Desglosan los castigos pero no ayudan

-Desglosan los castigos pero no ayudan

-Hacen casita empresarios contra Morena

-El recorte a la nómina, el otro fracaso corralista

-Trataron de esconder muy bien el NO

Ayer se dio vuelo el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta, leyendo en televisión los reportes de castigos a la ciudadanía durante lo que llamó “período de restricción de movilidad” por la pandemia del SarsCov2 o Covid-19.

Habló de casi mil 500 establecimientos “no esenciales” cerrados, casi mil amonestaciones y multas aplicadas al transporte público, varios miles de “inspecciones”, medio centenar de desalojos...

Anotó también que fueron levantadas 104 actas administrativas que representan sanciones en efectivo para los negocios correspondientes. No solo el cierre sino también el golpe al bolsillo.

Estamos hablando de la máxima autoridad en el estado que, ciertamente debe dirigir, supervisar y hasta operar la aplicación de las medidas restrictivas por ella misma decretada, pero es inmoral e irresponsable que deje fuera de su actuación no solo la presentación de alternativas para evitar la paralización de la economía ni ayude a fortalecer el sistema de salud en general, tanto adentro como afuera de los sistemas hospitalarios.

Es insólito que mejor las empresas privadas de todo tamaño distribuyan cubrebocas a la población y lleven alimentos al personal de salud que el Gobierno estatal. No habló de ello ni una palabra el secretario general, Luis Alberto Mesta. Solo sanciones.

Resulta dramático que los municipios puedan también adquirir decenas de miles de cubrebocas y hasta oxígeno para auxiliar a la población y no el Gobierno del Estado, que solo parece preocupado por castigar y gastarse los impuestos aportados por todos los chihuahuenses.

Los funcionarios estatales carecen de noción plena sobre la realidad. Aplican la ley del garrote porque no conocen otra. Ni escuchan ni atienden a los comerciantes ni conocen la problemática en pasillos, salas, ni quirófanos de los hospitales.

****  

Ante la pérdida de miles de millones de pesos en el presupuesto estatal para 2021, los más débiles de la estructura de Gobierno del Estado serán los que tienen contratos por prestación de servicios profesionales u honorarios. En números gruesos son unos dos mil empleados lo que podrían ser recortados por estar laborando en este esquema.

En la Secretaría de Hacienda, su titular Arturo Fuentes Vélez instruyó a los funcionarios para decir que no habrá recorte de personal en medio de la crisis actual. Eso es mero eufemismo, similar al pretexto recurrente de culpar de la falta de ingresos a la Federación, cuando es una conjunción de factores que también incluye la incompetencia en el manejo financiero de la entidad.

En efecto no habrá recorte del personal de base sindicalizado, que es el de menores sueldos en la estructura estatal. No serán corridos los empleados que estén agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, que generalmente son los más modestos en cuanto a puestos, salarios y prestaciones.

Los que sí serán echados son cientos de trabajadores contratados bajo esta leonina modalidad, que les niega reconocimiento de antigüedad, prestaciones de seguridad social y otros conceptos básicos que contempla la legislación laboral, sólo por contar con sueldos levemente más altos que el promedio. Sobre todos ellos pende la guillotina, tanto en el Ejecutivo que los contrata por montones como en los organismos autónomos y los poderes Legislativo y Judicial.

Esa nómina alta, la de honorarios más altos, es la que será sometida a un fuerte recorte para cerrar el año, lo que podría dar pie a una andanada de demandas laborales que obviamente le serán heredadas a la siguiente administración.

Los recortes en nómina habrán de alcanzar a todas las dependencias y seguramente vendrán acompañados del enésimo decreto de austeridad -hecho para no cumplirse- del corralismo, que con ello buscará justificar otro fracaso financiero estatal.

***

Los grandes empresarios de Cuauhtémoc, algunos de ellos más grandes que talla municipal, estatal y nacional; es decir, alcanzan tamaño internacional, han tomado la iniciativa de meterse de cuerpo entero en las campañas electorales del 2021.

Han decidido establecer alianzas y apoyar casi toda clase de proyectos que embonen con su filosofía del ejercicio político en el gobierno, siempre y cuando sea cumplida la condición del “casi”.

No es menor el “pero”. No quieren nada con Morena ni nada que huela a Cuarta Transformación. No están de acuerdo con el rumbo que ha tomado el país con el régimen surgido de ese nuevo partido ni tampoco, de entrada, con el desempeño en el propio municipio.

Ayer varios de los principales operadores de ese grupo –que es numeroso-, sostuvieron un encuentro por Zoom con el presidente del PRI en el estado y diputado, local, Omar Bazán Flores, para intercambiar opiniones sobre los distintos escenarios.

La reunión virtual estaba convocada para que participara también la presidenta del PAN en la entidad, Rocío Reza Gallegos, pero después de lo ocurrido el sábado con el rechazo parcial a las alianzas por parte del Consejo Político Estatal, declinó la invitación.

Así que por lo pronto mantuvieron la agenda con Bazán. Los más activos en preguntas y comentarios fueron los empresarios Luis Antonio Corral y Sigifredo Corral.

Albergan ellos la esperanza que PRI y PAN (como principales partidos en el país) unan fuerzas hacia el 2021 al menos en algunos de los principales distritos tanto locales como federales, alcaldías; y si es posible, hasta la gubernatura.

Son los escenarios bastante complicados, particularmente para la gubernatura, pero no bajarán bandera en su intención de evitar que el partido guinda obtenga la mayoría de los triunfos.

***

Tan irregular fue la actuación de operadores del PAN estatal el pasado sábado, cuando los grupos del albiazul cerraron filas en torno al proyecto de Maru Campos, que los únicos cartelones distribuidos entre los consejeros panistas para votar sólo tenían el “Sí” como respuesta.

La votación del Consejo Estatal que se realizó en el estacionamiento del Centro de Convenciones de la capital era para rechazar o aprobar las alianzas. Avalarlas implicaría designaciones directas de candidatos, clara dedicatoria en contra de Campos y a favor del otro aspirante a la candidatura para gobernador, Gustavo Madero.

Por eso los cartelones para votar deberían tener las opciones del “Sí” y el “No”, pero de los segundos había pocos... o ninguno. En las fotos que presentamos en la versión digital de La Columna aparece la alcaldesa de Chihuahua y otros militantes, con las alternativas bien definidas: a favor de las alianzas una afirmativa clara, en contra leyendas con la negativa hecha con pluma, marcador y hasta lápiz labial con el que algunas improvisaron.

La diferencia entre las opciones fue notable, señal de que la dirigencia estatal actuó con alevosía, aunque el tiro haya salido por la culata con el rechazo contundente a las alianzas ordenadas por el Palacio de Gobierno.

Fuera de lo anecdótico, desde ayer corrió entre los panistas la versión de que el Gobierno del Estado habrá de despedir de oficinas y puestos de segundo o tercer nivel a los consejeros que votaron por el "No" a las alianzas.

Haber votado libremente los hizo verse como “traidores” a la causa de Javier Corral y por ende como enemigos de la dirigencia panista.

Se habla de una veintena de empleados estatales directos o que tienen amigos, familiares o recomendados en puestos gubernamentales. A todos les habrán de dar cuello, según las amenazas surgidas tras el último fracaso corralista.

Una limpia a estas alturas, cuando la queja de los panistas sigue siendo que no hay suficiente marca azul dentro del gobierno de Corral, sería un suicidio. Pero finalmente es a eso lo que el mandatario estatal parece querer conducir a su partido con la embestida permanente contra la alcaldesa.