OPINIÓN

Del gym a Walmart... y con 8 mil 500 de sueldo

Tranquilo, relajado y muy 'fifí' se dejó ver en esta ciudad el diputado Benjamín Carrera mientras sus compañeros de bancada –allá en la ciudad de Chihuahua- tomaban la tribuna del Congreso

LA COLUMNA
de El Diario
jueves, 19 septiembre 2019 | 06:00

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Tranquilo, relajado y muy “fifí” se dejó ver en esta ciudad el diputado Benjamín Carrera mientras sus compañeros de bancada –allá en la ciudad de Chihuahua– tomaban la tribuna del Congreso y se desgarraban las vestiduras exigiendo respeto a los acuerdos que establecían que la presidencia del Poder Legislativo estaría a cargo de Morena, una silla que el diputado acariciaba y se le escapó de las manos.

Carrera simple y llanamente decidió no asistir a la más reciente sesión del Pleno. Abandonó a sus hermanos de partido y optó por pasarse una mañana “fitness” en un “gym” de donde se le vio salir horas más tarde sudado y fachoso para después encaminarse al Walmart Monumental.

Así de agitada es su agenda legislativa. Desde el inicio del actual período ordinario de sesiones, el pasado 3 de septiembre, Carrera acumula tres faltas. La comisión que preside, la de Desarrollo Social, no sesiona desde el pasado 22 de mayo.

Aspiraba a la presidencia del Congreso a pesar de que su desempeño deja mucho que desear. Acumula 15 faltas dentro de otras comisiones en las que participa como secretario o vocal, entre ellas la de Asuntos Fronterizos, de interés prioritario para los juarenses, que ha sesionado en seis ocasiones y en tres de ellas en ausencia del diputado.

Está claro que tras la rebatiña parlamentaria por la presidencia de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucupo), producto de la politiquería y no de la defensa de los legítimos intereses de los representados, Benjamín Carrera quedó con el orgullo apaleado y hoy le juega en contra a su propia bancada.

Se veía en la presidencia del Congreso. Lo había cantado a pecho abierto lo mismo en lo púbico que en lo privado. Creía firmemente que le tocaba. La rabieta aún no le hace digestión.

Quizá por eso le entró a las pesas y la caminadora, para liberar el estrés que lo está consumiendo, y podría ser una buena idea, siempre que lo haga cuando sus actividades deportivas no se contrapongan con sus obligaciones en el parlamento.

A Carrera se le olvida que un diputado como él representa un costo diario para el pueblo de ocho mil 500 pesitos, que incluyen su dieta, compensación, seguro médico, fondo de retiro y otros apoyos y recovecos que se solventan con los impuestos que cubren los chihuahuenses… esos que sí trabajan.


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Bien haría el comisario en jefe de la Policía Federal (PF) División Regional en Chihuahua, José Francisco Gutiérrez Zúñiga, nuevo coordinador de la Policía Federal, en salir de su oficina y darse una vuelta para ver cómo están trabajando los angelitos que tiene a su cargo.

Hay quejas, y frecuentes, por los puntos de revisión instalados por el norte del estado y buena parte del centro y algo del sur. Hacia la Sierra no se meten ni por equivocación. 

Han convertido en una trampa para extorsionar a los paisanos que tienen el infortunio de caer en las garras de los uniformados.

En la caseta de Sacramento, por ejemplo (tenemos las fotos en la versión digital), los agentes federales hacen su agosto en septiembre despojando a los visitantes de fuertes cantidades para permitirles continuar avanzando, mientras Gutiérrez parece no darse por enterado.

El comisario mantiene los ojos cerrados y desde su burbuja se entretiene enviando de manera constante tarjetas informativas en las que asegura que los elementos de la PF son más buenos que los ángeles de la guarda y que están dedicados al bienestar de los conductores que transitan por las carreteras.

Le hace falta abrir más lo ojos y sacudirse la ceguera del “no pasa nada” que debió contagiarle el comisionado de Seguridad Estatal, su compañero federal Óscar Aparicio Avendaño, cuando hace poco más de un mes tuvo a su cargo darle oficialmente la bienvenida al estado.


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De compras y lejos de los festejos patrios fue captado Jorge González Nicolás, exfiscal del Estado y exjefe policiaco de esta ciudad, disfrutando de un paseo por Ruidoso, Nuevo México, el pasado fin de semana largo. Anduvo en un Walmart sin temor alguno.

Dentro de ese supermercado el exfuncionario sorprendió a quienes lo reconocieron por la tranquilidad con la que se desenvolvía muy lejos de aquella estampa de enfado que mantenía cuando estaba a cargo de garantizar la paz y se daba de topes contra la inseguridad.

La imagen se la compartimos en la edición digital.

González Nicolás ha sido un personaje polémico, con observaciones a favor y en contra en los cargos desempeñados.

Vinculado estrechamente a Pablo Ernesto Rocha, quien posee antecedentes de tortura señalados cuando estuvo al frente de la Policía Estatal Única, y a Sergio Almaraz, exfiscal Zona Centro y actual director de Tránsito en Juárez; ambos han sido alfiles que Nicolás ha sabido mover a conveniencia, primero en la esfera del Estado, y gradualmente en el ámbito municipal.

Tras la renuncia de González Nicolás como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, diciembre del 2016, también Rocha dejó las funciones de director operativo de la corporación. Pasaron la estafeta asando a Ricardo Realivázquez Domínguez, quien permaneció en el cargo hasta el pasado nueve de septiembre.

Hoy la secretaría está a cargo de Raúl Ávila Ibarra, quien laboró en la Policía Estatal Preventiva durante la administración de César Duarte. 

A través de ellos tiene metidas más las manos en las estrategias de seguridad que en las compras del carrito que el pasado sábado empujaba en la tienda de autoservicio. Ésa pudiera ser la fuente de su tranquilidad.


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Apenas llegó a la Fiscalía General del Estado y comenzó una limpia profunda el nuevo administrador, Eduardo Fernández Herrera, exsubsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

Lo curioso es que la limpia parece dirigida nada más a los panistas; no se sabe si por instrucciones del fiscal general del Estado César Augusto Peniche o del propio gobernador Javier Corral, quien ordenó la reinstalación del exsubsecretario en ese puesto de segundo nivel.

Fernández Herrera llegó con tijera en manos hace cosa de un mes. Comenzó con una revisión profunda de todo el gasto que se destina a ese barril sin fondo que es el renglón de la seguridad en Chihuahua.

Curiosamente no le llamó mucho la atención lo que se va en equipos, armamento, planeación y ejecución de operativos, todo lo cual –en muchos casos– termina siendo financiamiento indirecto para los grupos del crimen organizado.

Tampoco se metió mucho a ver el enorme gasto en combustibles y mantenimiento de unidades, la depreciación de activos de la FGE y los costos fijos que además de grandes a veces resultan injustificables.

Lo que sí jaló su atención fue el gasto en nómina. Ahí empezó a meter la tijera, con la dichosa casualidad de que sólo le ha tocado a varios panistas de los pocos que habían encontrado lugar en la FGE.

Entre los afectados con el recorte se encuentra Diana Guerra, quien fuera la jefa del Departamento de Servicios de Seguridad Privada, más conocida por ser la esposa de José Luévano, el siniestrillo exsecretario particular de Corral Jurado.

Éste es el caso emblemático de los corridos por Fernández Herrera, pues la cónyuge del ahora titular del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa era de las “inamovibles” de la FGE.

Total que el personal administrativo de la Fiscalía ya empieza a conocer a su nuevo director, que para algunos es tan implacable como su tío, el amargado titular de Pensiones Civiles del Estado, Alberto “Tito” Herrera.


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Ayer el gobernador prefirió quedarse a la comida con los lecheros de Delicias que atender un compromiso previamente establecido con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pablo Héctor González. Si no fue plantón, estuvo muy cerca.

Obvio el tema para abordar era de urgente resolución, como dicen los superlativos diputados: la separación de Luz Estela Castro Rodríguez del Consejo de la Judicatura.

Por todos los medios, funcionarios estatales, el propio Poder Judicial y muchos de sus magistrados que coloquialmente pueden ser calificados más allá de miedosos, negaron y trataron de ocultar la situación de “Lucha”, publicada en esta columna varias veces y en las páginas de información general de El Diario.

Finalmente todo quedó claro como el agua y la timoratez expuesta. “Lucha” padece un cáncer agresivo y deberá tratarse por un tiempo indeterminado. No había necesidad de ocultar esa realidad, menos cuando se trata de una funcionaria no solamente de primer rango en la Judicatura, sino muy cercana al círculo íntimo del gobernador Javier Corral.

Hay una severa crisis en el órgano que ocupaba “Lucha”. Ése era el motivo del silencio. Cientos de expedientes abiertos por exámenes de jueces dirigidos irregularmente justo desde la Judicatura.

Era el tema que abordarían Corral y Pablo Héctor ayer. Igual que tantas cosas en Palacio, el gobernador decidió posponer su discusión.