De dos a cinco

Ciudad México.- La inopinada renuncia de Carlos Urzúa acaparó los reflectores informativos el martes. Eso provocó que se quedara momentáneamente fuera de la discusión pública un tema que debiera preocupar sobremanera a todos los ciudadanos que creen en la democracia y la necesidad de cuidarla: la sorpresiva ampliación del período de gobierno del próximo gobernador de Baja California por parte de la Legislatura estatal.

La duración de la gubernatura era un tema legalmente zanjado. El 28 de mayo pasado, cuatro días antes de que celebraran las elecciones en el estado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el fallo de su par local, que, tres semanas antes había dado la razón al entonces candidato a gobernador Jaime Bonilla Valdez –hoy gobernador electo–, en el sentido de que la reforma electoral de 2014, que redujo de seis a dos años el período de gobierno para empatar los calendarios electorales estatal y federal, había afectado sus derechos políticos.

Esa vez, con dos votos a favor y uno en contra, los magistrados del Tribunal estatal declararon inaplicable el artículo octavo transitorio de la reforma electoral de 2014 y ordenaron al Instituto Estatal Electoral una adición a la convocatoria de la elección a gobernador para ampliar el período a seis años.

Antes, en septiembre de 2018, al emitirse la convocatoria a las elecciones, la aspirante a la gubernatura Blanca Estela Fabela Dávalos, quien pertenece a Morena, impugnó la duración del período fijado por la reforma (1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021) con el mismo argumento que emplearía Bonilla unos meses después: la afectación de sus derechos políticos.

Y la Legislatura local –la misma que esta semana decidió, por sus pistolas y de noche, poner la mesa al gusto de Bonilla– encargó una opinión jurídica sobre la reforma de 2014 y decidió que cambiar el período de funciones del ejercicio constitucional de gobernador era “una modificación legal fundamental, por lo que la reforma no podría aplicarse en el proceso electoral 2018-2019”.

De esa opinión hizo caso omiso el Tribunal Electoral local, el cual, como digo arriba, luego fue rebatido por el federal, al cuarto para las doce, cuando las campañas ya habían terminado y los electores se disponían a ir a las urnas.

Las votaciones ocurrieron, el domingo 2 de junio, con una certeza: los ciudadanos votaron por un gobernador que duraría dos años en el cargo. No cinco. No seis. Solamente dos.

Aun así, la Legislatura local –como le digo, la misma que había decidido que era improcedente cambiar la duración de la gubernatura una vez iniciado el proceso electoral– se reunió el lunes en sesión nocturna y, mediante voto secreto, resolvió ampliar de dos a cinco años el período.

La reforma fue aprobada por 21 votos a favor y uno nulo. Lo increíble es que se pronunciaron a favor nueve diputados del PAN, cinco del PRI, uno de Movimiento Ciudadano y uno del PRD, además de los cinco de Morena y sus aliados en el Congreso local.

Cuando salieron de la sede de la Legislatura, los diputados panistas fueron recibidos con gritos de “¡traidores!” por militantes del partido que esperaban que sus compañeros acataran la orden de la dirigencia nacional de votar en contra. No han podido quitarse de encima la percepción de que fueron maiceados para aprobar la reforma.

Ahora se espera que el cambio aprobado sea motivo de una acción de inconstitucionalidad. Expertos en derecho están confiados en que la Suprema Corte tumbará esa aberración.

Pero no por eso deja de ser preocupante que los diputados locales se hayan prestado a esta jugarreta de Bonilla y Morena. Obviamente, las consecuencias trascienden a Baja California porque podrían sentar las bases para que los mandatos por los que voten los ciudadanos sean ampliados o reducidos al gusto.