El cambio de paradigma laboral en los centros de trabajo

La Organización Internacional del Trabajo celebró el pasado mes de abril su centésimo aniversario, y con motivo de sus celebraciones, ha presentado diversos informes globales relacionados con la evolución de la seguridad y la salud en el trabajo; en ellos ha destacado una problemática, que afecta a todos los estados independientemente de sus condiciones de desarrollo, que demanda la atención hacia los riesgos psicosociales en el entorno laboral.

Los riesgos psicosociales, de acuerdo con lo definido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, derivados de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado”. Son, entonces, factores que arriesgan la salud y el rendimiento del trabajador por lo que constituyen un obstáculo para la salud pública.

Nuestro país, apostándole a la prevención, publicó la Norma Oficial Mexicana que entrará en vigor el próximo 23 de octubre, identificándose como la NOM-035-STPS-2018. Esta norma oficial es de cumplimiento obligatorio en todos los centros de trabajo, es decir, en todos aquellos lugares en que laboren personas que están sujetas a una relación obrero/patronal; de los que sólo se distingue: en los que laboren desde uno y hasta 15 trabajadores, desde 16 y 50, y el último y más amplió rango, en las que laboran desde 50 hasta más trabajadores.

Esta cercanía a la entrada en vigor, ha propiciado una benigna controversia, no solamente entre los empleadores, sino también entre los empleados. Pues si bien, la búsqueda de un entorno organizacional favorable para los trabajadores ha sido una constante en la gran mayoría de las empresas que se les pudiera llamar socialmente responsables, el ser sujeto a especificaciones reglamentarias y, desde luego, a sanciones en caso de incumplimiento, ha generado un clima de interés por un tema que, desgraciadamente, no era percibido con la misma importancia por todos los miembros de la sociedad.

Aun más importante es esta migración ideológica de la cual somos partícipes de forma directa que permite que el objetivo de una norma administrativa (con la cercanía que esto representa) sea, no sólo el mejoramiento de las condiciones de trabajo ejemplificativas y tangibles por naturaleza que pudieran ser aquellas que fijan las bases de seguridad mínimas en los espacios físicos o sobre los accidentes de trabajo, sino la identificación, análisis y prevención de los riesgos generados en un ambiente psicosocial dañino para el trabajador.

Hasta hace muy poco tiempo hablar de estos daños, constituía un tema relacionado solamente con el multicitado estado de cansancio mental calificado como estrés. La solución rara vez involucraba un actuar metódico por parte del empleador y, aunque la tendencia se estaba guiando hacia la generación de dinámicas para su combate, el paradigma continuaba cargando todos los medios para su sanación a quién lo padecía, en el caso que nos compete al trabajador.

Desde luego que todo cambio genera inquietud y más aún cuando el incumplimiento de lo legalmente establecido puede traer como consecuencia una multa de hasta a los quinientos mil pesos. En razón de lo anterior, es de suma importancia conocer el real contenido de la norma y prepararse para la primera de tres etapas de implementación de esta disposición, que lejos de ser complicada, determina requisitos muy específicos que permitirán una evaluación autocrítica al interior de los propios centros de trabajo.

La comunidad juarense, una vez más, ha dado muestra de su capacidad de adaptación y ha generado condiciones de preparación para la entrada en vigor de esta normatividad, traducidas en cursos, capacitaciones y demás actividades que le permitirán ser punta de lanza en un tema tan importante para una sociedad, que por condiciones históricas, conmina al equilibrio entre las personas y el entorno que les rodea.

De lograrse el objetivo de esta norma y con la participación activa de quienes forman parte del denominado mercado de trabajo, el acercamiento a un estándar de salud adecuado, no sólo beneficiará las relaciones laborales, sino también contribuirá a un Estado más consciente de las afectaciones causadas por los conflictos psicosociales y por ende, más propenso a su identificación y a la provisión de los medios de solución requeridos por los ciudadanía.