Descuido y obvia corrupción en violación de niños (as)

-Descuido y obvia corrupción en violación de niños (as)

Con gestos burlones, leves risillas y actitud despreocupada, reflejó aquella mujer ante dos jueces, abogados y agentes del Ministerio Público la escasa preocupación que sentía por los delitos de los que estaba siendo acusada, agresión sexual en dos modalidades contra niños y niñas de una guardería contratada por el Seguro Social.

Naomy Yamilé R. P. fue detenida por agentes ministeriales el 8 de julio del presente año en las instalaciones de la guardería Techo Comunitario. Fue aprehendida por abuso sexual y violación agravada contra una niña y un niño en fechas distintas, pero de manera recurrente en ambos casos. Posteriormente, le fueron abiertas más carpetas de investigación. Tiene hasta el momento 10 en la misma cantidad de violaciones.

“Los hechos se registraron en un período que comprende entre agosto de 2021 y mayo del 2023”, informó la Fiscalía General del Estado en un comunicado difundido este viernes al serle formulada la cuarta vinculación a proceso por uno de los casos.

Quizá fue por el largo tiempo transcurrido entre sus agresiones y la detención que mostró esa conducta relajada durante las dos primeras audiencias resueltas en vinculación a proceso. Creyó que la impunidad sería igual siempre.

Duró años sin ser molestada más allá de ser cambiada del área de niños a la de bebés porque empezaban a menudear sospechas y quejas de los padres de las víctimas sin que fueran atendidas por los responsables de Techo Comunitario; principalmente su directora, Luz María Villalba Valdés.

La conducta apática, socarrona, de Naomy durante esas dos primeras audiencias de vinculación llevadas a cabo entre julio y agosto, giró drásticamente en la tercera a lágrimas y llanto... También en la cuarta, desarrollada apenas este jueves en Ciudad Judicial.

Son ya cuatro actos de vinculación a proceso decretadas en las causas penales 3828/23, resuelta por el juez Alberto Ocón Chávez; la 3926/23, del juez Jorge Enrique González Rodríguez; la 4073/23, de la jueza Fabiola Domínguez Chavira; y la 4017/23, del juez Lorenzo Villar Chavarría.

La primera es por abuso sexual agravado, la segunda por violación agravada; igualmente la tercera y la cuarta, violación agravada ambas. Actuó por larguísimo tiempo de manera sospechosamente libre. Fueron más de dos años de agresiones sistemáticas contra los infantes.

Falta la posible judicialización de siete y posiblemente más casos. No han terminado los interrogatorios ni a la apresada en el Cereso femenil de esta ciudad ni las investigaciones generales relacionadas con el desempeño y posibles complicidades de más personas y/o directivos del establecimiento privado.

Todas esas imperdonables irregularidades cometidas en Techo Comunitario que derivaron en aberrantes actos contra decenas de bebés y niños solo fueron debidamente valorados hasta que conocieron del asunto el titular nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Zoé Robledo y su director de Prestaciones Económicas y Sociales, Mauricio Hernández Ávila.

Ellos entablaron comunicación en agosto con la gobernadora, Maru Campos, y se coordinaron en ese nivel para fortalecer las actuaciones ministeriales correspondientes aunque la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) tenía algo de camino recorrido tras la llegada de la primera denuncia penal, varias reuniones con los padres de las víctimas, el inicio de aplicación de pruebas periciales de forma casi generalizada a los menores y la integración de carpetas de investigación.

Desde mayo de este año, los directivos de Techo Comunitario estuvieron en posibilidad de encender todas las alertas frente al señalamiento de una apesadumbrada madre que empezó a sospechar de agresión a su niña de muy, muy escasa edad, casi bebé.

Los administradores de la guardería contratada por el IMSS no prendieron alerta alguna; al contrario, cerraron por completo la información e intentaron aislar a la madre denunciante.

Aparentemente, no quisieron creer a la señora y permitieron con esa omisión –o complicidad, no sabemos aún; las investigaciones permanecen en pleno desarrollo- que al menos una terrible depredadora siguiera violando a los niños y niñas.

Ha quedado establecido que la historia monstruosa, solo llevada a cabo por una persona severamente afectada en su estado mental sin posibilidad lógica de ser admitida en ese establecimiento bajo ninguna circunstancia, inició bastante tiempo antes de mayo, al menos desde agosto del 2021... y siguió después de mayo.

Fue criminal el silencio del o los empresarios (as) que manejan la guardería. Evidentemente, trataron de ocultar el hecho y esconder también a la agresora.

La solaparon por razones que son indagadas tanto por la Fiscalía General del Estado como por la Fiscalía General de la República, hasta donde escaló el ominoso hecho a petición de la Dirección General del IMSS, que supo tarde del asunto por el silencio que guardaron al respecto sus mandos medios en Chihuahua, ya en proceso de castigo.

El viernes 8 de septiembre fue llevada a cabo una conferencia de prensa en la ciudad de Chihuahua entre directivos nacionales y estatales del Seguro Social, la Fiscalía de la Mujer y la Comisión Estatal de Víctimas.

Hasta ese momento habían sido judicializadas las tres primeras carpetas de investigación de las 10 investigaciones iniciadas “por delitos de orden sexual”. Días después fue judicializada la cuarta carpeta, ya mencionada.

Wendy Chávez, jefa de la Fiscalía en la materia y cabeza directa en las indagatorias con su equipo en esta frontera, informó que hasta esa fecha “todos los niños y niñas fueron objeto de una revisión exhaustiva para descartar que hubiera más víctimas, con los resultados descritos. La Fiscalía abrió espacios de atención para quienes decidieran acercarse o que no habrían sido atendidos y poder recibir la atención necesaria”.

Ese mismo 8 de septiembre, los enviados del IMSS dejaron establecido que irán con todo en respaldo a la Fiscalía General del Estado para los procesos directos sobre los abusos y violaciones, pero también anunciaron la presentación de denuncias contra todo el entramado de Techo Comunitario (es un mega holding de negocios que incluye  niños y adolescentes) ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Antes de esos anuncios, Techo Comunitario A. C.  (o Promotora de Servicios Comunitarios) publicó un comunicado en redes sociales pretendiendo deslindarse de Techo Comunitario guardería aunque ambas sociedades son dirigidas por la misma Luz María Villalba (cuyo nombre no aparece en el comunicado).

También salieron en su defensa, en aquel momento, una cuarentena de asociaciones civiles y académicos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) que hoy han guardado silencio no solo frente a los delitos cometidos, sino a las irregularidades detectadas por la dirección nacional del IMSS. Las manos a la lumbre sin análisis a conciencia.

El director de Prestaciones Económicas y Sociales del Seguro Social a nivel nacional, Mauricio Hernández Ávila, hizo los anuncios señalados y le puso el agregado de cuatro trabajadoras del propio Instituto despedidas e investigadas para conocer el tamaño de su intervención, o las razones de no cumplir con la supervisión rigurosa, en esa guardería. Las sospechas son por corrupción. Ya lo definirá la FGR.

No mencionó el funcionario nombres, pero supimos que se trata de la hoy extitular de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, Mariana Clarissa Coss Villegas; y la jefa de Servicios de Guarderías, Irma Ramona Siqueiros. Más otras dos supervisoras que dependían de ellas.

Siqueiros tenía muchísimos años en la delegación estatal del IMSS. Nunca la movieron ni fuertes rumores de corrupción.

Coss Villegas formaba parte del clásico nepotismo y del influyentismo registrados en muchas áreas del servicio público. Llegó al cargo por instancias del exjefe Jurídico, Alejandro Rivera al ser nombrado delegado estatal, el oaxaqueño Norberto Miguel Ramírez.

Hacia el interior del IMSS en Chihuahua todos saben que el negocio de Rivero está en los juicios fiscales que pierde el Instituto y nada menos que en la contratación de las guarderías, donde tenía a la operadora Coss.

Antes de ella estuvo en el cargo un tal José de la Luz Chacón Salas. Lo jubilaron a la de a fuerzas por las mismas razones: graves irregularidades en el manejo de guarderías.

Nada reparará el grave daño cometido contra los niños inocentes de Techo Comunitario ni tampoco contra sus padres y familias en general, pero debe ser el momento para ampliar la revisión a todas las guarderías contratadas por el IMSS, investigar a toda su estructura interna para evitar actos de corrupción e impedir que se repitan historias incalificables como la sufrida hoy.