Opinión

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Cuando menos cárcel por caducar medicamentos

Javier Corral al frente, y el no médico Eduardo Fernández, cargan con culpa difícil de lavar como si fuera lodo, que se seca y se cae, como se ha alegado en las semanas como simple retórica

LA COLUMNA
de El Diario

domingo, 12 septiembre 2021 | 06:00

Aún a estas alturas sigue siendo un misterio la criminal destrucción de medicamentos por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Ejemplo: tres mil cajas de pastillas que son utilizadas para el tratamiento del VIH-SIDA con un valor monumental de 36 millones de pesos.

¿Por qué fueron enviadas literalmente a la basura las medicinas? Son imperativas las respuestas que arrojen las investigaciones respectivas. Se trató de dinero chihuahuense enviado a un relleno sanitario.

Varios testimonios llegaron a El Diario a principios de junio de este mismo año sobre vehículos estacionados en las afueras de una bodega ubicada en la ciudad de Chihuahua perteneciente al sector salud.

Las unidades fueron cargadas con varias toneladas de bolsas y cajas que contenían medicamento supuestamente caduco. La entonces vocera de la Secretaría de Salud, Dalia Pineda, aseguró que se trató de una operación “común”.

Testigos consultados por El Diario aseguraron que entre las toneladas de fármacos había cientos de cajas que no caducaban todavía y también cientos que habían caducado entre finales del año pasado y principios del 2021.

El primer descubrimiento de El Diario fue entre el 7 y el 8 de junio de este año. Casi 10 días después, entre el 17 y 18 de junio fueron descubiertas centenas de cajas con un medicamento para ayudar a reducir la presión arterial, el Amlodipino. Cada cajita tiene un costo promedio a los 320 pesos.

Las medicinas aparecieron regadas a un lado de la carretera Chihuahua-Aldama. Tenían como fecha de caducidad noviembre del 2020. Posiblemente cayeron de algún vehículo en el que eran transportadas hacia el relleno sanitario de la capital del estado.

Apenas tomó Maru Campos las riendas del Gobierno estatal destacó como uno de los primeros señalamientos hacia la administración anterior justamente la irresponsabilidad por permitir que las medicinas caducaran. Cientos de millones de pesos.

Fue enfática. Es inconcebible cómo ante las dificultades para dotar de medicamentos a los pacientes haya tal cantidad de biológico y medicinas cuya fecha de utilidad ha sido rebasada con creces. Es un auténtico crimen.

Las observaciones de la Auditoría Superior del Estado en este sentido van más allá: no solo es medicamento caduco, son medicinas no suministradas a los pacientes que enfrentan enfermedades terminales como es el caso del cáncer. No es solo una responsabilidad administrativa, un error de burocracia, hay en el fondo un dolo que de manera increíble no fue atendido por autoridad alguna.

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Pero no solo es una culpa de carácter verbal, hay acciones que se deben perseguir, porque simplemente están acreditadas. La Auditoría Superior ha sido puntual en el señalamiento.

Están los elementos sustentados en sendos reportes suministrados al Congreso del Estado desde mediados del año pasado, sin que se haya tomado el órgano legislativo una determinación exacta, puntual, de responsabilidad.

Hubo una protección a ciegas al corralato, que debe señalarse de manera enérgica, por las consecuencias en la salud de la población que menos tiene, que menos sabe, y que menos puede.

Los funcionarios que actuaron en esas posiciones y lo hicieron de manera irresponsable, con la coadyuvancia de personal de bajo nivel, pero con responsabilidad en sus áreas, debe ser sujeto de procedimiento, con la finalidad de evitar que las situaciones presentadas vuelvan a ocurrir.

Muchos de ellos siguen laborando para la institución, y actualmente hacen “changuitos” para seguirlo haciendo, extraviados en el limbo de la fabulosa y grande burocracia. Están ocultos bajo los escritorios y en los pasillos de las oficinas.

Desde las áreas médicas hasta jurídico está contaminado el proceso.

Por ejemplo… hay medicamento no suministrado en el período revisado 2019-2020, del almacén central de servicios de salud al Hospital Infantil de Especialidades del 6 al 47 por ciento. Inaudito. Estamos hablando de la atención a la infancia, y se tiene este nivel de surtimiento, que los padres de familia deben soportar con cargo a sus exiguos bolsillos.

Hay discrepancias por 24 mil 106 piezas en los registros de solicitudes de medicamento del Hospital Infantil de Especialidades de Ciudad Juárez contra los registros de envío del Almacén Central de Servicios de Salud al Hospital.

Asimismo, discrepancias por 15 mil 431 piezas en los registros de recepción de medicamentos de ese mismo hospital contra los registros de envío del Almacén Central de Servicios de Salud al Hospital.

Y por si esto no fuera poco, recetas parcialmente surtidas a los derechohabientes del propio Infantil de Especialidades en esta frontera que van de 14 a 42 por ciento de la muestra del período auditado.

Son millones y millones de pesos en mal manejo… con cientos de vidas de por medio, que dependen de la atención a población abierta por parte del organismo descentralizado Servicios de Salud de Chihuahua.

Pero lo mismo, y en mayor magnitud, desafortunadamente, ocurre en Ichisal, el descentralizado netamente estatal. Frente a ello, lo de Servicios de Salud es un juego de niños. El reporte específico de auditoría de la ASE 2019-2020 es monumental y catastrófico.

En el denominado Instituto Chihuahuense de Salud las condiciones son paupérrimas, en particular por el tipo de medicamento que se ha caducado, bajo la mirada displicente de sus titulares.

Fue la gestión del corralato en materia de salud una auténtica catástrofe, en particular para los pacientes con cáncer.

Crizotinib, Filgrastim, Paclitaxel, son tres de los medicamentos que de manera criminal fueron olvidados y dejados en calidad de caducos, cuando son fundamentales para el tratamiento de ciertos tipos de padecimientos cancerígenos.

El cáncer, como es el del conocimiento de la opinión general, es causante de la mayor cantidad de muertes… pues esos medicamentos, necesarísimos, simplemente fueron dejados que se caducaran con graves consecuencias en los pacientes que los pudieron y debieron haber recibido.

Esos medicamentos para atención del cáncer y otros recetados para padecimientos como diabetes, simplemente se hacen viejos y “malos” en los anaqueles de una irresponsable gestión del organismo descentralizado estatal.

Tienen un valor de cerca de dos millones de pesos, pero eso es nada, frente a su aplicación positiva en el tratamiento de padecimientos mortales.

Son miles de familias las que pudieron haber sido beneficiadas con el surtimiento del medicamento, que simplemente fue guardado en lo oscurito y manejado a discreción, sin ningún tipo de protocolo de eficiencia.

Por eso insistimos en que hay grave responsabilidad en esto, por parte del personal operativo y ejecutivo de Ichisal.

No es lo mismo que se caduquen medicamentos que nada tienen que ver con padecimientos terminales, a que correspondan a la atención de pacientes que requieren vitalmente de dichos biológicos por elemental sentido de salvaguardar su vida. Raya el asunto en genocidio, porque son miles las víctimas.

Pues en esos términos las observaciones de la Auditoría Superior del Estado, que reclaman puntual atención para que se ejerciten las medidas disciplinarias indispensables, así como las correctivas para que no se vuelvan a cometer en perjuicio de los pacientes.

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No son solo quienes se encuentran en las áreas operativas son los responsables de esta grave irresponsabilidad, sino también quienes tienen puestos directivos, y que se mantuvieron durante cinco años en una burbuja de comodidad.

Esos altos funcionarios, Javier Corral al frente, y el no médico Eduardo Fernández, cargan con culpa difícil de lavar como si fuera lodo, que se seca y se cae, como se ha alegado en las semanas como simple retórica.

El medicamento es comprado, se supone, con varios meses de anticipación antes de su caducidad, conforme a los requerimientos de las áreas, y así es suministrado como relojito… pero eso es falso de toda falsedad.

Hay medicamentos pedidos con exceso, que se refunden en anaqueles oscuros del almacén, que luego son negados a los pacientes, y que de pronto se encuentran vencidos y deben ser destruidos… lo cual jamás se cumple siquiera.

Es todo el proceso una cadena de responsabilidad penal y administrativa, que se encuentra en manos de la nueva gobernadora, que apenas hace unos días acaba de tomar el cargo, y que ya enfrenta las primeras decisiones difíciles, como impedir prácticas nocivas, auténticos crímenes, como los narrados, y castigar a los responsables de antaño, por auténtica justicia.

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