El abandono la convirtió en oficinucha mortal

-El abandono la convirtió en oficinucha mortal

-Avientan papa caliente de migrantes muertos

-Rebasa la meta Presupuesto Participativo

-Don “Teto”: ¿lanzarme a qué, cabrón?

A pesar de que la representación del Instituto Nacional de Migración (INM) particularmente en Ciudad Juárez sea la de mayor importancia a nivel nacional, ha sido tratada como un deleznable nido de corrupción no merecedor de atención sustancial alguna por parte de la administración federal central.

Ese trato ha derivado en una primera gran tragedia de corte inclusive criminal, la muerte de los casi 40 migrantes asfixiados y/o quemados.

El 16 de junio del año pasado, El Diario publicó una declaración del jefe del Gobierno federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, que desde antes sonaba como campana de seria amenaza.

Dijo: “Si existe corrupción ahí es porque siguen personajes del pasado, no sólo dentro de Migración, sino en otras áreas del Gobierno federal, que no han entendido lo que significa la Cuarta Transformación, siguen enamorados de sus cargos y no tienen empacho para retirarse de ahí”.

Fue Loera, sin embargo, quien tuvo bajo su responsabilidad política, desde 2018 en adelante, el manejo del centro del INM en Juárez, la auténtica mazmorra en la que perdieron la vida de manera infame 28 guatemaltecos, 13 hondureños, 13 venezolanos, 12 salvadoreños, un colombiano y un ecuatoriano.

El funcionario federal conoció perfectamente todas las irregularidades por él mismo denunciadas porque el primer delegado del instituto durante el presente régimen de la 4T, Héctor Padilla Delgado, formaba parte de su equipo más estrecho y porque debió abandonar el cargo justamente debido al soberano desastre hallado.

Padilla aceptó el cargo, y el salario, por supuesto, pero nada pudo hacer por mejorar las condiciones ni de ese centro en Juárez ni de instalación alguna en el resto del estado. Fue o quiso ser un cero a la izquierda. O menos que eso.

Después de Padilla, catedrático en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) que ningún perfil tenía para lidiar con los graves circunstancias sufridas en el INM, llegó el militar retirado Pedro Alberto Alcalá López; y después llegó por menos de un año el también militar en retiro, Salvador González Guerrero, quien fue “renunciado” en mayo del 2022, pero recontratado desde El Paso, un mes más tarde, por el actual titular del INM en el país, Francisco Garduño Yáñez.

El trabajo de González, y de sus antecesores, es el que ha provocado indignación mundial: individuos bajo su responsabilidad colocando candados a la mazmorra, o centro de detención, y los migrantes tratando de escapar del humo y del fuego. Negligencia, descuido, importa poquismo al grado extremo de fatal.

Hay otros dos funcionarios menores que han venido pasando bobita, de bajo perfil, pero llegaron con Padilla en el 2018 y permanecen en su cargo con todas las agravantes señaladas, Edgar Gerardo Caro Ramírez, y Daniel Goray. Este segundo formó parte del mismo equipo de Loera proveniente de la UACJ.

No sorprenda que pronto los veamos a los tres en la cárcel,  pero no son los únicos culpables, sino todos los que redujeron el INM en el estado a oficinitas infrahumanas como las ahora tristemente famosas que fueron tumba para los buscadores del sueño americano.

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Bastante errático, hasta podría decirse que perverso, resultó el manejo de ese tema en el Instituto Nacional de Migración. El riesgo político se midió de forma exagerada, a juicio de los propios morenistas de la entidad que observaron detenidamente la evolución del problema.

El caso brincó del comisionado del INM, Francisco Garduño, a su superior inmediato, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien cómodamente lo delegó en otro, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien estuvo aquí el martes a escondidillas.

Los dos secretarios son presidenciables y cuidaron más esa calidad de precandidatos morenistas que el de colaboradores del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Sí, hubo condolencias, uso político del tema e intentos por desviar la atención, como las críticas porque fue filtrado un video donde claramente se aprecia que el personal del INM no hizo por ayudar a los migrantes, retenidos en un calabozo con rejas.

También hubo justificaciones de más, como que mueren más migrantes en el Mediterráneo o en el medio oriente que en México, cuando desde Centroamérica tratan de llegar a Estados Unidos.

Pero nadie admitió de inicio que hay responsabilidades administrativas y penales graves, desde el momento en que las instalaciones fueron puestas a reventar.

A juicio de los morenistas, por un lado, fueron rebasados por la responsabilidad el superdelegado federal, Juan Carlos Loera de la Rosa, y el almirante Salvador González, titular del instituto en Chihuahua; por otro, los presidenciables entraron con mucha cautela, en parte por la actitud tibia, desorientada y mal informada de López Obrador.

Al final, ayer, fue puesto como responsable del caso el que nada tiene que perder del gobierno de la 4T, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, autónomo para lo que le conviene y tan útil como lo demuestran los índices de impunidad federal.

En suma, ven el trágico caso como si se tratara de aventarse una papa caliente, nada más.

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Al cierre del registro de proyectos para el Presupuesto Participativo 2023, el Consejo de Participación Ciudadana, encabezado por Sebastián Aguilera Brenes, recibió más de 500 propuestas provenientes de asociaciones civiles y juarenses en lo particular.

El dato es importante porque el año pasado fueron alrededor de 350 proyectos los registrados. El incremento de un periodo a otro es de casi el 50 por ciento, cifra nada despreciable cuando la participación ciudadana en otros municipios no rebasa la simple simulación.

Claro, de esos proyectos ingresados no todos van a pasar a la etapa de concurso y votación, pues antes deben ser validados por el comité técnico evaluador, integrado por especialistas de distintas dependencias, quienes emitirán un criterio sobre la viabilidad jurídica, técnica y presupuestal de cada propuesta.

La fecha para la jornada de votación también deberá definirse conforme avance la dictaminación de los proyectos, que habrán de ejecutarse conforme a los sufragios que reciban y el monto global del Presupuesto Participativo de este año, superior a los 305 millones de pesos.

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-¿Entonces qué ingeniero, se va a lanzar o qué?

-“¿Lanzar a qué cabrón...Soy paracaidista, o clavadista?”

Así contesta don “Teto” Murguía (ya es don) a quienes le preguntan si regresará a los cocolazos de las campañas electorales.

La respuesta, obvio, es de esas famosas salidas chistoretas que el don despliega para desviar temas comprometedores. Es evidente, sin embargo, que a sus dulces 70 recién cumplidos anda transpirando feromonas políticas por toda la ciudad como nubes soltando chipi chipi.

Dicho en su vocabulario, pero no son sus palabras, se anda dejando manosear por los distintos liderazgos y diversos partidos políticos pero a nadie le ha dado el sí. No pudo con él hace un par de añitos ni la exótica personalidad de Elba Esther. ¿O sí?

Pero de que quiere, quiere.

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Todavía ayer seguía en firme la gira programada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para estar mañana a la una de la tarde en esta frontera.

Difícilmente AMLO se echaría atrás para esa visita aunque la plaza literalmente arda por la muerte de migrantes adjudicada sin escapatoria al pésimo manejo de subordinados federales suyos que dirigen el Instituto Nacional de Migración.

Cancelarla dejaría el mensaje de culpa y debilidad, así que con más ganas deberá seguir el plan de “supervisar” avances de los Bancos del Bienestar, en evento a ser desarrollado en el gimnasio del Colegio de Bachilleres.

También deberá lidiar con el temperamento de su representante en el estado, Juan Carlos Loera, que profundizó sus diferencias con el alcalde de su mismo partido guinda, Cruz Pérez Cuéllar, nada menos que usando la tragedia.

Se supone que ambos estarán en el evento.