Culiacán, uso de la fuerza e información

Los impresionantes recientes episodios que se han vivido en el país con relación al ejercicio de la violencia...

Sergio Pacheco González
Analista
martes, 05 noviembre 2019 | 06:00

Los impresionantes recientes episodios que se han vivido en el país con relación al ejercicio de la violencia del que son capaces los integrantes del crimen organizado, así como las respuestas que han tenido los tres niveles de gobierno, reclaman ajustar nuestra manera de juzgar los hechos.

No sólo es el quehacer o no hacer de las autoridades gubernamentales, sino la manera en que se expresan, que no parece ser comprendida ni aceptada por algunos actores políticos, sean estos integrantes de partidos políticos, organismos empresariales, medios de comunicación o ciudadanos en general.

Se cuestiona, por ejemplo, que el Gobierno federal no hubiera reaccionado con el uso de toda la fuerza de que es capaz ante la embestida de que fue objeto en Culiacán, Sinaloa. De igual manera, se crítica el operativo, su resultado y la manera en que se ha informado con relación a sus preparativos y desarrollo.

Sin duda, es difícil comprender que un Gobierno federal acepte que hubo equivocaciones y/o errores en el desempeño de sus fuerzas, que decidió no hacer uso de su capacidad de fuego ante el desafío que le plantearon fuerzas armadas ilegales y delictivas, que se encontraba sin el soporte legal para concretar la detención de una persona de quien se pretendía su posterior deportación y que todo ello se evaluó, en esas horas críticas, teniendo en consideración la pérdida de vidas que se estimaba podrían causarse de persistir en cumplir con el objetivo que detonó estos hechos.

Por una parte, no se pueden juzgar estos hechos sin tener en cuenta los que le antecedieron en estos 12 años de violencias que se expanden por prácticamente todo el territorio nacional. El reclamo por el no uso legítimo de la fuerza, que es potestad del Estado, en el caso Culiacán, no puede deslindarse del uso ilegítimo de ésta en los años recientes. Pareciera ser que lo que se pretendía encontrar fuera el Waterloo de la llamada Cuarta Transformación en un evento que pareciera emular por su trascendencia, con las debidas reservas, a casos como el de Aguas Blancas o el de Ayotzinapa, ambos en el estado de Guerrero.

Ante el uso ilegítimo de la fuerza que estos hechos implican, no existe hasta la fecha una respuesta convincente, consecuente con la obligación del Estado por garantizar los derechos humanos. Se mantienen serias dudas sobre el cumplimiento de la responsabilidad de investigar los hechos, sancionar a quienes sean responsables y reparar los daños, demanda esta última difícil cuando no imposible de cumplir desde la perspectiva de los familiares de las víctimas.

Culiacán, de mantener la detención del presunto delincuente, por lo que se ha dado a conocer, se hubiera convertido en un caso más de la llamada puerta giratoria, en tanto no se contó en tiempo y forma con la orden respectiva. De ser así, la decisión tomada parece ser correcta. Persistir en el objetivo, además de la pérdida de vidas en ambos bandos, más las previsibles en la ciudadanía, hubiese obligado a ocultar o negar este hecho o en su defecto, a reconocer un agravio imperdonable al incumplir con el debido proceso.

Cierto es que, ante la impunidad prevaleciente en todo el país, para ciertos sectores de la ciudadanía resulta incomprensible que la autoridad, aquella que en múltiples ocasiones ha violentado el orden legal, se conduzca bajo parámetros de legalidad ante quienes se podrían caracterizar como los primeros en violentarla. Aquí se actualizaría la célebre frase que indica que el fin justifica los medios empleados. No es este el caso.

Con relación al manejo de la información, ¿qué debe ser de conocimiento público y qué requiere de secrecía? La reserva de información, a la que suele darse la connotación de secreta, se sustenta en el riesgo que su divulgación implica para las personas o los procedimientos a realizar, como se ha argumentado al darse a conocer el nombre del militar a cargo del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN) y quien, se precisó en su momento, no estuvo a cargo de manera directa en los sucesos de Culiacán.

Un requisito de lo que se debe hacer de conocimiento público es, en primer lugar, conducirse con verdad y dar a conocer las razones, los hechos y las consecuencias de las decisiones tomadas. Está en el juicio de la ciudadanía exigir que esto sea la regla.