El Covid-19 en el Cereso estatal 3

Ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, las autoridades de salud han externado su preocupación por la población vulnerable, es decir las personas de la tercera edad, personas con problemas de salud subyacentes, personas con discapacidad, y migrantes que se encuentran en esta frontera.

Pero poco se ha dicho sobre las medidas sanitarias que se tomarán en los centros de reinserción social, en específico en el Cereso estatal tres localizado en esta ciudad, el que más población tiene, que incluso supera su capacidad. Así lo señala el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues señala que la capacidad del penal es para 3 mil 45 internos y para las fechas que se realizó el diagnostico había una población de 3 mil 101 internos. De allí que la población penitenciaria se encuentra en condiciones de sobrepoblación y hacinamiento.

La población penitenciaria es una de las más descuidadas de la sociedad, y que también merece especial atención, pues “combatir eficazmente el brote significa garantizar que todos tengan acceso al tratamiento y que no se les niegue la atención médica porque no pueden pagarla o por el estigma”, así lo preciso Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas.

No debemos olvidar que la dignidad y los derechos humanos deben estar al frente, la CNDH en el diagnóstico citado detectó durante la supervisión al centro que hay aspectos que no garantizan una estancia digna para los reclusos, pues se observó deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, además de la inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica.

Lo que nos permite evidenciar que en caso de que la dispersión del virus Covid-19 se encuentre en la fase dos, la llamada “dispersión comunitaria”, o peor aun que pasemos a la fase tres, que es el “epidémico”, en donde se confirmen miles de casos, esta población es una de las más desprotegidas para afrontar la pandemia.

Un grupo de la población muy estigmatizado y en consecuencia se piensa que los mismos no tienen derecho a instalaciones sanitarias adecuadas, a una alimentación de buena calidad, a contar con servicios médicos calificados, así como el material, el instrumental y los productos farmacéuticos necesarios para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. 

Las condiciones de los reclusos según el diagnóstico distan mucho de garantizar una estancia digna, violentando con ello lo dispuesto en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU, mismas que señalan entre otros puntos que el médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo.

Ahora bien, de acuerdo con el Diagnóstico Estatal de Centros para Personas Privadas de la Libertad presentado dentro del informe anual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de 2019, dentro del Centro se encuentran personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellas 60 personas adultos mayores, siete indígenas, 46 personas con discapacidad, 12 internos con VIH/SIDA. Además, se precisa que las celdas están diseñadas para dos o tres personas, y en ellas se encuentran viviendo entre ocho y diez en cada una, por lo que se pudo observar hacinamiento; además tampoco se cuenta con calefacción y las condiciones de temperatura y humedad son adversas. Aunado a que las condiciones en las que habitan las personas en situación de vulnerabilidad no son adecuadas, ni están separados de la población en general.

Esperemos que las autoridades diseñen medidas adecuadas para proteger a este grupo de la población, pues sin el acceso a los insumos necesarios difícilmente los internos pueden proteger su propia salud.