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Opinión

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Cuida el superdelegado a su testigo protegido

Entre los ocho testigos con identidad reservada en los que están basadas las acusaciones contra el extraditado César Duarte, aparece el nombre de Rafael Mata Márquez, identificado con la clave 5M4GYUH19A/2019

LA COLUMNA
de El Diario

miércoles, 08 junio 2022 | 06:00

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-Cuida el superdelegado a su testigo protegido

-Salieron cuentas bancarias sin orden judicial

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-Alcanza el karma al senador Enríquez

-Ahorro millonario con menos regidores

Entre los ocho testigos con identidad reservada en los que están basadas las acusaciones contra el extraditado César Duarte, aparece el nombre de Rafael Mata Márquez, identificado con la clave 5M4GYUH19A/2019.

Expriista y neomorenista, el exfuncionario estatal es desde el pasado octubre subdelegado de Programas Federales del superdelegado y excandidato a gobernador por Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa.

No es un secreto muy bien guardado el de su identidad como testigo protegido; ni tampoco la del resto. El exgobernador, Javier Corral, y sus ministerios públicos se encargaron de filtrar toda la información a medios locales y nacionales. Batieron completos los expedientes.

La extradición de Duarte a México también tuvo sus efectos en la 4T de Chihuahua porque reconocen a Mata Márquez como el número dos de la representación presidencial. Lo ven enseguidita de Juanca.

El funcionario federal fue director de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda hasta el año 2014, o sea que transitó con los secretarios Christian Rodallegas, José Luis García Mayagoitia y Jaime Herrera, dándole suficiencias presupuestales a toda petición del Palacio de Gobierno.

Por supuesto que el currículum que presentó Loera de la Rosa cuando designó a su subdelegado omite el detalle de su trayectoria en el duartismo, no así su paso por la administración de Javier Corral, que le dio fenomenal acogida en la nómina estatal.

En el corralato fue director general de Inversión Estratégica en la Coordinación Ejecutiva del Gabinete Estatal de Gobierno del Estado, cuando el ahora senador Gustavo Madero se desempeñaba como titular de dicha instancia.

Sus relaciones le permitieron ingresar a la Secretaría de Bienestar desde 2019, meses después del triunfo lopezobradorista, como coordinador administrativo, para luego ser ascendido por Loera de la Rosa al cargo de subdelegado.

Igual que a muchos de los testigos, a Mata Márquez le perdonaron sus pecados los investigadores estatales, pero todavía no lo exculpan de todo en el morenismo.

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A la tortura de testigos protegidos será sumada por la defensa de César Duarte la falta de órdenes judiciales para conseguir las cuentas bancarias del duartismo, en especial las relacionadas con el caso que ahora tiene al exgobernador en una prisión de Chihuahua.

Los abogados del ballezano han descubierto que las cuentas bancarias vinculadas con la Unión Regional Ganadera División del Norte y su respectiva financiera no aparecen respaldadas por ningún control judicial.

Significa lo anterior que el ministerio público encabezado durante las investigaciones por César Augusto Peniche logró los estados de cuenta, o supuestos estados de cuenta, por sus “contactos” directos con el banco o los bancos involucrados.

Eso significa oro molido para la defensa del exgobernador y una torpeza gigante de su sucesor, Javier Corral que, o no fue enterado por Peniche de ese eslabón del proceso o simplemente se desentendió del mismo como lo hizo con muchas otras acciones gubernamentales durante su administración.

Duarte Jáquez permanece desde el viernes pasado recluido en una celda del Cereso 1 de Chihuahua.

La Fiscalía ya descargó todas las acusaciones en su contra, sigue el pronunciamiento de la defensa.

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Simple, doble o hasta triple karma persigue al senador morenista por Durango, José Ramón Enríquez Herrera, un extraordinario chapulín que ha saltado del PRI al PAN, al MC y hasta Morena, por cuyas siglas es senador.

Ese nombre es familiar para la clase política chihuahuense, en particular para la raza de la Cuarta Transformación involucrada en el proceso electoral interno del 2021.

Fue enviado a Chihuahua como delegado nacional de los guindas para maniobrar aquellas famosas encuestas internas y anunciar la principal candidatura en juego, la de gobernador, para Juan Carlos Loera. Después mintió flagrantemente a “Supermocken” que sería el candidato a la alcaldía.

Ciertamente, Enríquez fue delegado de Morena pero era conocido que aquellas decisiones eran tomadas por el propio Loera y su efectiva madrina, la hoy secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Él nomás hacía los anuncios y sobaba los chipotes; y en muchos casos ni eso.

El senador y también médico andaba arrastrando el apellido por Chihuahua con la ilusión de ser convertido por Morena en candidato a gobernador de su estado, Durango, pero le aplicaron allá la misma que aplicaron Mario Delgado, Loera-Ariadna a Pérez Cuéllar en el caso de la candidatura a gobernador.

Le sacaron la supuesta encuesta acompañada por la fórmula de género y la postulación fue entregada a una mujer, misma que fue derrotada por la alianza PAN-PRI-PRD. Durango y Aguascalientes, los dos únicos estados perdidos por Morena el domingo, de los seis disputados.

Lo que faltaba, ahora los perdedores en la tierra de los alacranes aseguran que Enríquez metió el hombro a favor del ganador, Esteban Villegas, y esperarán el 2024 para cobrarla.

Seguro el senador ya dimensionó la acusación y al rato lo veremos de vuelta en cualquier otro partido y continuar desde allá su naturaleza saltarina.

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Alrededor de 300 millones de pesos por trienio sería el ahorro en los municipios de toda la entidad, de aprobarse la reducción de regidores planteada por la bancada panista en el Congreso del Estado.

La reforma alcanzaría a la Constitución del Estado, al Código Municipal y a la Ley Electoral con el fin de que los municipios de Chihuahua y Juárez bajen su plantilla edilicia de 20 a 15 regidores; los municipios medianos la recorten de 16 a 12; otros de 12 a nueve y los más pequeños de ocho a siete.

La nómina anual para el pago de 712 regidores en los 67 ayuntamientos del estado ronda los 250 millones de pesos, sin contar viáticos y gastos de representación.

El impacto del recorte sería de 100 millones de pesos al año, incluidos los bonos, compensaciones, gratificaciones y arrimadijos con los que premia la generosa nómina pública, a la que sin duda le urge una cirugía mayor.

El ahorro estimado de esta propuesta ronda en los 300 millones de pesos en una gestión de tres años, los cuales pueden ser destinados a áreas prioritarias en la planeación del desarrollo municipal.

La iniciativa está cocinándose a fuego lento en comisiones del Legislativo, como forma de vencer las resistencias que seguramente ha percibido el líder de la mayoría albiazul, Mario Vázquez Robles, provenientes de varios municipios.

Lo más probable es que entre en el paquete de reformas a la Constitución que avanza en el Congreso, el cual tendrá bastante trabajo acumulado en unas semanas como para citar a un periodo extraordinario de sesiones.

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La lucha de los partidos políticos, auténtica madre de todas las batallas, ya digerida la derrota o el triunfo, dependiendo del lado en que hayan competido, ahora es por la sobrevivencia. Están con un pie algunos de ellos de perder el jugoso financiamiento público estatal.

PRD, PT, PVEM, RSP, PUP, NA, FxMx, siglas que en algunos casos no dicen nada, pero que significan Partido de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista, Redes Sociales Progresistas, Unión Popular, Nueva Alianza y Fuerza Por México, se debaten por rasguñar lo que sea de votos en las elecciones realizadas, para conservar el ansiado registro.

Van con todo por rescatar sufragios, los que sean, aunque sea impugnando casillas, para lograr esos cientos o miles de votos que les hacen falta.

Competir en coalición no les favorece absolutamente en nada, porque está prohibido negociar artificialmente con los votos logrados, sino que estos deben salir directamente de la boleta en la sigla correspondiente.

El PRD está en riesgo de perder registro local en todas las entidades en que hubo elección, por no alcanzar el tres por ciento de la votación que exige la Ley General de Partidos Políticos.

El artículo 87 establece con todas sus letras que no hay distribución de votos mediante coalición, como antes se hacía de manera abusiva. Así de clarito.

El Partido Verde tiene riesgo en Aguascalientes, Hidalgo y Oaxaca. El PT, en Quintana Roo, Aguascalientes e Hidalgo; FxMx en Aguascalientes; RSP en Durango; el PUP en Oaxaca, igual que Nueva Alianza.

Probablemente, estamos asistiendo al principio del fin de muchos de ellos, especialmente el partido del sol azteca, que ya desde antes es solo un fantasma que se aparece en la boleta cuando hay comicios.

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