Opinión

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El consejero pierde... y trata de arrebatar

Son varios miles de trabajadores los que sin clemencia han quedado sin sustento para sus familias durante períodos interminables de tiempo

LA COLUMNA
de El Diario

domingo, 26 enero 2020 | 06:00

Son varios miles de trabajadores los que sin clemencia han quedado sin sustento para sus familias durante períodos interminables de tiempo. Muchos de ellos han peleado en tribunales por los despidos injustos, y han ganado... pero ni así reciben sus pagos. En el colmo se borran embargos con total impunidad.

Desde Palacio de Gobierno salió una apurada Ley de Vialidad que llegaría ruidosa al Congreso del Estado para afinar reglas en las infracciones aplicables a los conductores de todo el estado. Fue aprobada pero... ¡oh error!, no fue contemplada la reglamentación respectiva y deberá regresar a Comisiones para su ajuste obligado.

De Parral, el independiente alcalde Alfredo Lozoya le echó la caballada encima al dictamen, han aceptado ya el error y se preparan en Congreso para la enmienda. De nada le valieron las advertencias contra los municipios al diputado del PAN Miguel LaTorre. Deberán recular.

Ahora desde Ciudad Juárez el también independiente alcalde Armando Cabada echó a perder la fiesta que buscó empoderar a los síndicos incluyéndolos Palacio de Gobierno (a través del Congreso, claro) dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, con muchas uñas y muchos dientes prácticamente como contralores y/o auditores de los municipios.

El 16 de enero llegó ese impensado golpe a la administración estatal nada menos que de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Declaró inconstitucionales a nivel federal los artículos de la Constitución Política de Chihuahua sobre los alcances otorgados a los síndicos.

Ese dictamen fue producto de una controversia presentada individualmente por Cabada y su equipo jurídico, pero es lógico que la sentencia aplique para los restantes 66 municipios y por lo tanto obligue a otra reculada legislativa en las fracciones respectivas de esos artículos ahora igual de famosos, el 142, el 170 y el 178.

¿Y qué tienen en común esos tres asuntos? Bueno, que necesariamente debieron pasar de forma directa o indirecta por una área especializada del Gobierno del Estado que presume de capacidad extraordinaria en el conocimiento de las leyes, la Consejería Jurídica, por cierto a cargo del abogado juarense Jorge Espinoza Cortés.

Pero los osos son de kínder en el conocimiento del derecho y de un impacto social mayúsculo si revisamos con más detenimiento caso por caso...

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Hace cuatro largos años que siete familias soportan el abuso del despido injustificado del Hospital de la Mujer en Juárez; trabajadores que, por el contrario, deberían ser objeto de protección porque son quienes sostienen el servicio médico.

Dependen de los padres y madres de familia trabajadores sus cónyuges e hijos, quienes con el despido perdieron el servicio médico y hoy deambulan por el extinto Seguro Popular, sin prestaciones de ninguna naturaleza.

Está acreditado en el expediente llevado ante la Junta Especial Cuatro de la Junta de Conciliación la manera burda en que fueron despedidos, en todos los casos se fabricaron ausencias o faltas, con sus respectivas actas administrativas.

Los presionaron, quitándolos del checador, reteniéndoles sueldo, hasta hacerlos reventar, y hoy continúa la arbitrariedad. Ganaron pero no pueden obtener el pago porque simplemente el Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal) se niega a hacerlo, con laudo en la mano no pueden arrancar un peso que le pertenece a ellos y sus familias.

En el fondo de lo grotesco, lograron un embargo sobre el edificio del Hospital de la Mujer por parte de la Junta, como se hace en cualquier otro caso, pero en éste, de la noche a la mañana, desapareció el gravamen del libro respectivo, sin ninguna explicación válida, más que el abuso pleno de quien lo puede.

av Los gravámenes están sellados a piedra y lodo. Sólo se cambian o eliminan mediante procedimientos expresos en ley. La modificación arbitraria es un ataque severo a la confianza registral, maniobra de baja calaña jurídica, impune. 

En cuántas de las miles de demandas laborales habrán hecho lo mismo...

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Están provocando confusión y corrupción con la entrega o no de documentos a infractores viales. Error de párvulos. Expiden leyes sobre las rodillas olvidando un elemental principio de competencia para la aplicación.

Salvo los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga, el resto tiene incólumes sus facultades en materia de vialidad y tránsito. Cuentan con sus reglamentos municipales, en los cuales establecen procedimientos, como recoger documentos en casos específicos, con base en la ley anterior.

La nueva ley impide que se recojan a los automovilistas esos documentos y propone en materia de multas una gradualidad que empieza con una amonestación.

Reforma plausible sin duda para evitar abusos y corrupción, pero la pifia legislativa lo impide al generar confusión.

Es una reforma en la cual los ayuntamientos no fueron tomados en cuenta, pese a que en 64 de ellos el tema es municipal. Un abuso que atropella a los cabildos con total desparpajo y descuido.

Se le olvidaron a los creadores dos pequeños transitorios, uno en el que derogan todas las normas que se opongan a la nueva ley, y dos, aquél en el cual se otorga un plazo a los municipios para adecuar sus ordenamientos y reglamentos.

La plana fue enmendada por Omar Bazán, después de un patético exhorto a municipios, franca amenaza de aplicación obligatoria de las reformas, que sólo es un preludio de una nueva confrontación constitucional inútil e innecesaria para el Congreso y el Estado mismo.

El asunto de los síndicos por el mismo estilo. Si en el caso de vialidad fue Parral quien metió en cintura a la administración estatal, en las facultades extraordinarias dadas a los síndicos fue Juárez quien se atravesó mediante un pleito llevado ante la Corte.

Frente a la tozudez estatal sólo quedó ir a los tribunales federales para evitar que los cabildos y el Ayuntamiento mismo fueran sometidos por un síndico elevado a contralor interno, con facultades de investigación y sanción, a contentillo de la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Función Pública Estatal.

Es obvia en el fondo la intentona de control central en detrimento de la autonomía de los ayuntamientos. Sería el síndico con esas facultades un persecutor permanente del alcalde, los regidores y todos los empleados municipales, olvidando su función principal de vigilante de la Hacienda municipal.

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El denominador común es la ausencia de un tino jurídico que otorgue pertinencia y solidez a los afanes políticos y normativos. Sin ellos se convierte la administración estatal en una barca sin timón alguno.

Es la Consejería Jurídica la responsable, el embudo por donde pasan todas estás definiciones. Y donde desafortunadamente es ausente un ojo clínico que advierta las ocurrencias, en ocasiones auténticas sandeces, ordenadas sin el más mínimo estudio, convertidas en brillantes ideas que se estrellan contra la realidad de contrapesos no sumisos. Juárez y Parral, inclusive Chihuahua con el asunto de familia, son claros ejemplos de una resistencia sensata necesarísima en estos tiempos.

La cereza en el pastel es la entrega del nombramiento a Manuel del Castillo como titular de Comunicación Social, dos meses después de que asumió el cargo. ¿Y las firmas en contratos durante todo este tiempo, o el uso de recursos, por parte del coordinador de Comunicación Social con qué papel legal se sustentan? (Imágenes en versiones impresa y digital).

Sin duda es grave esa omisión de cuidado, porque se prohíjan conductas que rayan en la comisión de delitos, como la manipulación de bases de datos oficiales en el Registro Público de la Propiedad.

Borrar un embargo no es cualquier cosa, como tampoco lo es atropellar a los trabajadores inventando expedientes, oficializar nombramientos a destiempo, o pasar por encima de los ayuntamientos con afanes autoritarios escondidos en bonachonas intenciones con sustento jurídico deplorable.

Poco favor se está haciendo el consejero, Jorge Espinoza, cuyo despacho particular de abogados en Ciudad Juárez vende a sus clientes nacionales e internacionales precisamente confianza.

Notas de Interés

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