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Opinión

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El desgano presidencial en captura de Rafa Caro

El denominado 'narco de narcos' siempre quiso hacer llegar a Palacio Nacional una brevísima carta repitiendo que no participó en los asesinatos del agente de la DEA, Enrique 'Kiki' Camarena; ni del piloto mexicano, Alfredo Zavala

LA COLUMNA
de El Diario

domingo, 24 julio 2022 | 06:00

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El enlace final entre mensajeros de Rafael Caro Quintero y la Cuarta Transformación se dio meses antes de las elecciones del 2021.

El denominado “narco de narcos” siempre quiso hacer llegar a Palacio Nacional una brevísima carta repitiendo que no participó en los asesinatos del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena; ni del piloto mexicano, Alfredo Zavala.

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Recordaba en el texto que pagó en otras acusaciones por los delitos cometidos con casi 30 años en la cárcel y que a su edad permanecía retirado de toda actividad delictiva.

Intentó Caro hacer llegar su misiva por varios conductos durante años; finalmente, lo habría conseguido a través del equipo del entonces senador por Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, hoy gobernador de aquella entidad por las siglas de Morena.

Casualmente, el anterior mandatario de aquella entidad, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, conservó calificaciones ciudadanas más que aceptables a lo largo de su administración. Al inicio de la campaña electoral para su relevo arrancó adelante su correligionario, César Verástegui, pero al final terminó derrotado por algo así como 10 puntos porcentuales.

Pueden ser esos datos sueltos para un contexto actual sin emoción de la Cuarta Transformación sobre la captura del originario de La Noria, Badiraguato, Sinaloa. Aunque la Marina aseguró que era un objetivo prioritario para el gobierno de México y de los Estados Unidos, más adelante de su propio comunicado de prensa, el número 082/22, “destaca” que “la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) reconoce al citado presunto narcotraficante como líder de un grupo delictivo en este país”.

Caro Quintero fue detenido por la Marina el viernes 15 de julio en San Simón, Choix, un lugar pegado al chihuahuense municipio de Morelos, del que no se habla mucho en Chihuahua porque prácticamente todas las actividades de sus pobladores las llevan a cabo en el vecino Sinaloa.

Todo el viernes estuvo lleno de especulaciones, datos sueltos, fotografías y hasta videos sobre el operativo. La primera información desprendida de “medios nacionales” aseguraba que la detención había sido en Guachochi, cercano a “solo” 150 kilómetros de Morelos, pero separado por barrancos y montañas a más de cuatro horas por carretera.

Quedaron despejadas algunas dudas hasta la tarde-noche del propio viernes que la Secretaría de Marina emitió su comunicado. Acreditó la detención de Caro “entre matorrales” a Max, “un elemento canino de esta corporación”. Ni una palabra de la Fiscalía General de la República (FGR) que “realizó” el operativo “en coordinación con personal naval”, menos del juez o jueces que habrían liberado dos órdenes de aprehensión.

En contra parte, distintos niveles del gobierno de los Estados Unidos reclamaron casi en automático la “inmediata” extradición del detenido para ser llevado a cortes norteamericanas. No han quitado el dedo del renglón desde que fue aprestado en 1985 en Costa Rica ni después de ser liberado “legalmente” en el 2013 de un penal en México.

Los “generadores” de opinión en la República y fuera de ella creyeron que habría una conferencia de prensa mañanera extraordinaria el sábado o hasta el domingo en la cual publicitaría la detención el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Pudo haber quien no durmió el fin de semana esperando que los detalles fueran presentados en la mañanera del lunes por AMLO, o por la Marina, o por Gertz Manero, virtud a la figura prominente de Caro entre el mundo delictivo. Nada de nada, todo lo que hizo el presidente fue desmentir que le hubieran pedido la cabeza del “narco de narcos” durante su visita a Washington, llevada a cabo durante la misma semana que cayó el sinaloense en San Simón. Otra “mera casualidad”.

Al transcurrir los días sin mayores detalles, ni siquiera la asistencia del presidente al funeral de los 14 marinos que perdieron la vida al desplomarse el helicóptero en el que eran transportados durante el mismo operativo de detención, quedó claro el desinterés, el desgano presidencial por ofrecer mayores explicaciones, ni menores siquiera.

Durante las mañaneras de la semana fueron incluidas las detenciones de más “pistoleros”, o primos, o tíos, de “El Chueco”, Noriel Portillo, pero ni una palabra del requerido angustiosamente en particular por la DEA; no solicitado por el FBI, no por el ICE, no por CBP, menos por la CIA, involucrada en aquellos hechos del ’85. La DEA es quien lo quiere por la muerte de Camarena y posiblemente por más asuntos.

Todo quedó reducido al breve comunicado de la Marina, que igual hasta el momento ha establecido completo silencio sobre las razones que propiciaron el accidente del helicóptero y la muerte de sus elementos. Llevaba poco más del máximo de su capacidad: 15 de 14, si hablamos de condiciones mecánicas sanas en la aeronave y antigüedad óptima.

No es un secreto la incomodidad que provoca en la Cuarta Transformación la relación con los Estados Unidos. Hay controversias por el Tratado de Comercio, migración y nada menos que por la operación de la DEA en México, entre otras muchas. Andrés Manuel sufre infinitamente cada ocasión que debe afrontar temas con la agencia antidrogas de los vecinos. Parte de su naturaleza ha sido trabajar a espaldas del gobierno azteca.

Es eso y no algún compromiso y menos complicidad con Caro Quintero tras la carta mencionada al principio de esta entrega. El arresto fue cumplido y atendida hasta ahí la exigencia norteamericana; sin aspavientos, sin publicidad, sin mañanera para ser presumida.

Ahora la guerra en ciernes, no menor, es la extradición a la que sistemáticamente ha combatido el señalado como propietario de las miles de hectáreas sembradas con mariguana en Chihuahua “descubiertas” en 1984, tras varios años de operación.

Regímenes priistas y panistas no cedieron en tres décadas a la exigencia de la DEA. Tampoco AMLO en los casi cuatro años de su gobierno. Viene un duelo mayormente diplomático.

Operará sin duda contra Caro Quintero su presumible regreso a las actividades delictivas; entre ellas, el señalamiento cada vez más enfático de los LeBaron sobre su alianza con varios grupos criminales; Los Zetas, precisamente allá por Tamaulipas y La Línea, en Chihuahua.

Una corte de los Estados Unidos habla ya de una multimillonaria multa contra el cártel acusado de participar en la masacre seis niños y tres mujeres mormonas, ocurrida en noviembre del 2019 en Bavispe, Sonora.

Acá en Chihuahua los LeBaron repiten participación intelectual de Caro tanto bajo la protección del Gobierno federal como en su momento del entonces gobernador, Javier Corral.

Aunque no quieran López Obrador y su equipo deberán lidiar con una historia que les corresponde muy poco, pero de la que deberán seguir respondiendo institucionalmente a los norteamericanos; desganada pero decisivamente.

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