Opinión
OPINIÓN

Culpan al jefe por ataques a policías

Para la infantería en la Comisión Estatal de Seguridad (CES) existe la certeza de que sus jefes Óscar Aparicio y Álvaro Serrano han hecho acuerdos con el crimen organizado que luego no han cumplido

LA COLUMNA
de El Diario

viernes, 20 marzo 2020 | 06:00

• Culpan al jefe por ataques a policías

• Investigación muy mocha en caso Miroslava

• En caliente mandan ley al Periódico Oficial 

• Quieren darle una medalla a Yepo Yong

Para la infantería en la Comisión Estatal de Seguridad (CES) existe la certeza de que sus jefes Óscar Aparicio y Álvaro Serrano han hecho acuerdos con el crimen organizado que luego no han cumplido.

De ahí los ataques y asesinatos de elementos de la corporación, como los ocurridos en Juárez durante todo el miércoles. Las bajas alcanzaron a la CES, a la Municipal y con lesiones hasta a paramédicos.

Tenemos algunas capturas de pantalla en versión digital sobre los mensajes escritos en grupos de la Policía Estatal. Ayer colocaron la foto de uno de los policías ultimados y las aseveraciones de X70 o relaciones delictivas de Aparicio y Serrano.

La mayor indignación de los policías es cuando reciben “órdenes superiores” para no perseguir e investigar a las células de sicarios que los han estado atacando lo largo de los tres años y medio que Aparicio lleva al frente de las CES. Un ejemplo es el del miércoles.

Para ellos no queda duda que las agresiones sufridas durante todo este tiempo son consecuencia de compromisos contraídos e incumplidos por Aparicio y sus principales mandos con el crimen organizado.

“Ya no los queremos al frente de las fuerzas estatales porque... hacen compromisos y cuando atacan a la corporación siempre dan la orden de que permanezcamos en las instalaciones... No dejan actuar como policías que somos”, dice una fracción en uno de los mensajes.

Ese tipo de señalamientos es frecuente y no han surgido sólo de las maltratadas filas de la Policía Estatal; han sido presentadas denuncias y hasta narcomantas que hablan de esas complicidades en la CES.

La gran interrogante que lleva a mil interpretaciones es que después de decenas de policías asesinados, casi ocho mil chihuahuenses también víctimas de homicidio, mandos de CES sentenciados por desaparición forzada, otros señalados por huachicoleo y hasta extorsiones, el gobernador Javier Corral no ha tomado medida alguna precisamente contra Aparicio.

No es masoquismo el practicado por el gobernador para permitir que su imagen haya sido severamente golpeada por los jefes de esa corporación bajo su mando directo. Debe ser otra cosa. 

El miércoles nadie encontró por ninguna parte ni Corral, al nuevo secretario de Seguridad, de quien depende la CES, Emilio García Ruiz.

Mañana hablaremos aquí de otro asunto igual de delicado en esos terrenos.

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Ha resuelto un juez federal en la ciudad de Chihuahua que Carlos Moreno Ochoa “El Larry” es culpable por coautoría material del asesinato de la periodista, Miroslava Breach, ocurrido en marzo del 2017. Hasta el 20 de abril será anunciada la sentencia con la individualización de la pena.

Ha quedado la sensación y hasta la sospecha fundada de que ahí quedará todo porque no hubo mayores manifestaciones ni pronunciamiento de los fiscales del caso ni tampoco de Propuesta Cívica, la asociación que está representando a la familia de la colega victimada.

Ha dicho y repetido la familia de Miroslava, y ha quedado claro a lo largo de las investigaciones y las audiencias durante el juicio, que “Larry” sólo forma parte de una larga cadena de actores que participaron de una u otra forma en el asesinato, inclusive para facilitarlo. Propuesta Cívica misma ha sostenido que hubo narcopolítica de por medio.

No ha quedado para nada claro que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas vaya a dar seguimiento al caso por la vertiente de la narcopolítica.

Vaya, se desconoce inclusive que hayan sido abiertos expedientes contra los cómplices de los autores materiales del crimen, como una policía perteneciente a la Fiscalía General del Estado y sobre el arma utilizada en el asesinato, hallada posteriormente sobre el cuerpo de un supuesto gallero con el que se pretendió desviar la atención sobre los autores del homicidio.

Desde luego forman parte de todo ese rompecabezas los directivos del PAN y funcionarios estatales que también tuvieron mucho que ver  en el homicidio, de una y varias maneras.

Queda la justificada incertidumbre sobre todo ello. Falta por que sea detenido el jefe de Moreno Ochoa y uno de los dos autores materiales (uno fue ya ejecutado)... ¿pero todos los demás? 

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El albazo en tiempos de la pandemia para sacar la Ley de Transporte dejó atados de manos a los opositores. Nada pudieron hacer además de quebrar las puertas de vidrio de la Torre Legislativa.

La operación fue ejecutada por el coordinador panista Fernando Álvarez Monje, a petición de su tocayo secretario general, Luis Fernando Mesta; nadie de las minorías se opuso con la fuerza suficiente. Optaron nueve por la abstención o la ausencia de la sesión, con el priista Omar Bazán por delante.

Aprovechar la contingencia sanitaria –pretexto por el que previamente fue cerrado el Congreso del Estado y sus sesiones– fue visto como la mayor muestra de oportunismo político del corralismo. Incapaz de negociar y convencer a transportistas de Chihuahua, Juárez, Ojinaga, Delicias y de otras partes de la entidad, se tuvo que sacar la norma a la fuerza. Policía Estatal de por medio, claro.

Aunque más que oportunismo fue ejemplo claro de real política. Salía ahora la ley, en medio de la crisis del coronavirus que obliga a paralizar o suspender actividades, o no salía. Pega directo en intereses económicos fuertes que por lo visto ya perdieron su cercanía con el poder político.

La mejor muestra de que la jugada se planeó para que saliera en caliente fue que ayer con el mínimo de personal del Legislativo se mandó el decreto a la Secretaría General de Gobierno. Su publicación en el Periódico Oficial del Estado se espera para mañana mismo.

Con esto cobrará vigencia la norma en plena contingencia. Ni a quién alegarle, ni cómo recurrir lo aprobado porque el Congreso ya se declaró en suspensión provisional. Los tribunales también están cerrados.

Vendrá, así, un plazo de al menos cuatro semanas para enfriar a una encendida Confederación de Trabajadores de México que considera haber perdido la ventaja que tenía en el manejo del transporte. Pero no la perdió para quedar en condiciones de competir, sino para quedar ahora en abierta desventaja, pese a que sus integrantes son los mayores inversionistas de este ramo desde hace décadas.

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Al interior del Cabildo juarense avanza el proyecto para darle un merecido reconocimiento público al empresario Francisco Yepo Yong.

El restaurantero continúa como secretario del Patronato del Centro Histórico de Juárez, posición que le fue encargada por el alcalde independiente Armando Cabada en el año 2018, a propuesta institucional y conocida de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Aunque a veces hasta confunden a Yepo Yong con un burócrata municipal, la aportación de su trabajo por empujar pequeños y grandes proyectos de rehabilitación del Centro ha sido notoria; ni se diga su papel como empresario y líder dentro del sector privado.

Desde su designación Yepo ha logrado empujar el Patronato al objetivo con el que comenzó, de ser una instancia con autonomía para dirigir el desarrollo del primer cuadro de la ciudad. Ha institucionalizado esa misión casi imposible de conjuntar visiones e intereses.

También ha salido sin miedo a oponerse cuando hace falta. Todavía no se olvida cuando se le apareció al secretario de Obras Públicas y al director del Fideicomiso de Puentes, Gustavo Elizondo y Sergio Madero, cuando presentaban el proyecto –sin pies ni cabeza– de la otra ruta del EcoBús. Los hizo trastabillar en esa ocasión.

Total que don Francisco es de los juarenses que bien merece una medalla por sus aportaciones como ciudadano y empresario. Aprobada la moción por la máxima autoridad municipal sólo quedará pendiente agendar el acto protocolario para después de la contingencia sanitaria.

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En secreto, como son las cosas en Palacio de Gobierno, fue nombrado hace unos días nuevo vocero de la Secretaría General de Gobierno y Secretaría de Hacienda, Alejandro Sosa.

Sustituye en el cargo al periodista de muy viejo cuño, Alejandro Salmón Aguilera, quien fue dejado fuera de la nómina estatal hace un par de meses por el también cuasi nuevo vocero del Gobierno del Estado, Manuel del Castillo Escalante.

Lo interesante de Sosa es que solo ha llegado a ese cargo para no desperdiciar los 50 mil pesos mensuales que tiene como sueldo esa función, pues nadie le conoce antecedentes como vocero ni como periodista, sólo es reconocida su subordinación al senador panista, Gustavo Madero “El Batito”.