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Opinión

Decisiones contra Derechos Humanos: caso JMAS

El mensaje del alcalde, sin duda, fue en demasía alarmante, sin embargo, confieso que situé el mismo en 'tela de duda'

Jorge Breceda
Analista

miércoles, 27 julio 2022 | 06:00

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Uno de los grandes retos al inicio de una administración, ya sea federal, estatal o municipal recae en la elección de quienes acompañarán al Poder Ejecutivo a lo largo de la administración. Por ello, la conformación de un equipo de trabajo eficiente logrará que las vicisitudes y retos en el período de gobierno se conviertan en oportunidades para de innovación gubernamental. 

Para lograr lo anterior, se cuentan con varias opciones, la primera -más lógica- es respetar el perfil de puesto del cargo público que se encomendará, como ejemplo, se podrá decir que el departamento jurídico de la dependencia “x”, no puede estar en manos de un diseñador de interiores. 

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La segunda opción -menos recomendada- es cuando la decisión del Ejecutivo considera que tal perfil, aún sin preparación académica directamente relacionada, cuenta con las habilidades y competencias necesarias para dirigir una dependencia, en esos casos, es indispensable que la persona designada cuente con un equipo que le permita comprender la disciplina o disciplinas que desconoce al no tener dicha formación académica.  

Ahora bien, es importante mencionar que nuestro presidente municipal realizó por medio de diversa red social el siguiente mensaje: “Pido a la @jmasjuarez y a su director, Sergio Nevárez, que levante inmediatamente el bloqueo que está impidiendo llevar agua a las familias de los kilómetros con pipas del municipio. El agua es vital y no vamos a descansar hasta que esta situación cambie”. 

El mensaje del alcalde, sin duda, fue en demasía alarmante, sin embargo, confieso que situé el mismo en “tela de duda”, formulé algunas hipótesis basadas en que pudiera tratarse de un asunto de animadversión entre particulares o meramente un conflicto político en el que existían dos versiones antagónicas sobre un mismo hecho. 

El problema es que me equivoqué, sin duda, existió un grave error en la formulación de las hipótesis antes descritas. Lo anterior, ya que de primera mano sobrellevé la decisión pública consistente en la frase coloquial de “cortar el agua”, disposición gubernamental en la que se exhibe, de manera plena, la ignorancia sobre derechos humanos.

Lo anterior, al no comprender que los gobernantes tienen la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos suscritos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diversos instrumentos internacionales -en materia de derechos humanos- suscritos por el Estado Mexicano.  

En lo que se refiere al servicio de agua potable, es indispensable que la autoridad o su equipo de trabajo reconozcan en el artículo primero y cuarto constitucionales, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Observación General Número Quince del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, lo reconocen como un derecho fundamental. 

Lo anterior, se escruta al dar simple lectura al párrafo sexto del cuarto constitucional que indica: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

Seguramente se estará preguntando ¿me pueden suspender el servicio de agua? La respuesta es categórica: NO. Aquellas administraciones de Juntas de Aguas que cuentan con mínimo conocimiento de Derechos Humanos comprenden que no pueden hacer tal barbaridad y optan por dos situaciones: reducen la presión o notifican un horario en el que se suministrará el servicio.  

Lo anterior, no tiene margen de negociación, es un derecho que no se puede suspender permanentemente en ninguna circunstancia, entiéndase, al hacer tal cosa se pone en riesgo la vida, la salud y un sinnúmero de derechos humanos que le son interdependientes al derecho al agua potable. 

Ahora bien, lo alarmante de tal directriz pública es que no se cuente con un mínimo de actualización, la reforma constitucional a la que se hace referencia (agua potable como derecho humano) es del 8 de febrero del 2012, es decir, no se justifica que por ser una modificación reciente, se desconocía.  

Segundo, todo servidor público tiene la obligación de conocer el marco normativo en el que se suscribe su cargo, tal situación me recuerda la diferencia entre ignorancia culposa y dolosa, la primera, remite al desconocimiento de cuestiones que se reconocen como lejanas al actuar cotidiano, la segunda, como aquellos conocimientos que debería de tener y por negligencia no se cuenta con ellos. 

Para concluir, lo ideal sería que todo servidor público cuente con el conocimiento requerido en materia de derechos humanos para desempañar su cargo o como mínimo, contar con la humildad de conformar un equipo (interdisciplinar) de trabajo al que se le escuche, de no ser así, lo que le corresponde a la ciudadanía es acudir a órganos no jurisdiccionales y jurisdiccionales contra esas decisiones identificadas como inconstitucionales. 

 

 

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