Derecho de Alumbrado Público

Fuegos de artificio, la mezquindad como arma ofensiva, la vara de medir y la de ser medidos, y el miserable cálculo de la rentabilidad política, salieron a relucir esta semana, en la discusión y aprobación de las leyes municipales de ingresos, en particular sobre el rubro del derecho de alumbrado público.

Resulta que hace dos semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya titular es la muy criticada Rosario Piedra Ibarra, la que pidió declarar ilegal la manera en que municipios de Chihuahua cobran el derecho de alumbrado público. Dicha resolución en síntesis declara que es incorrecto hacer este cobro como se ha venido haciendo hace años, es decir, mediante un porcentaje pequeño del monto del recibo de energía eléctrica que se aplique a cada medidor de la ciudad, sean estos de casas, comercios, empresas, gobiernos. Es decir que quienes gastan más luz pagan más, y al revés, menor consumo menor pago. En cambio, la resolución dice que si ahora queremos obtener ese recurso, se debe hacer exactamente igual para todos, la misma cantidad para ricos y pobres. Sin rollo jurídico, la verdad desnuda, así es la resolución. 

Lo primero que hay que decir es que uno no entiende que ganas de la CNDH de meter su cuchara en este asunto, que supongo tenían claro podría afectar a la gente más pobre. Ya no sabe uno si este organismo del gobierno morenista actúa de mala fe o simplemente son incompetentes. Porque bien dice el refrán popular “para que tanto brinco estando el suelo tan parejo”. La manera de cobrar, diferenciado, es algo considerado justo y que ha funcionado con normalidad y contribuye a pagar los elevados costos de energía eléctrica, que es incluso mucho más cara incluso que la de hogares y de industria. Qué ganas de crear problemas donde no los había. 

Para acatar esa resolución de la Corte y con el tiempo encima, todos los municipios de Chihuahua nos pusimos a revisar alternativas. Lo único posible para evitar un enorme hueco en las finanzas municipales que podría incluso derivar en cortes del servicio de alumbrado, fue acatar la resolución. El Municipio de Chihuahua y otros, con variantes, lo hicimos, calculando una tarifa única. Otros en mi opinión, y me refiero específicamente al Municipio de Juárez, decidieron ponerse a jugar con fuego, y crearon tres tarifas diferentes. Si la Corte decide que su propuesta es inconstitucional, los va a sancionar por desacato y les va a impedir cobrar el DAP, y entonces sí, a ver cómo le hacen para darle servicios y obras a la gente. Aun así, aunque quieran pasar nadando de muertito, la propuesta de Juárez es cobrar parejo a la gente, y cobrarle también a comercios y a industria. A todos. 

En el caso de Chihuahua, como señalé al principio, la propuesta es acatar la resolución. Entendemos las debilidades de esta propuesta, comprendemos lo injusto que puede ser que quienes pagan recibos de luz de cinco mil pesos paguen DAP igual que quienes pagan uno de 500. Pero sería una enorme irresponsabilidad dejar de prestar el servicio de alumbrado, o recortar en otros rubros indispensables. 

Aquí es donde la actitud mezquina, farisaica, las ganas de escandalizar, el interés único centrado en beneficio político, ha aflorado en entre el morenismo de la ciudad. Ellos se han opuesto a la propuesta, con la poca vergüenza para exhibir su incongruencia. Ahora que nos digan por qué la Comisión de Derechos Humanos Nacional, en manos de ellos, hace este atropello. Ahora digan por qué el remedio no viene por parte de CFE de aliviarnos esta cuota bajándonos las tarifas de luz acorde a las condiciones climáticas del estado, o por qué no nos proveen energía más barata de fuentes limpias y eficientes. O por qué el Gobierno federal no nos ofrece restituir los fondos de seguridad, de estancias infantiles, el fondo metropolitano, entre otros rubros, que en suma son más de 200 millones de pesos por año que nos han quitado, y de ese modo eliminar o bajar la tarifa DAP a niveles accesibles aun para el de menor ingreso. Actitud facilona la de Morena, la del aplauso gratuito, pero irresponsable 

Así azuzados, hay mucha gente que sin conocer el trasfondo se ha enojado, con razón, por esta medida. Tal como quedó asentado en el documento de la Ley de Ingresos de Chihuahua, se van a tomar medidas para ayudar a quienes se ven más perjudicados, y seguro que así va a ser. El alcalde Marco Bonilla ha dado su palabra y la cumplirá sin duda alguna, porque es responsable y no es un calculador miserable que está pensando en los puntos electorales que le quite o le dé esta acción. 

Aun falta la aprobación final en el Congreso del Estado. Tarea para nuestros representantes decirnos cuál esquema es el correcto, y ayudarnos a todos a buscar una solución de fondo, que no lastime al ciudadano, pero tampoco a las finanzas municipales, agotadas por el centralismo del actual Gobierno federal.