Despacha en la cárcel padrino de nueva jefa

Ayer tocó el turno a Fátima Guzmán Gallardo, quien desde el 2016 estaba al frente de la Dirección Estatal de Profesiones

LA COLUMNA
de El Diario
jueves, 07 febrero 2019 | 06:00

• Despacha en la cárcel padrino de nueva jefa


• Todo un suceso bajar sueldo de 745 mil a 107 mil


• No por noqueado dan por muerto al PRI


• Golpeó Óscar Luis hasta que le ‘dolió la mano’


En el régimen del nuevo amanecer ni las deprimentes ‘Golondrinas’ amenizan cuando se trata de decir adiós a quienes les son incómodos. Ayer tocó el turno a Fátima Guzmán Gallardo, quien desde el 2016 estaba al frente de la Dirección Estatal de Profesiones.

El movimiento sirvió para colocar a Marcela Herrera Sandoval, una funcionaria cercana al secretario de Educación, Carlos González Herrera y a la vez operadora cercanísima también de Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario del mismo ramo, hoy preso por supuesta corrupción a escala de ligas mayores.

Su desempeño dentro del aparato burocrático data justamente de la administración de César Duarte. Ocupó el cargo de asesora jurídica del Registro Civil en los tiempos en los que Yáñez fungió como director (también ahí fue funcionario). De ahí el hoy recluso la llevó mucho más lejos.

Hoy su designación al frente de la Dirección Estatal de Profesiones cae particularmente sobre el panismo como un balde de agua fría. Ocurrió de pronto y en completo silencio

Fátima Guzmán fue destituida en lo oscurito. Se había convertido en una piedra en el zapato para el actual jefe de Educación, principalmente a raíz del escándalo en el que se vio envuelta a finales del año pasado cuando protagonizó un pleito de pasillo con Alfredo Attolini Pesqueira, subsecretario de Administración y Planeación.

Esa vez hubo tormenta de gritos y lágrimas por un “detallito”: rezago en más de 10 mil cédulas profesionales de toda la entidad no por culpa de doña Fátima, sino del aludido.

Ella tiene también su carácter y no era santa de la devoción de muchos en la secretaría, pero sorprende más la persona en quien recayó el relevo. Todo un historial que muchas ligas tiene en el presidio de la ciudad de Chihuahua. 


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No hay necesidad que el presidente López Obrador lance a sus policías sobre los pescuezos de exfuncionarios de la administración peñista o de otros regímenes para mantener altos sus bonos o ganarse el aplauso del respetable.

A la hora de sus mañaneras conferencias de prensa todo mundo se prepara para partir a sus trabajos o sus escuelas pero con un ojo al gato y el otro al garabato entre hacer y quehacer. Algo o bastante escuchan de lo dicho por el presidente o sus funcionarios ya sea por televisión abierta o internet.

Ayer recibimos en esta columna comentarios de dos personas que siguieron algunas porciones del ‘en vivo” de AMLO a través de diario.mx, genuinamente sorprendidas y al mismo tiempo fúricas por el salario que ganaba el anterior director del Infonavit, David Penchyna, con 745 mil pesos por mes.

Con ese relajamiento y traviesa despreocupación que le caracterizan, el presidente pidió a su director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, que le platicara a los reporteros (y decenas de miles de audiencia en los medios electrónicos) cuánto ganaba su antecesor y cuánto gana él.

Desde luego la mesa fue debidamente preparada para que los comensales disfrutaran a puños el platón de morbo. Martínez llevaba bien aprendidas las cifras. Como excelente alumno explicó: yo gano 107 mil pesos mensuales que, con prestaciones, etc., suman un millón 800 mil pesos anuales. El antecesor (Penchyna) ganaba 745 mil pesos cada mes. Sumaba con accesorios nueve millones 200 mil por año.

El efecto que produjo en los oyentes fue el deseado para la Cuarta Transformación, indignación y coraje pero también esperanza porque “al fin le pusieron un alto al despilfarro”.

De inmediato fueron hechas comparaciones mentales sobre el sueldo del exalto funcionario y el percibido por el público atento a la conferencia de prensa. Coraje hasta por envidia.

Esos datos ya eran conocidos, igual que los sueldos de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y la corte real de jueces federales, pero AMLO continuará sacando tajada particularmente emocional.

La persecución policiaca desgasta mucho y genera cuando no conmiseración, animosidad en contra, sobre todo cuando es festinada como lo ha hecho en Chihuahua el gobernador Javier Corral. Nunca nadie desea estar en los zapatos de un preso.

López Obrador tiene abiertos ya cientos de expedientes contra exfuncionarios federales pero ni un solo dato sobre los procesos ha salido de su boca.


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No por haber sido enviado a la lona por nocaut fulminante el PRI está muerto. Si así fuera nadie mantendría interés alguno en buscar su dirigencia. 

Poca pero le quedó algo de fuerza tras la apaleada de julio pasado y que puede bien servir de plataforma hacia un renacimiento al muy estilo del 2012.

Esos dos modestos datos, el resurgimiento y posiciones de poder por todo el país, movilizaron a los líderes de grandes facciones apenas sonó el campanazo para relevar en la dirigencia nacional tricolor a Claudia Ruiz Massieu. Será la elección allá por agosto en proceso abierto a su militancia.

El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y sus operadores manejaron de inmediato el nombre de José “Pepe” Narro, los “institucionales” empujaron a José Calzada, el exgobernador de Querétaro; y hay quienes soltaron el nombre del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas.

Eso surgió en las primeras horas tras saltar el anuncio sobre la sucesión de doña Claudia. Pasarán las semanas y sin duda serán registrados más nombres de peso por la única razón de que el PRI mantiene algo de carnita pegada al hueso y por la esperanza documentada en los antecedentes de regresar al poder.


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Enfundado en un saco gris no muy ajustado, con anteojos y algo de canas a la vista, se presentó el extitular de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), Óscar Luis Acosta García, ante un juez de control entre ayer y antier. Dos días de tormentosas, cansadas y hasta penosas audiencias.

Llegó el exhombre fuerte de Enrique Serrano dispuesto a reconocer que, efectivamente, le propinó una golpiza a Eduardo Rangel hasta que le “dolió la mano”, pero siempre defendiendo la postura de ser casi un “anciano” que actuó en “defensa propia”.

Esa fue su teoría de descargo ante su excelencia el juzgador, afirmar que tiene 57 años de edad y en tres años más el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le extenderá “la tarjeta de senectud, como persona de la tercera edad”.

Colocó en calidad de agresores a sus víctimas porque (ellos) “tienen unos 35 años, por lo que me vi superado en fuerza, energía y respondí instintivamente, si no iba a terminar muy, muy mal”. Mostramos en la versión digital foto del agredido. Golpiza la que recibió.

El exfuncionario público trató de mostrarse como una persona muy tranquila y ecuánime, afirmó que ni cuando estaba en la secundaria había peleado a puños. 

Fue sin embargo traicionado por la emoción y por la verdad. Perdió el control en cuanto la asesora jurídica del golpeado, Eduardo Rangel Serrano, le cuestionó por qué Alejandra Cecilia Amezcua Triana –de quien se dice fue el motivo de la pelea– declaró en su contra e incluso interpuso una denuncia.

En una parte de su declaración Acosta García dijo que la muchacha fue presionada por el grupo de abogados que representa a Rangel e incluso amenazada por la familia de este hombre. Reveló ante cámaras y auditorio sorprendido ya por curiosidad, ya por morbo, ya por interés jurídico, triángulos sentimentales. Empezó todo por allá cuando manejaban a placer varias dependencias de la Presidencia Municipal. 

La pelea fue a mediados de septiembre pasado afuera de la plaza Los Portales, donde son frecuentes los escándalos con todo y balaceras.

Al final de cuentas el “agresor” fue vinculado a proceso penal por “lesiones calificadas”. Enfrentará el proceso en libertad pero no podrá acercarse a la víctima ni a los testigos… con todo y lo “bondadoso” que quiso aparentar ante su señoría.

La novateada corrió justo a cargo del juez Dirceu Ismael Solís Mendoza. Fue proverbial y sin desperdicio. 

Recién designado en el concurso de oposición que convocó el Consejo de la Judicatura, Solís fue paseado al gusto por Acosta, quien es o fue catedrático en Derecho de la UACJ y al menos en aquel terreno gozaba de mejor fama.

Respondió como quiso a las preguntas de la asesora jurídica de la víctima. Una y otra vez fue reconvenido por el juez pero siempre terminó justificando: “es que no me deja responder”.

Sin duda una trucha enjabonada, si la metáfora nos es permitida, aunque pinta derechito a pagar la agresión terrible y dejar una mancha imborrable en su currículum.