Opinión
OPINIÓN

Deberá cantar en Dallas por sangre de Chihuahua 

El proceso que se sigue contra Genaro García Luna en una corte de los Estados Unidos es punta del iceberg que explica la ola de terror que sacudió a Chihuahua durante una década de violencia

LA COLUMNA
de El Diario

domingo, 15 diciembre 2019 | 06:00

El proceso que se sigue contra Genaro García Luna en una corte de los Estados Unidos es punta del iceberg que explica la ola de terror que sacudió a Chihuahua durante una década de violencia. Aún es sufrida esa secuela en miles de huérfanos, viudas; traumatismo y descomposición social.

Hablar de 21 mil muertos durante el fallido Operativo Conjunto Chihuahua implementado del 2006 al 2012, es decir nada si no se muestran los rostros, con nombre y apellido de víctimas, con participación cómplice de cuerpos policiales civiles y militares, que incluso debió llegar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

El sexenio de Felipe Calderón bajo la dirección del “superpolicía de las maletas García Luna” siempre estuvo manchado de acusaciones que relatan protección oficial al Cártel de Sinaloa, en disputa con el Cártel de Juárez por el dominio y control de una de las principales rutas de trasiego de drogas hacia la Unión Americana, pero nada se hizo al respecto.

Los señalamientos se estrellaron de manera continua con una pared de indiferencia que hoy está presente con una reedición de inseguridad y asesinatos. Las evidencias se encuentran ahí en el continuo recrudecimiento de la violencia.

Si en aquel entonces esa inactividad resultó criminal, por la estadística de muertes, con asesinatos emblemáticos, como los acontecidos contra Miguel Etzel Maldonado, Mario González, Sandra Salas, Benjamín LeBaron o las masacres en Salvárcar, Creel, Madera, El Aliviane, hoy no estamos muy lejos de una de las épocas más negras y de triste memoria que tiene nuestra entidad.

***

El despacho de Mario González Rodríguez, hermano de quien en ese momento era ya exprocuradora general de justicia, Patricia González, se encontraba ubicado en la tranquila colonia Santo Niño, en la ciudad de Chihuahua.

Hasta ahí llegó un comando fuertemente armado donde fue levantado con lujo de violencia. Semanas después fue encontrado en una fosa clandestina con varios cuerpos más. 

Circuló con respecto a dicho homicidio un video en el cual, de rodillas, y rodeado de hombres armados, Mario era atormentado e interrogado con preguntas y respuestas evidentemente preparadas por sus asesinos.

Fue adjudicado el ataque al representante del Cártel de Sinaloa en Chihuahua y Durango, Noel “El Flaco” Salgueiro, extraditado también este fin de semana a los Estados Unidos.

Las “revelaciones” de aquel feroz interrogatorio a González involucraban además la supuesta orden y responsabilidad de ejecutar a Miguel Etzel y a Benjamín LeBaron, crímenes de alto impacto en la comunidad, con alta repercusión política y social.

Etzel había sido dirigente del Partido Revolucionario Institucional, exprocurador de justicia, era un académico respetado. Fue muerto enfrente de su casa en octubre de 2009.

Benjamín LeBaron era miembro de la comunidad mormona asentada en Galeana y fue un activista contra el secuestro, particularmente para lograr la liberación de su hermano Erick. Sus denuncias llevaron a la detención de dos decenas de presuntos delincuentes en Nicolás Bravo, municipio de Madera, vinculados a un grupo del crimen organizado.

Pues en julio de 2009 su casa fue asaltada por un comando armado, que sometió a la familia y se lo llevó junto con su cuñado Luis Carlos Widman. Ambos fueron encontrados sin vida en una brecha. Desde aquel entonces los LeBaron amenazaron con asumir su propia defensa, armándose para hacer frente a la delincuencia.

A diez años de aquella desgracia, volvieron a ser lamentable noticia. Nada ha cambiado. Perdieron a nueve de sus familiares en una brecha colindante entre Chihuahua y Sonora. En medio de todo, involucrado el cártel protegido por García Luna.

Paradójicamente, ayer y hoy, los crímenes ocurrieron en medio de uno de los operativos más grandes contra la delincuencia. En aquel entonces fue el denominado Operativo Conjunto. 

El homicidio del hermano de la exprocuradora ocurrió en un contexto previo de ataques contra de personal de mando muy cercano a Patricia González Rodríguez.

Su jefa de Asuntos Internos, la responsable de perseguir a los elementos corruptos de la corporación, una de sus gentes de mayor confianza, Sandra Salas, había sido asesinada en una emboscada en Ciudad Juárez, unos meses antes. 

La operación de la Policía Estatal era dirigida desde afuera de la corporación por un exagente policiaco, Julio Porras, quien fue “rescatado” y entregado a los estadonidenses por la propia exprocuradora tras un atentado del que sorprendentemente escapó con vida a pesar que murieron varios guardaespaldas y policías que lo “cuidaban”. 

Era evidente la descomposición del cuerpo policiaco y ministerial estatal, que llegó también al círculo más próximo del gobernador Reyes Baeza, en una agresión que se dijo nunca fue atentado, pero que provocó la muerte de uno de sus policías “satélite” mientras escoltaba al exgobernador por el Periférico de la Juventud en Chihuahua.

En esa época el gobernador sufrió una parálisis de rostro. Se especuló fue parte de la crisis emocional sufrida. De ese tamaño estaba la violencia.

***

Si los crímenes relatados retratan con prístina crudeza la violenta situación vivida en Chihuahua durante el Operativo Conjunto, las masacres son de tal magnitud que a la distancia aún dejan una huella que no se puede borrar, en miles de víctimas indirectas, que aún lloran a sus muertos.

En Villas de Salvárcar, 14 jovencitos reunidos en una fiesta murieron en un ataque terrible; lo mismo ocurrió en Creel, en el Bar Colorado, el Bar Río Rosas o el centro de rehabilitación El Aliviane, por sólo citar algunos.

Con sus diferencias de situaciones concretas, estos crímenes causaron indignación generalizada y terror en la población. Restaurantes, bares y muchos negocios quedaron desolados.

Se cuentan por miles los chihuahuenses víctimas colaterales de la operación militar y policial que se pone en duda y se cuestiona en un tribunal norteamericano, con García Luna como principal implicado y responsable.

Detrás de él existieron mandos con distintos niveles de responsabilidad. Uno de ellos, el comandante Felipe de Jesús Espitia, titular de la Quinta Zona Militar en aquellos tiempos, recientemente fue cuestionado dentro de una resolución emblemática emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Se trata de la determinación de condenar al Estado Mexicano por la desaparición de Ángel, Nitza y Rocío Alvarado, ocurrida en diciembre de 2009 en Buenaventura, en medio de acciones militares que siempre fueron negadas oficialmente.

Las investigaciones efectuadas por la misma familia y organizaciones derechohumanistas dejaron en claro al tribunal americano de derechos humanos la intervención de fuerzas castrenses y de seguridad pública federal en las acciones que desaparecieron a los primos Alvarado.

Pese a las evidencias, Espitia siempre negó los hechos, incluso la presencia de elementos militares en la zona en las fechas señaladas por los denunciantes.

Fue una época de franca colusión entre autoridades y crimen organizado, que poco a poco sale a la luz y muestra una descomposición que está de regreso.

***

Para 2008 la tasa de homicidio creció casi hasta los 100 asesinatos por cada 100 mil habitantes en el estado de Chihuahua. Una década después estamos casi a la mitad, dentro de los primeros lugares y muy por encima de la media nacional.

La estadística no es para nada alentadora. El ábaco no engaña: estamos ciertamente lejos del nivel de violencia que se tuvo en la época negra de García Luna como secretario de Seguridad Pública nacional pero con números igual de preocupantes: más de siete mil 700 asesinatos sólo durante los tres años que lleva de administración Javier Corral.

Justamente la percepción ciudadana de inseguridad es muy distinta al dato frío de los números que la autoridad insiste en presentar para generar tranquilidad.

Regresaron las masacres, donde el atroz crimen contra los LeBaron es muestra palpable del recrudecimiento de la violencia, que coincide de nuevo con el Ejército en las calles patrullando de manera conjunta como ocurrió hace 10 años.

Si en aquel entonces la estrategia falló de manera rotunda, nada dice que ahora, con rostros muy similares, idénticos, a los que acompañaron a los grandes operativos conjuntos, vaya a funcionar.

Particularmente cuando la estrategia de seguridad en el estado permanece atada a un funcionario que es Policía Federal con licencia, formado en las filas y bajo las mismas mañas, ahijado de García Luna, chaperón hoy del gobernador.

Óscar Aparicio no ha sido ninguna garantía de efectividad como cabeza protegida de la Comisión Estatal de Seguridad. Al contrario, es demostración del empecinamiento y presumible ceguera de Javier Corral.

Es parte de la sombra del exjefe policiaco federal detenido ahora en Dallas que nos explica parte de lo ocurrido entre 2006-2012 en el país, específicamente lo ocurrido en Chihuahua, y la víspera de mayores aclaraciones sobre los protagonistas de la corrupción en la entidad durante ese período.

Te Puede Interesar