De nuevo el corralato busca tumbarla

-De nuevo el corralato busca tumbarla

-Llevan un mes trabajando productores de Netflix

-Las panistas contra la flojera del gobernador

-Espera ‘El Yukon’ dinero de Redes

Con la presión feroz de Javier Corral a todo lo que da en el Poder Judicial, llegó la fecha de la audiencia en la que se buscará imputar nuevos cargos a la alcaldesa con licencia de Chihuahua y candidata a gobernadora, María Eugenia Campos.

Hasta ayer en la tarde seguía en firme la diligencia en el área de Gestión Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que se ha convertido en el campo de batalla donde el gobernador pretende doblegar, a punta de autos de vinculación a proceso, a la candidata a sucederlo con la alianza PAN-PRD.

Ahora será la Fiscalía Anticorrupción, autónoma de papel, la que busque formular la imputación y avanzar hacia una nueva vinculación a proceso. Se espera de la parte acusadora algún as bajo la manga desconocido para la defensa, como fue en la anterior audiencia, para tratar de sorprender.

Sin embargo, los defensores encabezados por el exprocurador Paco Molina no estarán de brazos cruzados. Si hay algo fuera del expediente es previsible que se exija el diferimiento. Será un volado.

También será fundamental el papel de la autoridad municipal, representada por la alcaldesa suplente de Maru en Chihuahua, María Angélica “Manque” Granados, incorporada como parte en el caso judicial.

La historia sigue. Hay mucho tiempo de aquí al día de la elección.

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Con la presión feroz de Javier Corral hacia el Poder Judicial y hacia sus propios ministerios públicos, hoy habrá de nuevo audiencia judicial.

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La borrachera del martes en la Casa de Gobierno fue solo uno de los muchos actos intermedios llevados a cabo por un equipo televisivo que prepara nueva exhibida mediática contra el exgobernador, César Duarte.        

Fuentes muy cercanas a Manuel “Igor” del Castillo, coordinador de Comunicación Social del Gobierno estatal, soltaron ayer que desde hace un mes andan trabajando en ese objetivo los técnicos y camarógrafos de una productora apalabrada con Netflix.

Desde el Gobierno del Estado el equipo ha sido llevado a casas que son de Duarte, a sus ranchos, y a propiedades de los distintos personajes involucrados en los famosos “expedientes x” u “Operación Justicia para Chihuahua”.

Una decena de duartistas permanecen recluidos en una cárcel de Chihuahua y el propio exgobernador en Florida. Se supone deben ser jueces de las diversas causas los responsables de las propiedades aseguradas, pero todo indica que Javier Corral posee las llaves para decir quién entre y quién sale.

La producción se estuvo llevando a cabo en absoluto sigilo hasta el martes por la noche que involucraron en “el rodaje” a varios funcionarios menores de la Fiscalía General de Justicia.

Fueron llevados bajo engaño a la Casa de Gobierno. Evaluarían temas de seguridad en general, pero pronto cayeron en cuenta que se trataba del “documental para Netflix” con el jefe de los Xs en el lugar, “Paquito” González;  el fiscal general del Estado, César Augusto peniche; y el mismísimo Javier Corral, haciendo gala de buena garganta para la “beberecua”.

Concluyeron las tomas de video, “los testimonios”, y se siguieron con el aquelarre hasta pasada la media noche. Los productores fueron trasladados a su hotel, El Mirador, cerca de la una de la mañana. Ni sana distancia ni horarios restringidos para la ingestión de alcohol.

Dinero público tirado a la basura en todo eso. El estribillo contra Duarte ya tiene casi cinco años y sigue Corral sin captar un solo punto de confianza entre los chihuahuenses porque su régimen ha salido peor que la del ballezano, sin faltar la profunda corrupción.

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Lo hicieron primero en privado y no funcionó, por eso ayer las diputadas panistas desligadas del Palacio plantearon hacer el regaño en público a los secretarios del corralismo que por seguir el ejemplo de su jefe se han olvidado de trabajar en lo suyo.

Las legisladoras Carmen Rocío González, Patricia Jurado, Georgina Bujanda y Marisela Terrazas entregaron al Congreso del Estado una propuesta para hacer un llamado a Luis Fernando Mesta, Luis Felipe Siqueiros y Mónica Vargas, por olvidarse de reglamentar leyes debidamente expedidas y vigentes.

A los secretarios de Gobierno, de Desarrollo Urbano y la Función Pública les reclamaron no haber elaborado los reglamentos de la Ley de Transporte, la Ley de Asociaciones Público Privadas y la Ley de Bienes del Estado, cuyos plazos ya están más que agotados.

La normativa que regula el transporte fue publicada en el Periódico Oficial el 21 de marzo de 2020 y establecía un plazo de 90 días para su reglamento. Hasta la fecha no lo hay.

La referente a los bienes estatales, expedida en febrero de 2020, marcaba 180 días para su reglamentación; y la correspondiente a la asociación de capital público y privado daba un plazo igual, de seis meses, pero fue expedida desde marzo de 2019.

Tampoco esas cuentan con su respectivo reglamento que debe emitir, por ser un tema administrativo y no legislativo, el Ejecutivo.

Las peticiones mediante oficio de parte de las diputadas panistas fueron olímpicamente ignoradas por los secretarios corralistas. Y no fue por la coyuntura actual, sino a causa de la característica flojera gubernamental que con el ejemplo predica Javier Corral.

Por un lado las leyes vigentes sin reglamentación pueden aplicarse con la mayor discrecionalidad y opacidad; por otro lado entorpecen la marcha de los asuntos públicos al no haber definidos pasos a seguir.

Ni cómo perdonar el regaño y la exhibida que buscan las legisladoras a tan deficiente equipo de secretarios.

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Es hasta finales de abril cuando al partido Redes Sociales Progresistas, que dirige Fernando González, yerno de la maestra Elba Esther Gordillo, le empezarán a fluir los recursos de sus prerrogativas nacionales por la escasa cantidad de 169 millones de pesos.

A nivel estatal a RSP le van a tocar apenas unos tres millones de pesos del erario, con lo que deberá competir para mantener el registro local.

Ese montón de recursos será con lo que enfrentará el reto electoral en todo el país; una apetitosa rebanada con varios dígitos en su cheque para campaña es lo que espera el candidato a alcalde por Juárez, el diputado Misael Máynez Cano, el famoso “Yukón”.

El fundador y destructor del Partido Encuentro Social, hoy Encuentro Solidario, no ha dejado su cargo en el Congreso del Estado. No lo hará hasta el comienzo de la campaña a fines del mes y cuando tenga segura una buena cantidad que le garantice el negocio, que nada tiene que ver con ganar la elección.

De eso ha vivido el legislador, viejo aliado de la mayoría panista en el Congreso cuando alcanzaba para comprar su voto.

Por eso es que el expriista Jorge Lechuga de la Peña, dirigente estatal de RSP, deberá estar muy vivo para que “El Yukon” no le coma el mandado.

Al menos es la advertencia que ha recibido el líder partidista que, al parecer, nunca había sido bien informado de los antecedentes de quien resultó abanderado por la frontera, en fórmula con la expanista Vicky Caraveo, que irá de candidata a síndica.

Harán bien los de RSP en no quitarle el ojo de encima a Máynez. En un descuido los deja hasta sin las siglas que Elba Esther tiene concesionadas mediante un prestanombres.