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Costará caro el viajecito a la ‘nueva Conago’

En el fondo de las reuniones alternativas a la Conferencia Nacional de Gobernadores subyace la presión de los mandatarios estatales, incluido el de Chihuahua, Javier Corral, para la contratación de mayor deuda pública

LA COLUMNA
de El Diario

martes, 30 junio 2020 | 06:00

-Costará caro el viajecito a la ‘nueva Conago’

-Alcaldes no tienen prisas para reformas

-Víctor apela su expulsión de Morena

-Sentencian al subsecretario de Minería

En el fondo de las reuniones alternativas a la Conferencia Nacional de Gobernadores subyace la presión de los mandatarios estatales, incluido el de Chihuahua, Javier Corral, para la contratación de mayor deuda pública.

Así lo ven en Palacio Nacional quienes le reportan al presidente López Obrador los movimientos de los mandatario de las entidades que han decidido armar un bloque en el que recién han incluido al chihuahuense.

En el último encuentro de gobernadores realizado el sábado pasado en Tampico acudieron Francisco García Cabeza de Vaca, Jaime Rodríguez Calderón, Miguel Riquelme Solís, Sinhue Rodríguez Vallejo, José Ignacio Peralta, José Rosas Aispuro, Silvano Aureoles y Corral Jurado. Le denominaron Reunión Interestatal Covid-19, pretexto perfecto para armar un bloque independiente de la estrategia federal de atención a la pandemia.

El argumento de la necesaria atención del problema de forma regional se dobla con el escenario tan diferente que tienen, por ejemplo, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, y el de Guanajuato, Michoacán o Colima. De ahí que la también denominada “alianza federalista” sea observada con lupa y tachada por los intereses que pueda esconder.

De dicho encuentro los gobernadores -panistas en su mayoría, un independiente, dos priistas y un perredista- presumieron en sus estados la intervención del mexicano José Ángel Gurría, presidente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Lo demás fue palabrería de la que llena los discursos: coordinación, supuestas estrategias, unidad, en fin.

Esa participación de un organismo internacional multilateral en una reunión de los estados de la Federación está apuntada con rojo, pues las entidades no tienen facultades constitucionales para acordar con instancias supranacionales. Es uno de los puntos que resultan más retadores para un Gobierno federal que, además, en todas partes encuentra intentos de complot y boicot.

El marco, pues, permite adelantar que saldrá caro el viajecito de Corral y el resto de los gobernadores a su “nueva Conago”, como ya comienzan a la llamarle a la selectiva alianza de mandatarios que, dicho sea de paso, tiene su mayor interés en las elecciones del año próximo.

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El gobernador Javier Corral no pudo con los dos alcaldes de las ciudades más importantes del estado, Armando Cabada y María Eugenia Campos. Trató con ellos su reforma electoral en privado y pudieron librarse de compromisos al quedar sepultada en el Congreso del Estado.

Por eso, quién sabe qué les hace suponer a los diputados que ellos sí van a poder sacar en esos ayuntamientos, los de mayor peso de la entidad, sus reformas electorales.

Los presidentes municipales de Juárez y Chihuahua no tienen prisa en aprobar cambios a las reglas con las que se jugará la sucesión de 2021. Ambos son aspirantes y desde luego saben calcular bien cada movimiento que hacen, por algo están donde están.

Así que las reformas que ayer se presentaron en el Legislativo enfrentan un paso incierto. No podrán ser sometidas ipso facto, como quisieran, a todos los municipios de la entidad. El tiempo ya no alcanza para tanto, así que si bien les va terminarán siendo válidas en 2024.

El repentino afán democratizador de Corral parece que no les sirvió de ejemplo a los legisladores, quienes, por otra parte, tampoco se han dado tiempo de cabildear con los alcaldes sus pretensiones. Y eso que son los presidentes municipales quienes finalmente tienen la mayoría en sus respectivos cabildos para aprobar o rechazar reformas de nivel constitucional.

Así que por un lado fracasó la enorme reforma de Corral, mientras que la reforma chiquita de los legisladores muy seguramente quedará para elecciones más lejanas, no para las que ya están encima.

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Tras la aparición en constantes entrevistas del exsecretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra, en los grupos de chat morenistas le han dado vuelo al documento formal de su expulsión de las filas de Morena.

La insistencia de Quintana por participar en el proceso de selección del candidato a gobernador ha llevado al grupo del dirigente estatal, Martín Chaparro, a “quemarlo” con dicha resolución emitida por la Comisión Nacional de Honor y Justicia.

En efecto, dicha decisión firmada por Víctor Suárez Carrera, Adrián Arroyo Legaspi y Héctor Díaz Polanco asienta con claridad la sanción contra Quintana, que consiste en la “cancelación del registro en el Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero de Morena”, por haberse aliado a la candidatura y gobierno de Javier Corral. La decisión sobre el expediente CNHJ-CHIH-162/16 está fechada el 29 de septiembre de 2016.

El sesgo que lleva dicha decisión que ha corrido en los grupos de WhatsApp es que se encuentra en litigio por el propio Quintana Silveyra.

Los órganos internos del partido, sin embargo, no han vuelto a sesionar desde el comienzo de la emergencia sanitaria, pero el exsecretario mantiene impugnaciones internas y hasta el comienzo de un juicio de garantías para preservar sus derechos políticos.

O sea que la expulsión es tan real como conocida desde hace años, para nadie es un secreto, pero el exdirigente de Morena da la batalla jurídica para impedirla. En ello basa una parte de sus aspiraciones dentro del partido que tiene el Poder Federal.

En suma la moneda está en el aire, lo que no le impide a Quintana hablar abiertamente de sus aspiraciones para ser otra vez candidato a gobernador.

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El subsecretario de Minería, Francisco José Quiroga Fernández, ya está sentenciado a desaparecer junto con toda su oficina por la descentralización federal que fue enviada a Chihuahua a comienzos del sexenio.

La de Minería será una de las 10 que habrán de eliminarse con la nueva reducción al mínimo del aparato gubernamental, anunciado desde hace unas semanas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. A menos que de repente haya un cambio, se da por hecho la eliminación de dicha dependencia correspondiente a la Secretaría de Economía.

Con esto acabaría el olvidado experimento de la descentralización del Gobierno federal, que envió a diferentes regiones del país algunas áreas del gabinete. En el caso de Minería que le tocó a la entidad fue todo un fracaso que con su eliminación viene a confirmarse.

Al concretarse la reducción administrativa, la Subsecretaría de Minería pasaría a formar parte, como una dirección o departamento, de la Subsecretaría de Industria y Comercio.

Pero además el nuevo plan de austeridad contempla la reducción del gasto de hasta un 70 por ciento de las dependencias federales. Las delegaciones en la entidad comienzan a resentirlo y eso que la mayoría están casi paralizadas por la contingencia sanitaria.

Con las nuevas disposiciones no sólo han sufrido la de Minería, que tiene su sede en el edificio de la Secretaría de Economía de la capital del estado, sino otras más de 30 que están esparcidas territorialmente en la entidad.

Pero ni forma de quejarse si con la nueva reducción ordenada desde el centro están condenadas a desaparecer un montón de dependencias, cuyos ajustes impactarán a la burocracia que padece el sector privado a la hora de trámites y anuencias.

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