Ejidatarios de Zaragoza utilizan la Ley para extorsionar al municipio

Todo el sistema jurídico mexicano, así como el inmenso aparato judicial encargado de aplicarlo, está diseñado para garantizar la seguridad e integridad de los mexicanos, de todos los mexicanos, sin excepción alguna, pero cuando ese complejo aparato judicial y el conjunto de leyes dispuestas para ese efecto, son utilizados por un grupo de vivales aprovechados para su beneficio personal, no queda más que indignarse profundamente por ese abuso y denunciarlo públicamente.

Principalmente el juicio de amparo, que es la máxima protección jurídica que tenemos los mexicanos para defendernos ante posibles abusos de cualquier autoridad, y en menoscabo de nuestras garantías, ha sido por décadas la mejor herramienta legal para combatir las tropelías de funcionarios públicos.

De acuerdo con el Dr. Alberto del Castillo del Valle (Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana), “El juicio de amparo es el medio jurídico de defensa constitucional, que tiende a anular actos de autoridad que violen las garantías del gobernado, cuando el agraviado por ese acto entabla la demanda, pidiendo la declaratoria de inconstitucionalidad del mismo. Este juicio es un medio de control constitucional (por proceder contra actos de autoridad que violan la Constitución, específicamente en su capítulo de garantías del gobernado); es de los medios de defensa constitucional por órgano judicial (de él conoce un Tribunal de la Federación, que actúa instado por el agraviado por el acto de autoridad y emite una sentencia que tiene efectos relativos); por último, es un medio de control constitucional por órgano judicial, que se ubica en la vía de acción (pues para que se inicie, se requiere que se ejercite la acción de amparo, dando lugar a la substanciación de un proceso autónomo e independiente de cualquiera otro).”

Es decir, se trata de un mecanismo de la más alta relevancia, dentro del sistema jurídico mexicano, enfocado a la defensa legal de los derechos y garantías de los ciudadanos, con el fin de evitar que se consumen abusos de autoridad en su contra. Eso es el juicio de amparo.

Por eso, cuando este recurso jurídico es utilizado por personas sin escrúpulos que son auxiliadas por abogados sin la menor ética profesional, no queda más que indignarse ante tal hecho, denunciarlo y condenarlo de la forma más enérgica posible, amén de que las autoridades respectivas tomen cartas en el asunto.

Resulta que, en Riberas del Bravo, una de las zonas de Juárez con mayores rezagos históricos, de las más abandonadas por todas las administraciones municipales, hoy se vive un caso inédito en el que los ejidatarios que vendieron esos terrenos para la construcción del fraccionamiento, en el año 2000, reclaman que la autoridad municipal realice una gran obra de rehabilitación de sus calles principales, y lo hacen precisamente mediante un amparo, impidiendo con ello la realización de la obra.

Con esta acción, los ejidatarios de Zaragoza lograron que un juez impidiera la culminación de obras que representan una inversión superior a los 42 millones de pesos, y que benefician directamente a más de 50 mil habitantes de la zona, además de todos los que por ahí circulan de forma eventual.

La actual administración municipal, en atención a múltiples quejas y solicitudes de habitantes de la zona, y luego de décadas de que nadie les hiciera caso, decide rehabilitar por completo las tres calles más importantes de todo el fraccionamiento, las que conforman el circuito que comunica toda la zona, Rivera del Salado, Rivera de Conchos y Riveras del Bravo, esta ultima la calle principal.

Las tres vialidades presentaban ya un deplorable estado en una gran parte de su superficie total de pavimento (rodamiento vehicular), debido al completo abandono en su mantenimiento desde 2004, por lo que la obra programada consistió en recarpetear completamente el 100 por ciento de la superficie total de las tres calles.

Con un avance importante (más del 85 por ciento), las obras en dichas calles debieron ser suspendidas a consecuencia de dos amparos concedidos al ejido Zaragoza quien, a través de su apoderado legal, el señor Domingo Ríos, solicitó a un juez federal la suspensión de dichas obras ya que, según ellos, el municipio adeuda la cantidad de 14 millones de pesos a ese ejido en razón de la construcción de dichas calles, por lo que mediante esa acción legal exigen el pago de dicha cantidad.

Para analizar adecuadamente esta situación resulta conveniente tener en cuenta algunos aspectos y consideraciones importantes. El fraccionamiento Riveras del Bravo fue un proyecto estatal, en la administración de Patricio Martínez, quien mantenía un abierto enfrentamiento político y partidista con el entonces alcalde de la ciudad, el Ing. Gustavo Elizondo, por eso el ambicioso proyecto de vivienda que pretendía aplastar y nulificar la gestión del ex alcalde panista.

En tal virtud, como proyecto de vivienda estatal a través del entonces IVIECH, el Cabildo de Juárez autorizó el proyecto en el año 2000. Cabe mencionar que los ejidatarios de Zaragoza vendieron sus parcelas al gobierno estatal entre 1995 y el año 2000, mediante los respectivos actos legales y protocolizados notarialmente, de otro modo no hubiera sido posible la realización y presentación del proyecto al Cabildo juarense en el año 2000.

Si los terrenos fueron debidamente protocolizados en venta al gobierno estatal, quiere decir que los ejidatarios recibieron en su momento el pago correspondiente por cada una de sus parcelas, no se puede explicar de otra forma la autorización y realización de la obra.

Pero, aun en el caso de algún posible adeudo por la adquisición de esos terrenos o parcelas, quien tendría la obligación legal de pago, por el origen del proyecto, sería el gobierno estatal y no el municipal como reclaman actualmente los ejidatarios de Zaragoza. Peor aún ¿Quién se espera 21 años para reclamar un adeudo?

Pero, más allá de todo el sustento legal e inmobiliario que tenga el caso, lo que sorprende sobremanera es el planteamiento que hacen los ejidatarios en su demanda de amparo: atacan la construcción de dos calles en Riveras del Bravo, Riveras del Salado y Riveras del Bravo; de la calle Riveras del Conchos no mencionan absolutamente nada, pero además acusan la construcción de esas dos calles.

Falso. Las calles fueron construidas en el año 2000, actualmente solamente se rehabilitan, no se construyen, lo cual constituye una diferencia jurídica trascendental dentro del juicio de amparo.

Pero lo que ya verdaderamente termina de sorprender e indignar es la postura del apoderado de los ejidatarios de Zaragoza, quien textualmente le ha dicho al alcalde de Juárez: “Si quieren continuar con sus obras, les cuesta 14 millones de pesos”, un vil atraco y extorsión al más puro estilo de los peores malandros.

El nivel de avance en las obras de estas tres calles era tal, que durante la próxima semana serían inauguradas junto con la nueva estación de policía en ese sector, además de la muy importante inversión en nuevas luminarias que fueron instaladas en Riveras del Bravo, con lo que la actual administración municipal pretendía cumplir con un añejo reclamo de sus habitantes, un gran abandono de muchos años en la zona.

Y por si todavía faltara algo para completar el cuadro, ahora resulta que los que “dignamente” reclaman al municipio el pago de 14 millones de pesos, por el supuesto derecho sobre unas calles que fueron construidas hace 21 años, resulta que esos mismos son deudores del predial por un importe que supera los 33 millones de pesos. Muy exigentes para “cobrar” lo que aseguran se les debe, pero bastante desobligados con el pago de sus propias deudas.

Insisto, lo dije al principio de esta colaboración y lo reitero al final, resulta muy lamentable y condenable que existan personas, como los señores ejidatarios de Zaragoza, que, ventajosamente, pretendan utilizar las leyes para sacar provecho de una situación aun a desprecio del beneficio de miles de juarenses. ¡Pésimo!