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Opinión

Devolver lo robado a Chihuahua

Tras estar dos años preso en Miami, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ha sido extraditado a México

Andrea Chávez
Analista

jueves, 09 junio 2022 | 06:00

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Tras estar dos años preso en Miami, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ha sido extraditado a México. Su regreso para rendir cuentas ante la justicia mexicana es resultado de la constante demanda de las y los chihuahuenses, respaldada por la voluntad de justicia del presidente Andrés Manuel López Obrador a través la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que a pesar de que Duarte había sido acusado desde 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto gozó de toda impunidad.

Cómo no iba a hacerlo, si César Duarte era un protegido, miembro de ese grupo de gobernadores autodenominados “el nuevo PRI”, que bajo dicho lema buscaba convencer al electorado de que se habían renovado, dejando enterradas las malas prácticas que caracterizan a ese partido. A la larga, ese bloque de gobernadores priistas resultaron los peores gobernadores que ha tenido este país, terminando ya sea prófugos o presos, pero ninguno sin acusaciones por corrupción.

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A César Duarte se le atribuye un monumental saqueo al Estado Grande, del cual seguimos padeciendo todavía sus consecuencias. De acuerdo a las investigaciones, Duarte acordó con diversos funcionarios y personas ajenas a la administración un reparto de actividades para desviar recursos del patrimonio estatal por al menos 96 millones 685 mil 253 pesos a través de la Secretaría de Desarrollo Rural. Amasó una fortuna; robó casas, ranchos, ganado; favoreció a sus empresas “Unión Ganadera Regional División del Norte” y “Financiera División del Norte” y hasta financió campañas políticas.

Asimismo, 24 carpetas de investigación más dan cuenta de cómo funcionaba su esquema de corrupción, a través de la nómina secreta y el encarcelamiento de opositores.

El exgobernador era reconocido por su estilo de vida de lujos, de fiesta y de opulencia, todo a costa del pueblo chihuahuense. 

Es por eso que tenemos prohibido olvidar el daño que nos ha causado; debemos, más que nunca, estar pendientes del proceso judicial y exigir a las autoridades facultadas, la impartición del castigo que amerita. Por ahora, corresponde a la Fiscalía de Chihuahua actuar sin omisiones ni beneficios en el caso, pero la FGR podría solicitar la atracción del caso particular para procesar a nivel federal, algo interesante para evitar las tentaciones de impunidad que pudieran tener sus muchos y poderosos beneficiarios.

Llama la atención el silencio sepulcral que ha guardado la dirigencia del PRI ante su extradición, así como el silencio de complicidad por parte de sus aliados. Seguramente no quieren recordarle al pueblo cómo gobernaban. Pero, no importa qué tan nuevos se ofrezcan y se pinten, siguen padeciendo de las mismas pestilencias de hace décadas.

Por parte de la Cuarta Transformación, nos corresponde el compromiso de denunciar cualquier omisión que dé pie a la impunidad. No permitiremos que se minimicen delitos ni que se recurra a argucias legales para que se le disminuya la pena o quede en libertad; no permitiremos más simulación y, mucho menos, burlas al pueblo de Chihuahua.

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