Opinión

Educar para la libertad

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1989, constituyó un hito histórico

Pablo Héctor González
Analista

lunes, 11 octubre 2021 | 06:00

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1989, constituyó un hito histórico. Si mi memoria no me falla, fue Emilio García Méndez quien dijo que, de todos los grupos vulnerables, el de los niños fue el último en llegar a sentarse en la mesa de la ciudadanía.

Alessandro Baratta, en un extraordinario ensayo relativo al artículo 12 de dicha convención, reflexiona sobre lo que implica el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tomada en cuenta. En el fondo, sostiene, es la condición para la ciudadanía y, por tanto, para la democracia. En efecto, se trata de enseñar a tomar decisiones. Y en ese sentido es más difícil otorgar al menor de edad, que se encuentra en proceso de formación, alternativas adecuadas a su edad y a sus circunstancias, para que sea él el que aprenda a decidir, que imponerle una decisión. Pero al hacerlo así, estamos formando ciudadanos.

Bien vistas las cosas, de lo que se trata es de establecer qué tipo de comunidad humana queremos. Churchill, una vez más en sus memorias, recuerda lo chocante que le resultaba que estados autoritarios, en aras del progreso económico de los  marginados, que naturalmente eran la mayoría, se definieran como democráticos. Y es que en cierto sentido lo eran. Porque se actuaba en nombre de la mayoría, aunque no se permitiera a cada individuo tomar decisiones para hacerse cargo de su gobierno y de su destino.

En todo caso, las democracias occidentales rechazaron tal idea y postularon que la verdadera democracia implica la libertad para tomar decisiones. Y para eso, como lo planteó Baratta, es necesario que se eduque para la libertad. Por cierto, nunca está de más recordarlo, no se trata de la opción más cómoda, pues es más fácil apropiarse de la decisión ajena, pero sí de la única que garantiza un futuro mejor.

En el ámbito del proceso judicial, es decir, de aquél que un Estado brinda a sus gobernados para que sus conflictos sean resueltos civilizadamente, ocurre lo mismo. Mirjan Damaska lo explicó de manera magistral. Existen, sostiene, dos modelos de justicia: uno, en el que las partes son dueñas de su conflicto y por lo tanto pueden tomar decisiones sobre su caso que deben ser respetadas por los jueces. En este modelo, el Juez no puede actuar sin que las partes se lo pidan, pues se asume que las personas que están en conflicto son mayores de edad, capaces de tomar decisiones libres. El otro es un modelo paternalista, en el que el Juez, en la responsabilidad de velar por valores que, a su juicio, o al de quien instaura la política judicial, deben prevalecer sobre la voluntad concreta de las partes, actúa por impulso propio. Así, el individuo que acude a la justicia se limita a plantear el conflicto, y el Estado, a través del Juez, se hace cargo del resto. Incluso de lo que el usuario del sistema de justicia no quiera. Porque es por su bien. En este modelo paternalista, una vez más, se actúa en nombre de la colectividad, y se usurpa a las personas la capacidad de hacerse cargo de su propia vida.

Me parece que es tiempo de tomarnos en serio la necesidad de promover y defender la educación para la libertad. De manera que las instituciones que conforman el Estado, estén determinadas y limitadas en su actuar, por las decisiones informadas y libres de aquellos a quienes representan. De ello depende la suerte de la democracia.

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