Opinión

Decisiones que matan

No es malo equivocarse, sucede todo el tiempo, lo malo es aferrarse al error y sostenerlo, más aún cuando ese error puede costar más vidas de personas

Francisco Ortiz Bello
Analista

domingo, 08 noviembre 2020 | 06:00

Sabido es que gobernantes y generales, eventualmente, durante una guerra deben tomar decisiones que cuestan vidas humanas, puede resultar cruel y hasta criminal para algunos, pero la guerra así es. Es la cruda y cruel realidad. Lo que resulta inexplicable y harto condenable es que, en tiempos de paz, las decisiones de algunos gobernantes puedan resultar en altos costos de vidas humanas, sobre todo cuando lo que se pretende es, precisamente, evitar las muertes.

Ese es el caso del Gobierno federal y del Gobierno estatal en la aplicación de las medidas y estrategias para enfrentar la pandemia ocasionada por el coronavirus y la enfermedad que provoca. Pero del Gobierno federal nos ocuparemos en otra ocasión. Hoy, vamos a analizar el decreto del Ejecutivo estatal que pretende inmovilizar a los chihuahuenses para frenar la velocidad del contagio por Covid-19.

Luego de haber permanecido por apenas unas semanas en semáforo amarillo, el relajado comportamiento social y la falta de medidas por parte de autoridades de salud (pruebas masivas, seguimiento a contactos de casos positivos, establecimiento de cercos sanitarios específicos y focalizados, etcétera) provocaron el incremento desmesurado en la velocidad de contagio por Covid-19, así como el número de fallecimientos y la ocupación hospitalaria.

Situación que se veía venir desde que pasamos de naranja a amarillo lo que, incluso, fue reconocido en su momento por las autoridades sin que se hiciera nada al respecto, sin que se actuara de ninguna manera en ese instante, para endurecer las acciones restrictivas en contra de quien se negaba a cumplirlas, por un lado, pero en otra vertiente prepararse adecuadamente con lo que ya se anticipaba, con más camas de hospital, con equipo médico y de protección suficiente, con oxígeno y medicamentos, en fin, hacer lo que era necesario hacer ante el escenario que ya se avizoraba. Nada de eso se hizo.

Ante la ola de nuevos contagios, fallecimientos, hospitalizados e intubados, que se presentó hace dos semanas y que, sigue creciendo desproporcionadamente, al gobernador Corral no le quedó más remedio que tomar acciones que, a mi juicio, resultaron equivocadas por ser producto de la desesperación, sin sustento legal, carentes de una buena estrategia operativa y de logística para su implementación, pero sobre todo sin objetivos claros y bien definidos.

Fue así que, con este fin, el Consejo General de Salud de Chihuahua sesionó el pasado lunes 2 de noviembre, no obstante ser un día inhábil. Sin embargo, las medidas adoptadas en esa sesión fueron informadas por el gobernador Corral hasta el miércoles por la mañana, durante la transmisión de su programa matutino por redes sociales, transcurriendo toda la tarde del lunes y todo el día del martes, entre rumores y filtraciones sobre el contenido del acuerdo, y las restricciones que contenía, lo que generó un gran desasosiego e inquietud entre la población. 

Todavía hoy se corren rumores y “borregos” verdaderamente absurdos y hasta ridículos sobre el tema, pero que tuvieron cabida ante el enorme vacío informativo de más de 36 horas provocado por la autoridad estatal.

Ese mismo día, miércoles 4 por la mañana, se informó el contenido del decreto y salió publicado en el Periódico Oficial del Estado, lo que supone desde luego una elaboración previa desde el día anterior, para las necesarias revisiones y firmas, entonces la pregunta que surge es ¿qué fue lo que impidió al gobernador informar del decreto desde el mediodía o tarde del martes? Primer punto negativo.

La exposición pública del decreto, a cargo del gobernador, dejó más dudas que certezas. Atropellada, confusa, ambigua, en medio de un mar de palabrería para justificar las acciones, más que para explicar los alcances de cada restricción, clarificando con puntualidad los objetivos de cada una. No, el gobernador optó por su desgastada y mareante verborrea, clásica y muy usual en los políticos de su estilo, pero que a la hora de la verdad no sirve mucho para comunicar eficientemente temas de tal trascendencia e impacto social.

Las reacciones no se hicieron esperar. Ante lo confuso e incoherente de las medidas decretadas, de inmediato diversos sectores sociales se manifestaron al respecto, aun sin haberse implementado en la práctica.

El abogado José Antonio Navarro Castañeda, vicepresidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez, declaró a El Diario: “El gobernador Javier Corral no tiene facultades para emitir ningún decreto ni medida que restrinja la movilidad de los chihuahuenses. Suspender la movilidad es un toque de queda disfrazado”.

El abogado dijo que el decreto publicado en marzo por la Secretaría de Salud que obliga a las entidades federativas a establecer y ejecutar los mecanismos conducentes a la reducción de la movilidad de los habitantes entre municipios con distinto grado de propagación, se tiene que cumplir en función de los criterios que dispongan las autoridades sanitarias federales.

“El Gobierno de la República a través de salubridad federal establece mecanismos y suspensiones de acuerdo a sus facultades, pero no faculta a las entidades, les dice la obligación que tienen de realizar mecanismos de atención de la salud dándoles seguimiento a lo que está en el decreto, pero no los faculta para que autoritariamente o autónomamente realicen suspensiones”, agregó.

Si bien los principales líderes de grupos o cámaras empresariales o de comerciantes brindaron su respaldo al mandatario estatal, la verdad es que, en privado, los integrantes o afiliados de dichos grupos manifestaban su enojo por las medidas implementadas, ya que significaban un duro golpe a sus empresas o negocios, pero también, por ende, a la economía local.

No entraré aquí a profundizar a detalles los motivos de confusión entre la población y los diversos sectores sociales, porque sería contribuir al desconcierto, pero fueron muy evidentes los puntos que generaron molestia por confusos.

Analicemos los objetivos centrales de la estrategia contenida en ese decreto. Al menos identifico tres grandes objetivos: disminuir la movilidad social y reducir considerablemente las aglomeraciones de personas, tanto en lugares públicos (comercios, oficinas, gimnasios, restaurantes, etcétera) y, tres, como consecuencia de los dos anteriores, disminuir la velocidad de contagios, la ocupación hospitalaria y, por ende, los fallecimientos por Covid. Esos eran los fines que se perseguían con el decreto.

A tres días de su implementación y el primer fin de semana incluido, ya podemos preguntarnos ¿Se lograron los objetivos de la estrategia estatal? No, la respuesta es no. Sin vueltas ni falsas argumentaciones, la estrategia no funcionó. 

Las redes sociales se inundaron de imágenes y videos en los que se pueden ver claramente las enormes filas para ingresar a los supermercados, ya que, ante el cierre definitivo por dos días (sábado y domingo), se desataron las compras de pánico, principalmente de alimentos y artículos para la higiene y desinfección.

Así, tenemos que, por un lado, mucha gente se congregó en un mismo espacio cerrado para adquirir productos de primera necesidad, en un lapso de tiempo muy breve, demandando cantidades inusuales de productos, e interactuando por períodos de tiempo considerable bajo un mismo espacio cerrado. Factores todos que elevan la posibilidad de más contagios. Además del problema de las largas filas, se generó desabasto importante de algunos productos fundamentales para la población en estos momentos.

¿Se disminuyó la movilidad social? Parcialmente. Solo después del horario establecido (7 pm a 6 pm), pero dentro del horario permitido en realidad se incrementó inusualmente, lo que era lógico prever, ya que ante la restricción la gente se volcó a las calles para realizar sus compras o actividades necesarias, poniendo en circulación a más personas dentro de un horario restringido.

En realidad, lo que se debió hacer, más que restringir los horarios de tiendas comerciales, era ampliar obligadamente sus horarios de atención, para que así los ciudadanos tuvieran la opción de realizar sus compras en forma escalonada en el horario que mejor le conviniera, incluso durante la madrugada evitando las aglomeraciones que provocan más contagios.

Se prohibió la modalidad de “ordenar y recoger” a los restaurantes, ocasionando con ello un perjuicio directo al consumidor, porque obliga a pagar un costo adicional por el uso de plataformas como UberEats, Didi o Rappi, cuando en realidad el que sea el usuario directamente quien recoja su orden de alimentos es una actividad segura y de muy bajo riesgo de contagio.

Hay muchas fallas más a señalar, pero pienso que lo más importante en este caso no es criticar y señalar lo malo, sino por encima de todo resaltar la enorme necesidad de una revisión del decreto. No es malo equivocarse, sucede todo el tiempo, lo malo es aferrarse al error y sostenerlo, más aún cuando ese error puede costar más vidas de personas. Valdría mucho la pena revisar y corregir.