'El 300' se metió con los militares

• “El 300” se metió con los militares

• Los alcaldes más fuertes

• Ni los tomaron en cuenta en desplegado

• Abogados ligados al IMSS hacen su agosto

Nada bien cayó entre los altos mandos militares del estado, menos a nivel nacional, el desafío lanzado desde Parral por un grupo delictivo de la región que comanda “El 300”, “El Bin Laden”, o Antonio Leonel Camacho, operador de Gente Nueva o Cártel de Sinaloa.

Los militares emprendieron la búsqueda de sicarios de “El 300” que durante las últimas semanas han venido distribuyendo despensas en distintas poblaciones cercanas a Parral y en la propia capital del mundo.

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha exhibido su enojo por ese tipo de prácticas que se han dado en diversas zonas del país.

El domingo por la noche gentes de Camacho habrían colocado una manta en una de las principales vialidades de Parral, cuestionando la orden de un jefe castrense de la zona para retirar las despensas entregadas por el grupo delictivo.

“Si tanto le molesta que Gente Nueva ayude a la población por qué no regala Usted despensas en lugar de quitarlas”, le dijeron al coronel “Ruiz Roque”.

Las células de “El 300” fueron seguidas por militares y otras corporaciones policiacas hacia la zona de Jiménez, Camargo e inclusive Delicias, donde pelean entre ellos (Gente Nueva) el marcado del huachicol a un grupo local liderado por “El Placas”, Juan Carlos Pérez Rodríguez.

Presumiblemente en el arribo a zona controlada por “El Placas” hubo varios enfrentamientos el lunes que ocasionaron el retroceso de los sicarios de “El 300” hacia Rosales, donde quemaron una patrulla de la Policía municipal, levantaron a dos agentes de esa corporación y robaron sus armas.

En la huida fueron copados por militares, policías estatales y federales. Murieron en el enfrentamiento tres delincuentes pero escapó la mayoría.

Los mandos del Ejército y de la Guardia Nacional en la zona centro sur del estado han concluido que no pueden seguir cediendo autoridad ni allá ni en ninguna parte. Es amarga esta nueva experiencia. Primero son despensas, luego desafíos y después el control de la silla...por decirlo de alguna forma.

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Inesperado el “golpe” a los diputados federales chihuahuenses por parte de los alcaldes de cuatro de los principales municipios del estado. El juarense Armando Cabada; la alcalde de Chihuahua, Maru Campos Galván; el edil de Delicias, Eliseo Compeán, y el presidente municipal de Parral, Alfredo Lozoya.

Se merece eso y mucho más la mayoría de los nueve legisladores a los que piden los alcaldes se pronuncien contra el retiro del Fondo Metropolitano, decretado por la Presidencia de la República desde la presentación del presupuesto 2020, a finales del 2019.

A nivel nacional el monto de ese fondo es más que respetable, arriba de los tres mil 300 millones de pesos. Distribuidos entre más de dos mil municipios del país no es mucho lo que queda; respetable, pero poco. Treinta millones para Juárez, 10, 15 para Chihuahua y cuatro o cinco millones para Delicias y Parral.

La intención de Cabada, Maru, Eliseo y Lozoya evidentemente es recordar a los diputados federales que tienen una función como representantes de los chihuahuenses en el Congreso de la Unión y hasta ahora solamente nadan de muertito aprobando sólo aquellos asuntos planteados por el Ejecutivo federal.

Entre los diputados(as) señalados hay cinco de Morena, tres del PAN y uno del Movimiento Ciudadano: María Esther Mejía, Teresita de Jesús Vargas, Claudia Elena Lastra, Ulises García y Heraclio Rodríguez; Mario Mata, Miguel Alonso Riggs y María de los Ángeles Gutiérrez, y Jesús Falomir. En ese orden.

No moverán ellos y ellas un solo dedo para atender la exigencia de los alcaldes, particularmente los de Morena, debido justo a su compromiso con la cuarta transformación.

Acumularán otro pecado en la penitencia. Ese desplegado tiene aroma inocultable a 2021. Entre los alcaldes solicitantes sólo hay independientes y panistas (dos y dos) bien posicionados en sus respectivos territorios. Hasta el momento su mayor riesgo en la próxima contienda lo siguen representando las siglas de Morena.

Puede servir debilitar más desde ahora a sus debilitados representantes populares.

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En la comidilla de sus compañeros se convirtieron los diputados federales Jorge Villarreal Pasaret, Efraín Vega y Sebastián Aguilera Brenes, de Morena, así como la panista Patricia Terrazas Baca, precisamente en el mismo tema anterior.

Para más señas Villarreal es el juarense que suple en su curul al superdelegado Juan Carlos Loera; Vega es un desconocido que jamás volvió, pese a que fue designado en posición plurinominal privilegiada. Sebastián es otro pluri, primo del subdelegado federal en la capital, Marcelino Gómez Brenes, y la albiazul es la presidenta de la Comisión de Hacienda en San Lázaro.

Los cuatro fueron ignorados olímpicamente por los alcaldes Maru Campos de Chihuahua, Armando Cabada de Juárez, Alfredo Lozoya de Parral y Eliseo Compeán de Delicias, en el desplegado dirigido a los legisladores para que rechacen la tentativa presidencial de eliminar el Fondo Metropolitano.

En la publicación de ayer los presidentes municipales exponen la afectación que traería a esas ciudades y municipios aledaños la desaparición del fondo. Por ello les piden pronunciarse en contra y defender sin colores partidistas a la población de sus distritos.

Pero la comunicación se le dirigió sólo a 9 de los 13 diputados federales, tal vez por mera omisión involuntaria o porque de plano de nada han servido a los intereses de Chihuahua.

Especialmente entre los panistas llamó la atención la marginación de la cuauhtemense que encabeza una de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados, muy ligada al asunto en cuestión, pues el Fondo Metropolitano se maneja desde Hacienda y Desarrollo Urbano federales.

Pasaría como mero dato anecdótico, sin embargo, es grave que a algunos de los diputados federales de Morena y el PAN ni en su casa los conozcan.

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El nicho que encontraron los abogados en estos tiempos de parálisis fue el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al cual han bombardeado con demandas de amparo. Los tribunales federales deben procesarlas casi en automático por disposición del Consejo de la Judicatura.

Es por ello que se ha visto una andanada de amparos de doctores y enfermeros que son convencidos por abogados íntimamente ligados al mismo IMSS aquí en Juárez.

Así es, son litigantes casi de casa para el organismo de salud y seguridad social. Ahora que el litigio dejó de ser negocio por el cierre casi total de la justicia a nivel local y federal, hasta los abogados que algún día sirvieron al IMSS desde su área jurídica tomaron como forma de subsistencia dichas demandas contra la institución que hace algunos años les dio empleo.

Han llegado al extremo los profesionistas de presentar la solicitud de un juicio de garantías por falta de equipo para atender Covid, en personal que ni siquiera tiene trato con pacientes. Así de simple, hasta empleados de otras clínicas diferentes a la 66 han pagado de mil 500 a 3 mil pesos por amparo.

En la delegación que encabeza Arturo Daniel Bonilla y Calderón ven con preocupación cómo los abogados que algún día sirvieron al IMSS hoy buscan atacarlo. Han tomado de gancho a un mensajero resentido porque le quitaron su puesto sindical para promover las demandas entre trabajadores.

En los tribunales federales las suspensiones provisionales que se ha dictado básicamente apuntan a concederles a los trabajadores el derecho de irse a casa y abandonar su empleo en lo que pasa la contingencia.

Pero ellos, los abogados y el personal que se enganchan, mandan un mal mensaje al dejar la primera línea de combate a la pandemia en la que deberían estar, mientras la mayoría del personal del IMSS sigue en la raya.