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Opinión

Cuando la justicia es verdugo de la sociedad

Desde los más remotos orígenes de la humanidad los seres humanos el individuo ha buscado afanosamente vivir mejor, vivir seguro...

Francisco Ortiz Bello
Analista
domingo, 17 febrero 2019 | 06:00

Desde los más remotos orígenes de la humanidad los seres humanos el individuo ha buscado afanosamente vivir mejor, vivir seguro, vivir en comunidad mediante la implementación de reglas de convivencia. Así pues, la seguridad pública, como se conoce hoy, tiene orígenes tan remotos y esenciales como el génesis mismo de la sociedad, por tanto muy poco de nuevo se puede agregar a la problemática que implica mantener seguros a los individuos de una comunidad. Muy poco.

Siempre que se establecen reglas de convivencia en cualquier grupo u organización de personas, debe prevalecer el interés general por encima del individual, precisamente como la forma más efectiva y única de garantizar o tutelar los derechos o garantías de la mayoría. En el colectivo se pondera al individuo como estructura básica del mismo. Es así como nacen las leyes, y por esa misma razón un principio fundamental de cualquier ley es el de la universalidad, es decir, que sea de orden público de aplicación general.

Es por eso también que cualquier sistema de regulación, normatividad o leyes, al establecer las conductas inapropiadas o lesivas al conjunto de personas que protege, fija con claridad las sanciones o castigos a los que se hacen acreedores quienes se apartan de la norma, de la regla. Es simple, y es el sistema más antiguo del mundo, estímulo-castigo para incentivar o inhibir determinadas conductas en las personas.

En este orden de ideas, resulta fácil comprender que cuando las reglas establecidas de un grupo, organización, equipo o comunidad son violentadas o incumplidas por alguno de los individuos que las conforman, y no recibe la sanción o castigo establecidos, se rompe el principio básico para el que fueron creadas: proteger a la comuna, al colectivo y, por ende, al individuo. Es entonces cuando el estímulo se revierte, porque siendo un estímulo, pero ahora en sentido negativo, es decir, promueve que otros individuos comentan la misma falta ya que observan que no tuvo consecuencia alguna con el primero que infringió la regla.

Ejemplos sobran para comprender con claridad este punto. Para quienes somos padres será muy sencillo e ilustrativo recordar cuando permitimos que las reglas del hogar se incumplan, sobre todo los hijos. ¿Qué ocurre? Fácil, ¿no? De inmediato entraremos en una crisis de orden y autoridad en el hogar. Los hijos dormirán tarde, o no harán sus quehaceres y tareas domésticas obligadas, o bajarán de calificaciones, o llegarán después de la hora establecida, en fin, si las reglas de casa no se respetan y no se hacen respetar pronto reinará el caos. 

Lo que es peor aun, si no se hace nada por detener ese caos, retornando el estado de cosas al orden, la disciplina y la autoridad, pronto los hijos pasarán de las pequeñas y quizá irrelevantes faltas, a situaciones más graves y de verdadero peligro para ellos mismos y para todos lo miembros de la familia. Es así como se genera el ambiente propicio para la delincuencia juvenil y otros males.

Y ya que entramos al terreno de la delincuencia, es decir, cuando se pasa de las “pequeñas” faltas a la comisión de delitos, resulta de capital importancia contextualizar cómo se llega a situaciones de crisis en ese tema. Es algo muy simple de comprender. Se llama impunidad. Un delito no castigado es impunidad total. Y la impunidad se convierte en combustible, en motor de la delincuencia, porque estimula e incentiva positivamente a los delincuentes a seguir cometiendo delitos, pero además invita a otros a que también lo hagan, ya que es seguro que no recibirán el castigo correspondiente.

No estoy hablando de ocurrencias o de simples conjeturas personales, no. Estoy hablando de teorías científicamente comprobadas sobre el comportamiento social. De acuerdo con la Teoría de las Ventanas Rotas, basada en un experimento social de Philip Zimbardo realizado en 1969, y desarrollada después por los sociólogos y psicólogos James Wilson y George Kelling, todo delito mayor comienza por pequeñas faltas no castigadas y las conductas nocivas, antisociales, se contagian. Es una teoría –comprobada mediante experimentos sociales– sobre el contagio de las conductas inmorales o incívicas.

El experimento de Zimbardo fue muy sencillo. Abandonó un coche en las descuidadas calles del Bronx de Nueva York, con las placas de matrícula arrancadas y las puertas abiertas. Su objetivo era ver qué ocurría. Y sí, ocurrió algo. A los 10 minutos, empezaron a robar sus componentes. A los tres días no quedaba nada de valor. Luego empezaron a destrozarlo.

La comprobación del experimento consistía en una segunda parte. Volvió a abandonar otro coche, en parecidas condiciones, pero ahora en una colonia rica de Palo Alto, California, Fifí dirían los morenistas. No pasó nada. Durante una semana, el coche siguió intacto. Entonces, Zimbardo dio un paso más, y machacó algunas partes de la carrocería con un martillo. Debió de ser la señal que los honrados ciudadanos de Palo Alto esperaban, porque al cabo de pocas horas el coche estaba tan destrozado como el del Bronx. Interesante, ¿verdad?

Este experimento con toda la metodología de las ciencias sociales, llevó a conclusión: si en un edificio o casa aparece una ventana rota, y no se arregla pronto, inmediatamente el resto de ventanas acaban siendo destrozadas por los vándalos. ¿Por qué? Porque es divertido romper cristales, desde luego. Pero, sobre todo, porque la ventana rota envía un mensaje: aquí no hay nadie que cuide de esto.

El mensaje es claro: una vez que se empiezan a desobedecer las normas que mantienen el orden en una comunidad, tanto el orden como la comunidad empiezan a deteriorarse a menudo a una velocidad sorprendente. Las conductas incivilizadas se contagian.

Bueno, pues exactamente eso nos está ocurriendo en Juárez. En Chihuahua. Tenemos muchas “ventanas rotas” en la administración e impartición de justicia. Casos verdaderamente de escándalo en los que, los jueces, dejan en libertad a delincuentes del fuero común que tienen más ingresos a la cárcel que rayas una cebra, pero aún así, de manera discrecional totalmente, los señores juzgadores, encargados por ley de aplicar la justicia, deciden ponerlos en libertad enviando con eso el mensaje de total impunidad a la comunidad delictiva.

Es cierto que dentro del marco que las leyes les imponen, los jueces tienen la facultad absoluta de decidir con base en su criterio muy personal, discrecionalmente pues, pero es totalmente incomprensible y hasta insultante que dichos fallos terminen favoreciendo a los delincuentes en perjuicio de la sociedad. ¿Cuál es el criterio que aplican? ¿Por qué mantener en prisión a un sacerdote de 76 años de edad y dejar en libertad a un peligroso delincuente en activo?

Y no estamos hablando ya de los delitos que inciden en la percepción macro de la seguridad pública, como las ejecuciones de alto impacto, el narcomenudeo o los secuestros y extorsiones, no. Estamos hablando de delitos que duelen en el bolsillo a la ama de casa, al estudiante, al chofer de taxi, esos que se cometen en la cotidianeidad del día a día y que perjudican en mayor medida a los que menos tienen. El robo a casa habitación, el robo a pequeños negocios, el robo de autos.

Es un hecho que las diversas autoridades encargadas de la administración, procuración e impartición de justicia están fallando gravemente en su tarea, los delitos no se están investigando, no se está consignando a los responsables y en las pocas ocasiones que se hace, se deja en libertad a los delincuentes. Así no hay modo.

Pero es un hecho que también como sociedad estamos fallando, ¿qué hacen organismos supuestamente ciudadanos como Ficosec o la Mesa de Seguridad, para exigir de verdad a las diversas autoridades que cumplan su responsabilidad? Tal pareciera que a estas agrupaciones sólo les interesa preservar ciertos intereses de quienes las financian, olvidándose del resto de los ciudadanos, de los que verdaderamente padecen los efectos de la inseguridad. Tal pareciera que están más interesadas en quedar bien con los gobiernos en turno que cumplir con la función que voluntariamente se echaron a cuestas.

No es posible que como ciudadanos sí nos podamos organizar para realizar un boicot a un centro comercial para protestar porque nos cobra el estacionamiento, causa totalmente justa y loable, pero no nos podamos organizar para exigir de igual manera a la FGE, al Poder Judicial, al Congreso, a Ficosec o a quien tenga que ser, que nos cumplan como sociedad el mandato que tienen encomendado: brindarnos seguridad aplicando la ley, impartiendo justicia y poniendo tras las rejas a quienes infringen la ley.