Opinión

De la invisibilidad y el significante de los derechos humanos en las campañas electorales

La historia institucionalizada se encuentra ausente de una narrativa que exponga a la comunidad con alguna discapacidad, la población LGBTI y a la extranjería

Jorge Breceda
Analista

sábado, 17 abril 2021 | 06:00

La historia institucionalizada -la “políticamente” correcta- se encuentra ausente de una narrativa que exponga a la comunidad con alguna discapacidad, la población LGBTI y a la extranjería como parte trascendental del quehacer social, siempre han estado presentes, pero nunca se les ha reconocido su participación.

La anterior es una premisa que es fácil de comprobar, basta con la revisión de la bibliografía del siglo pasado y del presente o de las notas periodísticas de los últimos lustros, en todas ellas se manifiesta una sociedad en la que, son invisibilizados o solo actúan como culpables de la desgracia que les quieran asumir. 

Tal patrón no se ha acabado, tanto que dentro de las propuestas esbozadas por quienes pugnan por la gubernatura, se observan dos situaciones:

  1. No se pone en la mesa del debate la verdadera defensa de derechos de grupos vulnerables como los mencionados. 
  2. Se escucha un discurso basado en derechos humanos -unos más que otros- y en la obligación de maximizarlos. 

Por el oxímoron expuesto, es indispensable que quienes se postulan a cargos públicos examinen su definición y aplicación de derechos humanos en la propuesta de plan de gobierno que presentarán y desarrollarán a lo largo de la contienda electoral, revisión que permitirá alejarse de la hipocresía de ser autores y cómplices de tan dolorosas heridas. 

Así como, el examen -al que se hace referencia- no deberá tener un marco en las ciencias sociales, porque éstas atienden los temas de grupos vulnerables como un hecho social complejo (geográfico, histórico, social, demográfico, entre otros), sin preguntarse ¿es justo o injusto? ¿Está bien o mal? ¿Se pondera la dignidad y valor moral?

Ahora la pregunta es ¿desde qué marco del conocimiento se deben abordar? La respuesta es, desde la ética. 

Es así que desde la ética los derechos humanos permiten consultar a los derechos humanos desde un punto de vista práctico y político, no así las ciencias sociales que establecen visiones histórico-teóricas, es decir, lo realmente importante es la ética que subyace a la aplicación de políticas derecho-humanistas. 

Dicho lo anterior, ¿cuántos planes de gobierno que ha leído contemplan personas con discapacidad? Este es un elemento cuantitativo que no es concluyente respecto a la postura, porque después sobresale la pregunta: ¿Qué condiciones laborales tendrá? ¿El perfil de puesto se adaptó a una persona con discapacidad? ¿Tiene posibilidad de tener acceso a otros cargos públicos? 

Respecto a la comunidad LGBTI, ¿qué plan de gobierno los integra en sus políticas públicas? ¿Existe reconocimiento de derechos plenos? o lo que plantean es la oscuridad discursiva o retórica moralista que lo único que hacen es permitirles los derechos considerados como la basura o los desperdicios transferidos porque son los mínimos sin posibilidad de alcanzar los máximos, en una suerte de consolación.

Por último, la extranjería contrae diversos planteamientos como ¿qué plan de gobierno planea invertir en los países que expulsan migrantes? ¿Qué plan bosqueja brindarles derechos políticos al migrante que radica en el estado? O en realidad solo reproducen la cosificación realizada sexenio a sexenio, materializando con ello a un ser humano -el migrante- desechable porque proviene de un desecho del mercado global. 

Sin duda, la ciudadanía se encuentra -nuevamente- ante la posibilidad de exigir la aplicación política de los derechos humanos desde un sentido ético. ¿Quién nos dará su definición de bueno y malo desde marcos filosóficos? ¿Quién justificará su plan de gobierno desde la ética? 

Lo cierto es que, aun sin una clase política que enaltezca la ética en los derechos humanos, es responsabilidad de la ciudadanía alejarse del masoquismo político, colocando una agenda pública tan potente que cambie el flujo del poder, es decir, quien gobierne deberá seguir las directrices éticas derechohumanistas y no al revés -lo que siempre sucede-, que la ciudadanía se ajuste al poder.