Opinión
OPINIÓN

De billetes enterrados a la operación limpieza

Una de las juezas encargadas de procesar a exfuncionarios duartistas ha encontrado 'diferencias claras' en el olor despedido por los billetes que circulan de mano en mano a diario

LA COLUMNA
de El Diario

domingo, 06 septiembre 2020 | 06:00

Al final de la presente columna incluimos un elocuente como categórico post data fuera del tema central que nos ocupará este domingo.

No lo quisimos dejar para mañana porque se trata de un asunto exquisitamente político-electoral que recorre al estado hoy como duda y especulaciones sin fin pero que, en palabras de su actor principal, lo aclara todo. Y vaya de qué manera.

Vamos pues, primero, al desarrollo del tema principal:

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Una de las juezas encargadas de procesar a exfuncionarios duartistas ha encontrado “diferencias claras” en el olor despedido por los billetes que circulan de mano en mano a diario y entre los que surgen “de algún lugar escondido”. Estos, concluye, huelen a “guardado”, tienen “olor a moho”.

Son billetes con las segundas características los que han sido entregados a juzgadores en los “expedientes X” como pagos de fianzas; desde luego, según sus propios análisis desprendidos del “laboratorio” biológico de análisis nasales.

Que no lo sepa el gobernador, Javier Corral, porque contratará a todos los expertos de su reino para separar los billetes por aromas y ordenará la apertura de nuevos expedientes judiciales no sólo contra los exfuncionarios recluidos sino contra sus abogados que pagan con billetes aromáticos a “enterrados”.

Es para algo de relajamiento ese examen de olores aunque ciertamente elaborado por boca de un juez que sin duda no se refiere tanto al “encierro” del dinero, -igual pudo permanecer guardado en la bóveda o caja fuerte de un banco-, sino a su origen en la corrupción.

Traemos a cuento el hecho porque idéntico escenario podremos estar viendo en un futuro muy próximo con los sucesores de los duartistas; esto es, con el equipo encabezado por el gobernador, Javier Corral Jurado, y con el mandatario mismo.

Casualmente uno de los responsables de manejar importantes cantidades de efectivo, con el mismo aroma del percibido por los jueces susodichos, ha sido nada más y nada menos que el secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera.

El hoy funcionario estatal fue integrado al equipo de campaña electoral del gobernador Corral, proveniente de Tamaulipas, en 2016. Allá era ratón de escritorio al estilo de aquel Martín Santomé, de Benedetti, aunque sin la gracia y la bondad “cuerpo adentro” de ese personaje.

Fernández tuvo como eficaz conexión a su tío, Alberto “Tito” Herrera González, esa antítesis de su hermano el ingeniero Luis Herrera. “Tito”, profundamente corrupto y acosador de jovencitas; el ingeniero, pulcro, decente, doctrinario blanquiazul hasta el centro de sus huesos. Conciencia de Corral durante un par de décadas. Ya murió.

El hoy secretario de Salud, junto con su tío Alberto; el ahora exjefe de gabinete pero “titular voluntario” en dos fideicomisos públicos y la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Ismael Rodríguez Gallegos, “El Chacho”; y la recién designada presidenta del Congreso del Estado, Blanca Gámez Gutiérrez, fueron en campaña los encargados de recibir el efectivo “con olor a enterrado” y distribuirlo entre los gastos de la campaña electoral.

¿Dinero ese producto de corrupción? Se desconoce tanto como los sobres recibidos por Pío López Obrador para efectos semejantes. La realidad es que ese efectivo no paga impuestos ni es declarado en los gastos de campaña por los famosos topes. Así adquiere indiscutiblemente la categoría de corrupción. No hay campaña ni medianamente pulcra.

La potencia mundial económica y “democrática”, los Estados Unidos, tiene por presidente a un Donald Trump con su traje moteado por huellas de Vladimir Putin y de fiscales que no han requerido de bifocales para descubrirlas.

La búsqueda del poder público no conoce restricciones ni aquí ni tampoco en China, expresado en las más clásicas palabras.

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Corral siente que se le escurre el poder entre las manos y sufre pesadillas febriles sólo de analizar los castigos que ha impuesto a sus antecesores con cárcel y muerte por maltrato carcelario.

Le atormenta profundamente ser objeto de esas mismas sanciones por quienes tomen la gubernatura a partir de julio próximo como gobernantes electos... y de septiembre en adelante ya como autoridades constitucionalmente entronizadas.

Sus principales jugadas en las últimas semanas dejan evidencia del intento desarrollado hacia el escape una vez dejado Palacio de Gobierno.

No son casuales, en ese sentido, los movimientos llevados a cabo nada más y nada menos que con los encargados de vaciar sobres y maletas para sostener la campaña electoral.

Blanca Gámez fue elevada a presidenta del Congreso del Estado. Deberá cuidar escrupulosamente –ese es el encargo que tiene, que lo pueda cumplir será distinto- la revisión de las cuentas públicas del Gobierno estatal y Eduardo Fernández Herrera, economista sin cédula, fue colocado en la Secretaría de Salud y cargado con toneladas de cal y cloro para tratar de desapestar y esconder la podredumbre generada en el área a lo largo de los cuatro años de gobierno.

El tío de Eduardo, “Tito”, fue premiado después de la campaña con la Dirección General de Pensiones Civiles del Estado, integrante del Sistema Estatal de Salud y metido no únicamente en malos manejos económicos con la compra de medicamentos sino en una grave crisis de operatividad financiera. Son desoladoras para los derechohabientes de este sistema las ruinas que están quedando de su otrora envidiable servicio médico.

Eduardo, conocido también como “El Higadito” por su sangre pesada; Blanca y “Tito”, siguen contando con el respaldo para la operación limpieza de “El Chacho” Rodríguez Gallegos y ahora de Ernesto Ávila, el militar retirado autor principal del fangal existente en la Secretaría de Salud. Fue presentado como “flamante asesor de proyectos especiales”.

Deja de ser insólita una recontratación de esa naturaleza bajo la explicación de que su tarea es tratar de limpiar el batidero que él mismo generó y que mantiene amenazado al patrón de todos, el gobernador Corral.

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No fue falta de malicia, tampoco de ingenuidad. Llegó el nuevo amanecer al inicio del régimen con hambre de poder y todos sus derivados. Les sobró, eso sí, falta de sentido común.

La Secretaría de Salud fue convertida durante el sexenio pasado en un “monumento a la corrupción” denunciado hasta reventar los tímpanos y en repetido libreto por Javier Corral.

Por ello no se entiende, salvo por la ambición irracional, que apenas arrancado el gobierno haya sido creada una farmacia para entregarle 80 millones de pesos en proveeduría de medicamentos. Ahí hubo apellidos conocidos vinculados en la respectiva razón social, Barrio, uno; Ávila, el otro.

Lo publicó El Diario en exclusiva en su momento inicialmente no tanto por la evidente irregularidad primigenia, sino por las criminales penurias que hicieron pasar a los derechohabientes con largas filas en pequeños locales habilitados como “farmacias” y con sobreprecios hasta del 350 por ciento. Un robo en despoblado.

A los pocos meses la farmacia desapareció así como llegó. Se llevó muchos millones y le quedaron a deber otros.

El asunto no quedó en publicaciones de El Diario, fue señalado con letras y números rojos en la cuenta pública 2017 elaborada por la Auditoría Superior del Estado bajo la firma clara del entonces titular de dicho organismo autónomo, Armando Valenzuela Beltrán.

Así como el caso Egro son señaladas en esa cuenta, y también en la del 2018, múltiples irregularidades que abarcan hasta 400 cuartillas. 31 millones de adjudicaciones directas injustificadas, 15 millones de pagos a empresas sin contratos, 58 millones en subrogación de servicios, 16 millones en pagos a comisionados (aviadores), 11 millones en bonos navideños ilegales (pagados al entonces nuevo personal llegado con el nuevo régimen)...

En resumen, sólo para la cuenta 2017, fueron presentadas por la Auditoría 107 observaciones, de las cuales NO fueron solventadas 97. Cerca de dos mil millones en juego. De ese tamaño.

“En base a lo señalado anteriormente, la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua determina que existen elementos suficientes que permiten presumir irregularidades administrativas causadas por servidores públicos adscritos al ente fiscalizable, incumpliendo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”, es la conclusión de la ASE sobre la cuenta 2017.

Ni artilugios ni operativos extraordinarios como el integrado por Fernández, Ávila, Gámez, Rodríguez, Herrera, etc., serán suficiente para retirar de las cuentas públicas todas esas barbaridades que han tenido como perjudicados finales a los chihuahuenses, en particular con consecuencias aún más desastrosas ahora en el contexto de la pandemia ocasionada por el Covid-19.

Empezaron el régimen con el pie izquierdo, así están terminando.

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AHORA EL POST DATA en palabras del equipo del superdelegado federal en la entidad y precandidato a la gubernatura, Juan Carlos Loera, frente la insistencia en “trascendidos” que dejará el cargo.

“La desesperación los hace ser muy creativos. Pensaban que el delegado renunciaría estos días para buscar la candidatura”. “Conociendo el clásico juego perverso característico del senador, su testaferro el alcalde de Rosales, se adelanta para hacer ver la supuesta renuncia como un despido”.

“Muy burdo, queda en ridículo. Habrá que ver cómo se desdice, porque ni renuncia ni sustitución”.

“A ver si no sale con que AMLO no le cumplió”.