Debe ocasionar espanto la tragedia

• Debe ocasionar espanto la tragedia

• Cajera empuja a la recaudadora...a la calle

• Quieren darle fuero por si las moscas

• Tribunal será bombardeado por amparos

Algunos extremistas reaccionaron intensamente por lo que fue considerado, sin razón alguna, la defensa de unos violadores en La Columna de ayer.

Jamás fue revictimizada la maestra de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez atacada sexualmente por cuatro doctores, menos justificado el delito o la actitud de los ahora acusados. Ni una frase al respecto puede ser hallada en el texto de ayer.

Al contrario, ese punto queda a la investigación y sanción de las autoridades ministeriales y judiciales, que deberán determinar lo ocurrido, el delito, la responsabilidad y el castigo que proceda.

Deben ser las autoridades las que den resultados y apliquen la ley, con pleno respeto a los protocolos existentes para estos casos y con absoluto cuidado de la víctima. Punto.

La opinión presentada únicamente englobó el suceso y las consecuencias que enfrentan todos: la víctima, una sociedad lastimada por la violencia sexual y las mujeres particularmente.

Ya es otro cantar si se desean abordar los puntos de defensa jurídica de los atacantes o si en las redes sociales se victimiza aun más a la maestra atacada, pues las opiniones son tan diversas como la naturaleza de cada persona. Cualquier medio de comunicación masivo o individual ocasiona idénticas reacciones; muchas encontradas, nunca uniformes.

Las hay desde los que en efecto defienden a los acusados por la violación tumultuaria y los que condenan su irracional y delictivo comportamiento; hasta los que señalan a la mujer –típica defensa misógina y machista– como culpable por acudir a una fiesta y embriagarse.

Pero la reflexión debe ir más allá de esas expresiones, como la tragedia va más allá de los directamente involucrados.

No hay de qué espantarse en una opinión que se publica libremente, como tantas. Otra tragedia sería que nadie pudiera expresar sus puntos de vista como lo hicieron menos de 10 personas en el estacionamiento de El Diario y decenas de miles en la interactividad de redes. El respeto va en ambas vías.

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Ahora que está de moda como deporte oficial el beisbol, podríamos decir que la recaudadora de Rentas en Juárez, la exdiputada local panista Laura Marín Franco, se ha puesto en tres y dos, con casa llena y en la parte alta de la novena entrada con dos carreras en contra. Para los que no sepan del hoy deporte nacional, eso significa que está prácticamente con un pie en la calle.

La exlegisladora juarense no pudo mantener los índices de recaudación y atención a contribuyentes que le dejó Sergio Nevárez, pero además las quejas de usuarios se cuentan por cientos.

Aquí en este espacio hemos señalado el terrible cuello de botella que se hace en la atención a contribuyentes, cuando la página web se cae justo entre los días 15 y 17 de cada mes, fechas límite para la declaración y pago de impuestos, con todos los inconvenientes que eso implica a empresas y despachos de contadores, sin que hasta la fecha Laura Marín haya tomado cartas en el asunto.

Ha sido tal la soberbia y desconocimiento de la función pública de Marín, que ha llegado incluso a cuestionar abiertamente las instrucciones que recibe de sus mandos superiores, desatendiendo indicaciones para “levantar” la recaudación y otros índices importantes en la atención a contribuyentes.

Pero lo que vino a poner en estado de alerta a los mandones de la Secretaría de Hacienda es una denuncia formal que presentó ante la Función Pública una cajera. Sí, una cajera de nombre Nancy Liliana Urquidi, que denuncia estar siendo hostigada por la recaudadora, y se queja de ello ante la instancia revisora del actuar de los funcionarios estatales.

En la versión digital presentamos el documento de la denuncia.

Laura Marín se negó a renovar contrato a la cajera. Desde las oficinas centrales de la dependencia llegó la orden de renovarlo, ya que su incapacidad médica derivaba de un grave problema de salud, pero como eso no le gustó a la recaudadora, una orden superior, se ha dedicado a hostigar a la empleada, “a darle infierno” como se dice coloquialmente. Y si a eso le sumamos todos lo antecedentes que había, la verdad no se comprende cómo es que aún siga en esa posición.

El problema está a tal nivel que ni la vicegobernadora Lety Corral, que dicen la puso ahí, ha podido meterla en orden. Lo dicho, no le queda mucho al frente de la dependencia.

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De uno de los designados como magistrado del nuevo Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Gregorio Morales Luévano, que se coló en un sorpresivo acuerdo del PAN y Morena, comienza a decirse que le urge el fuero y el Palacio de Gobierno estuvo dispuesto a hacerle el favor.

El cuasimagistrado –porque fue designado pero no rindió protesta el mismo jueves de la sesión del Congreso del Estado– arrastra problemas de la Secretaría de la Función Pública del nuevo amanecer, de donde fue extraído para postularse al cargo.

Morales Luévano estuvo a cargo, junto con personal de la Secretaría de Hacienda y de la Fiscalía del Estado, de armar algunos expedientes sobre actos de corrupción del sexenio de César Duarte, pero en algunos es posible que se le haya pasado la mano por órdenes superiores.

De esos expedientes está bien que la mayoría no son de presos políticos sino políticos presos, pero hay casos en los que hubo excesos y los abogados defensores de varios acusados preparan su contraataque. De ahí la urgencia personal del fuero, porque el Gobierno al que sirve no será eterno y el cargo de 15 años que le pretende regalar paga con creces sus servicios.

Parece que no le iban a hacer el favor, pero ante la pésima operación de Fernando Álvarez Monje, coordinador parlamentario del PAN, para sacar una lista de magistrados consensuada, de rebote le llegó una magistratura al ser parte del plan B de Palacio.

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Dos puntos flacos tiene la decisión del Congreso del Estado de haber sacado un par de magistrados del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, dejando de lado su responsabilidad de nombrar un tercero.

El primero es que de la lista de los 10 aspirantes aprobados por la Junta de Coordinación Política, curiosamente los mejor votados no son los mejores calificados en la entrevista y el examen de conocimientos, lo que evidencia los intereses políticos detrás de cada decisión.

Este punto es demasiado delicado jurídicamente porque ya hay inconformes con la designación de Alejandro Tavares y Gregorio Morales Luévano, dado que no hay argumentación de los legisladores en el nombramiento de cada uno y la discriminación de los otros.

El otro punto débil es lo que se pasaron por el arco del triunfo los diputados, por salir corriendo de la sesión del pasado jueves.

La violación a la convocatoria, que marcaba designación de los tres y toma de protesta inmediata también de los tres, puede ser causa de alegatos en los tribunales también, por parte de quienes se sintieron agraviados por salir bien calificados en entrevista y examen, pero fueron dejados de lado sin explicación alguna.

La jugada que atribuyen al presidente del Congreso del Estado, Jesús Villarreal Macías, que seguramente de algún lado recibió órdenes, fue dejar al garete a los dos designados, sin que rindieran protesta, hasta que hubiera el tercero nombrado en otra sesión.

Pero en ese caso de hacer nombramientos en abonos, pues mejor hubieran realizado un proceso de designación magistratura por magistratura y no las tres en paquete.

El punto es más discutible con una buena argumentación jurídica. Que se preparen los abogados del Legislativo, que el trabajito extra con un bombardeo de amparos le caerá a ellos.