Opinión

El caso Lozoya

La semana antepasada, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex fue extraditado a México para enfrentar las acusaciones penales en su contra

Sixto Duarte
Analista

martes, 28 julio 2020 | 06:00

La semana antepasada, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex fue extraditado a México para enfrentar las acusaciones penales en su contra por presuntos actos de corrupción, vinculados a Odebrecht, el gigante de la construcción, y a la compra de la planta de Agro Nitrogenados. En el caso de la primera, se le acusa de haber recibido varios millones de dólares que habrían sido utilizados para la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. Debemos recordar que el entonces fiscal de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, acusó a Lozoya de lo mismo, situación que evidenciaría una especie de obsesión de Nieto, quien hoy es un personaje cercano a la Cuarta Transformación.

Para el efecto de someterse a ciertos beneficios en su proceso, Lozoya aceptó allanarse al proceso de extradición, y fue puesto en un avión del gobierno mexicano para ser trasladado desde Madrid hasta México. Irónico que el presidente viaje en avión comercial, mientras los acusados de su gobierno viajan en vuelos privados, así sea para venir a enfrentar la justicia.

Lozoya es para el gobierno de la 4T, lo que una presa es para un cazador. El gobierno, de forma poco ética, ejerció una serie de medidas metaconstitucionales para hacer que Lozoya se rindiera, y confesara lo que en su momento interesara al gobierno (a través de la FGR). Se puede observar una enorme carga política en las acusaciones hechas a Lozoya. El problema de esta clase de acusaciones, y de los ‘beneficios’ que se conceden a quienes las hacen, es que no necesariamente se procura genuina justicia, sino que se manipula el sistema para obtener las confesiones que le son útiles a los que detentan el poder. Populismo penal, le llaman algunos.

Dentro de toda esta vorágine de señalamientos, trascendió que algunos legisladores y dirigentes partidistas del PAN, recibieron sobornos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, para que aprobaran la reforma energética que interesaba al Ejecutivo. En lo personal, estimo que estos señalamientos son parciales, o incluso falsos. No es que el PAN esté exento de corrupción: los “moches” a diversos legisladores y dirigentes partidistas (incluido Gustavo Madero) que fueron debidamente documentados por la prensa en su momento, dan testimonio de que no son tan puros como dicen serlo. Sin embargo, en el presente caso de la reforma energética, me parece inverosímil la acusación. Lo anterior, en virtud que el PAN siempre pugnó por una reforma energética como la que precisamente se dio durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Resultaría poco probable que solamente los legisladores de Acción Nacional (quienes además buscaban una reforma precisamente como la que aprobaron) se hubieran prestado a acciones como esta. Con el hecho de que solamente sean panistas los acusados, se levanta la sospecha de que se trata de un golpe con motivación política por parte de la 4T rumbo a las elecciones intermedias de 2021.

El problema con el proceso de Lozoya es que éste, como muchos otros casos similares, traen aparejado un enorme tufo político, pues lejos de ser juicios donde se garantice el debido proceso, han servido como cadalso para ejecutar enemigos políticos. No digo que Lozoya deba ser exculpado de las responsabilidades penales en que pueda haber incurrido; lo que digo es que el tema de Lozoya, como el de Rosario Robles, vienen a confirmarnos que no es propiamente justicia lo que muchas veces se procura. Si se les sometiera a ambos a procesos donde se respetan sus garantías procesales, pudiéramos creer que efectivamente estamos ante procesos imparciales. Las medidas de presión ejercidas sobre Lozoya, así como las violaciones procesales en el caso de Robles son muestra de lo que afirmo.

Ahora, se especula que el testimonio de Lozoya, además de servir para golpear al PAN, pudiera ser también un instrumento para golpear a Enrique Peña y a Luis Videgaray. Esto dependerá de la solidez del pacto existente entre Peña y López Obrador. Quizá sea por eso que las fracciones parlamentarias del PRI han votado junto con Morena muchas de las reformas en las cuales Morena requiere mayoría calificada.

Decía Montesquieu que “No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”. La manera de combatir la corrupción no se da únicamente con llevar al acusado a la plaza pública para ser decapitado, como sucede en un sistema como el nuestro. Estos procesos han demostrado tener una enorme motivación política detrá