba parte del cuerpo directivo administrativo en Ciudad Judicial. La Contraloría Interna descubrió que él y varios funcionarios más sustraían dinero que debió ser entregado a víctimas de delitos.

La Fiscalía General llevó a cabo las investigaciones correspondientes y encontró que, efectivamente, hasta el momento el monto de la presumiblemente robado asciende a los tres millones de pesos.

Durante al menos dos entregas manejamos ese tema en La Columna. Primero fue detenido Jesús Eduardo R.R. por el supuesto robo de 50 mil pesos. Tuvimos información que hablaba de más involucrados y cantidades superiores a los tres millones.

Aunque las autoridades estatales en la ciudad de Chihuahua del Tribunal Superior de Justicia llevaron a cabo puntualmente su trabajo de auditoría e hicieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía, el juez que recibió uno de los casos, Luis Javier Ortiz Beltrán, hizo lo que estuvo en sus manos para ocultarlo y cuestionar el trabajo periodístico utilizando su propia red social (imagen en la versión digital).

Desconocemos hasta qué áreas administrativas y jefes de dicho juez en Juárez también han fungido como tapaderas del presunto peculado, pero ahora entendemos por qué Beltrán se opuso con todas sus fuerzas a cerrar las audiencias al público. Ayer tocó a otro juez ver el caso de Alejandro y otro implicado. Prácticamente fue exonerado por uno de los acusados pero sus huellas en firmas aparecen por todos los documentos.

El robo no era de uno. Fueron varios los personajes y de importante nivel jerárquico. Alejandro E. P. era nada más y nada menos que quien programaba las audiencias en Ciudad Judicial, aparte del acceso que tenía a los depósitos de billetes para pago a víctimas de delitos.

Como déspota era conocido por el grueso de sus subordinados. Hoy está sometido a proceso y no sabemos en qué termine todo. Hay muchos influyentes que luchan porque no pise la cárcel.


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La conclusión sobre las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General del Estado en torno al crimen contra la periodista Miroslava Breach es que fueron dejadas muy cortas y claramente encaminadas con toda la mala fe a que no fueran castigados los responsables del asesinato.

Ella fue privada de la vida justo el 23 de marzo del 2017 en las afueras de su domicilio en la ciudad de Chihuahua. La detallada cronología presentada por El Diario estos días no deja lugar a dudas respecto de la absoluta falta de interés de la Fiscalía estatal por esclarecer el crimen y lograr justicia.

Es una mentira más de las muchas acostumbradas por el gobernador Javier Corral al asegurar que su Fiscalía entregó a la Fiscalía federal todos los expedientes completos y listos para coronar el caso con la presentación de los asesinos a los jueces.

Nada más alejado de la realidad. Personalmente Corral se encargó de batir grotescamente el caso al rechazar con todas sus fuerzas que la investigación fuera redondeada con las declaraciones de varios panistas subordinados suyos que grabaron en la víspera a la periodista y entregaron los audios a los asesinos intelectuales y materiales.

Durante 10 meses el fuero estatal rechazó entregar el caso a la Fiscalía federal. Hoy dicho ámbito no ha informado de avances pero ni eso justifica el documento mocho, mutilado y manipulado que recibió en la consignación.

Esa fue obra del gobernador y su Fiscalía. De ese tamaño es su falta de compromiso con la defensa de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Simulación, mentiras y evidentes complicidades... Insospechadas complicidades con la narcopolítica.


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En días pasados se realizó una reunión en Palacio de Gobierno donde estuvieron presentes con el gobernador Javier Corral el líder de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), Jorge Doroteo Zapata, y el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Miguel Ángel Colunga Martínez, quien avaló el aumento en el precio de la tarifa del transporte público, según nuestras fuentes en el primer piso del viejo exmonasterio jesuita.

El plan con maña es justificar un aumento en la tarifa de transporte público que golpeará el bolsillo de los chihuahuenses en toda la entidad, echándole la bolita al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el gobernador Corral nomás no ha podido cumplir con mejorar el pésimo modelo actual en esta materia.

Los dados están echados y ya hay precedentes en otros estados.

El pasado 18 de marzo en Nuevo León el Gobierno del independiente Jaime Rodríguez Calderón aumentó la tarifa del transporte público de 12 a 17 pesos, cuando el 15 de enero y posteriormente el 21 de febrero del presente año había asegurado que no aumentarían. Un día después, el 19 de marzo, también en Coahuila el Gobierno del priista Miguel Ángel Riquelme Solís aumentó la tarifa de 11 a 13 pesos.

Todo a costillas de Gobierno de López Obrador, pues la justificación es el alto costo de los combustibles.

En el caso de Chihuahua las especulaciones sobre el aumento van de los 13 a los 15 pesos, para dejarlo en unos 14.

Pero además a nivel local traen varias aristas esas especulaciones, pues los militantes de Morena sospechan que hay un acuerdo entre el gobernador y gente de la Cuarta Transformación tanto del Congreso del Estado como los de Gobierno federal, que va más allá del aumento al costo del pasaje. De hecho dicen que el acuerdo tiene miras al 2021.


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La exsecretaria de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos Loya, dejó a medias el proceso de selección de toda la burocracia anticorrupción que está por crearse.

Algo más que ese enorme entramado para simular que la corrupción se combate en el nuevo amanecer fue lo que hubo de fondo para su salida de la semana pasada, pero el caso es que entre los pendientes está ese aparato inconcluso, que se superpondrá a todas las secretarías estatales.

Su renuncia tan sonada, que la hizo ver congruente aunque la versión oficial haya sido que había encontrado otros horizontes profesionales, también halla explicación en la forma en que se pretende operar esta designación de montones de funcionarios anticorrupción, que habrán de sumarse a la enorme cantidad de cargos y personal que se destina a esa tarea.

Dicho aparato constará de revisores dependientes de la Función Pública en todas las dependencias gubernamentales, cuya selección comenzó justo unas horas antes de que Olmos entregara su renuncia irrevocable al gobernador Javier Corral.

¿A quién pusieron a meterle mano a ese proceso que decepcionó tanto a la exsecretaria, como para irse del gabinete estatal, en el que se supone era pieza clave?

En la respuesta está una clave de las piedritas con las que ya no quiso batallar y optó por soltar los pocos hilos que le dejaban jalar, en la tarea que era su responsabilidad.