Desafuero e impudicias

Este título reproduce el idéntico, escrito en 1969 por el columnista del periódico Excélsior y exparlamentario de Acción Nacional Adolfo Cristhlieb Ibarrola, quien en ese año criticaba la actitud del gobierno que se ensañaba contra el único alcalde que en todo el país tenía el partido en el que militaba, Víctor Correa Rachó, de Mérida, por el infame delito de exigir que la Policía Municipal y de Vialidad pasara a la órbita del Ayuntamiento, tal y como lo indicaba e indica la Constitución.

El fuero, como se sabe, es la protección constitucional temporal en beneficio de la función que realizan altos servidores públicos para no estar sometidos ante amenazas o asechanzas del poder o de adversarios que utilizando como pretexto la existencia de una posible falta o ilícito, desfiguran la acción que se disfraza de justiciera, con la aviesa intención de hacer a un lado a opositores políticos.

El viernes pasado fue colmada esta hipótesis, no sólo por las inconsistencias de los argumentos de la Fiscalía General de la República que limitó su acusación a la falta del pago de impuestos del gobernador de Tamaulipas, sino por la falta absoluta de razones en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. Más evidente fue el contraste, cuando en la misma sesión se desecha una petición de la Fiscalía de Chihuahua con mayores evidencias que el caso del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. En la aprobación del dictamen, mucho más escueto que los señalamientos múltiples que se hicieron desde el púlpito de las conferencias mañaneras, destacó la falta de razones y la impericia que sin pudor exhibieron los integrantes de la mayoría de los diputados.

A esta actitud ominosa de quienes más que representantes de la ciudadanía, se asumen como integrantes de la ‘Cuarta Transformación’, debe sumarse también la respuesta en silencio, inmediata y sin análisis que obsequió el Congreso tamaulipeco, negando toda posibilidad de sustraer del fuero constitucional al Ejecutivo estatal. Cualquiera puede entender que ante una acción vulnerante de la soberanía estatal se dé una resolución beligerante y confrontante como la que el mismo día se dio por los representantes federales, pero no justifica que en un Parlamento, por reducido que éste sea, se deje de parlamentar.

Es de dar pena la manera tan irracional y tan burda con que se ejerce el poder congresional con el único propósito de satisfacer apetitos y fobias partidistas que destacan ciegamente la relevancia de las mayorías, a las que poco les importa la verdad o la contundencia de los hechos, pues el único afán que los mueve es el aniquilamiento del adversario.

Nadie puede oponerse a la aplicación de la ley y tratar de aprehender los extremos de la verdad y la justicia, pero cuando es de manifiesto que es utilizada como pretexto y se vuelve selectiva; entonces no hay duda es INJUSTICIA.