Opinión

El fracaso del Sistema Anticorrupción

Al igual que el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), el Sistema Anticorrupción (SEA) implementado a nivel nacional y local, son sistemas jurídicos provenientes de países anglosajones

Gerardo Cortinas Murra
Analista

lunes, 18 octubre 2021 | 06:00

Al igual que el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), el Sistema Anticorrupción (SEA) implementado a nivel nacional y local, son sistemas jurídicos provenientes de países anglosajones; es decir, injertos legislativos ajenos por completo a la idiosincrasia nacional. Motivo por el cual, desde antes de su implementación en nuestro Estado (2005), avizoramos su inminente fracaso.

En aquel entonces, criticamos el anuncio del embajador norteamericano Tony Garza, en el que dio a conocer la intención de su Gobierno para aportar cinco millones de dólares al Gobierno estatal “con el propósito de mejorar la investigación de los feminicidios en Ciudad Juárez y, en especial, para promover una reforma judicial”.

Quince años después (2020), la reforma a la Constitución local implementó el SEA, dando paso a la creación de la Fiscalía Anticorrupción, y que a pesar de su autonomía, desde su inicio quedó sujeta a los caprichos del exgobernador Corral.

Al día de hoy, tanto el NSJP como el SEA, se han convertido en un enorme aparato burocrático integrado por servidores públicos ineptos y corruptos. Y como prueba de ello, están los llamados ‘Expedientes X’ promocionados por Javier ‘El Inútil’ Corral en contra de cientos de exfuncionarios duartistas.

En efecto, en lo que respecta a los jueces penales, está plenamente acreditado que los jueces de Control que atendieron los ‘Expedientes X’ violaron, de manera reiterada, las formalidades esenciales del procedimiento penal en perjuicio de los imputados. Al extremo, de que en la praxis forense, a estos jueces se les ha indilgado –con justa razón– el calificativo de ‘jueces de consigna’.

A su vez, la Fiscalía Anticorrupción utilizó una serie de prácticas infamantes para intentar forzar la declaración de los presuntos responsables, así como la de un sinnúmero de testigos; todo ello, con el propósito de acreditar –falsamente– la responsabilidad penal de los imputados.

Prueba irrefutable de ello, es la nota periodística publicada el día de ayer en EL DIARIO, en la que la Fiscalía General del Estado dio a conocer la renuncia de varios agentes del MP que trabajaron en las causas penales en contra de funcionarios duartistas.

Por otra parte, resulta interesante destacar la duplicidad que existe en materia de delitos de corrupción y faltas graves, que establecen los códigos penales y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

El Código Penal tipifica como delitos los siguientes hechos de corrupción: a) ejercicio ilegal del servicio público, b) abuso de autoridad, c) uso ilegal de atribuciones y facultades, d) tráfico de influencias, e) cohecho, f) peculado, y h) enriquecimiento ilícito.

Asimismo, la LGRA considera como faltas graves de los servidores públicos, entre otras, las siguientes conductas: a) cohecho, b) peculado, c) desvío de recursos públicos, d) abuso de funciones, e) tráfico de influencias, f) desacato, y la obstrucción de justicia.

Ahora bien, debe reconocerse que en México no existen políticas públicas destinadas a optimizar las prácticas institucionales para prevenir la corrupción oficial y, con ello, “consolidar un sistema creíble de consecuencias para disuadir los actos de corrupción que causan tanto daño a la sociedad”. 

De igual manera, la opacidad de los entes públicos encargados de combatir la corrupción oficial es mayúscula, al grado que, la actual titular de la Secretaría de la Función Pública estatal les niega el acceso a los ciudadanos denunciantes y a los medios de comunicación.

A mi parecer, el prematuro fracaso del SEA es consecuencia lógica de la nula participación de la sociedad civil como promotor esencial en la presentación de denuncias en contra de funcionarios corruptos. 

Por desgracia, esta ‘apatía’ ciudadana para denunciar actos de corrupción es fruto de tantas omisiones legislativas y de sentencias de los tribunales federales, que anulan el derecho humano a la denuncia popular. ¡Lástima Margarito…!

close
search