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Opinión

Corrupción e ineficiencia federal en Juárez

Las premisas más sobresalientes y representativas de la 4T, eficiencia y combate a la corrupción tienen en nuestra ciudad sus peores cifras de cumplimiento

Francisco Ortiz Bello
Analista

domingo, 12 junio 2022 | 06:00

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Las premisas más sobresalientes y representativas de la 4T, eficiencia y combate a la corrupción tienen en nuestra ciudad sus peores cifras de cumplimiento, afectando negativamente de manera muy importante a amplios sectores sociales, precisamente a esos de los que presumen proteger y apoyar como a ninguno otro.

El SAT, Aduanas, el INM (Instituto Nacional de Migración) y el Repuve son cuatro claros ejemplos, en Ciudad Juárez, de burocratismo excesivo, falta de transparencia, ineficiencia y manejos irregulares en todos sus trámites, en perjuicio directo de la comunidad fronteriza.

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Quizá el caso de mayor impacto y daño social sea el de la regularización de los autos chuecos, por la relevancia que conlleva la movilización social y la certeza jurídica de un bien, y porque, en los hechos, la actividad de la autoridad federal en esta frontera contraviene por completo el espíritu del decreto que da paso a esta regularización.

En esta frontera tener un automóvil no es un lujo, es una auténtica necesidad. Las enormes distancias de traslado, así como un transporte urbano inseguro, caro, peligroso e insuficiente, hacen imperante que las personas tengan un automóvil, en las condiciones que sea, y, por décadas, los fronterizos hemos contado con la posibilidad de adquirir un auto “del otro lado” a un costo bastante accesible y con la posibilidad de importarlo a precios razonables.

Sin embargo, fue la misma autoridad hacendaria (SAT) quien, incumpliendo el TLCAN, se encargó de hacer imposible la importación de un auto extranjero, ocasionando con ello un grave conflicto legal que después se convirtió en social.

Sensible a esta problemática social importante, a principios de este año, el presidente de la República emite un decreto para la regularización de todos los autos chuecos en la frontera norte de México, a un costo muy accesible. Una muy acertada y oportuna decisión, con amplio sentido social, pero que, hasta el día de hoy, no ha podido ser ejecutada adecuadamente por el aparato burocrático federal encargado del tema, en perjuicio de los juarenses que desean regularizar sus autos chuecos.

Para regularizar un auto chueco el trámite inicia con una cita en la página web del Repuve, pero obtenerla es imposible. Esa dirección URL permanentemente está “caída”, o cuando se puede entrar, cuando llega uno al paso de selección de día y hora de la cita ya no se despliega nunca el submenú correspondiente y ahí se queda inconcluso el trámite, resultado: no se puede hacer la cita. Eso lo he verificado personalmente por más de siete semanas, diariamente, sin lograr que la cita quede registrada exitosamente. Lo mismo reportan miles de juarenses que lo han intentado, también sin éxito alguno.

Cual no sería mi sorpresa y extrañeza que, un buen día, encontré en Facebook una página de una “oficina de gestoría” que hace ese trámite, obtiene la cita por el interesado, pero cobra unos honorarios. Me dediqué a buscar más de estas oficinas y encontré varias, todas cobrando por su trámite desde dos mil hasta cinco mil pesos por agendar la cita.

No está mal que alguien preste sus servicios personales o profesionales y que, por ello, obtenga una remuneración, es legal, válido y legítimo, el problema es que los cuestionamientos suspicaces surgen de inmediato, ¿por qué estas “oficinas” sí pueden obtener citas y los ciudadanos no? ¿Hay alguna clase de acuerdo oscuro entre el Repuve y estos “gestores”? Eso explicaría por qué nunca funciona su página para los ciudadanos, pero es una forma corrupta de generar negocios.

De hecho, yo critiqué fuertemente cuando el presidente modificó el decreto original para sacar de la jugada a los agentes aduanales, quienes cobraban, aquí en Juárez, 500 pesos de honorarios por hacer el trámite, todo el trámite, pero le ahorraban a uno tiempo, problemas y esfuerzos, asegurando un resultado exitoso del trámite. Muchos juarenses estaban totalmente dispuestos a pagar esos honorarios, de manera voluntaria, por carecer del tiempo para hacer el trámite personalmente, pero sin que existiera de por medio la evidente corrupción que hoy se advierte.

En estas condiciones resulta insultante el llamado que hizo recientemente el Delegado del Gobierno de México en Chihuahua, Juan Carlos Loera, a las autoridades estatales y municipales a no decomisar autos chuecos, porque no se trata de que no los decomisen por la “buena voluntad” de las autoridades, sino porque ya están legalizados conforme al decreto que emitió el presidente López Obrador.

En la nota “Llama delegado federal a no decomisar ‘chuecos’”, de mi compañero Javier Olmos, publicada en El Diario el pasado viernes, el delegado reconoció que el sistema de importación masiva, a través del Registro Público Vehicular (Repuve), está saturado y solamente permite la generación de un promedio de 30 citas al día en cada uno de los cuatro módulos del Repuve.

A ese ritmo, 30 citas por día en cuatro módulos, apenas y se alcanzarán a regularizar 18 mil vehículos, suponiendo que trabajen sábados y domingos de aquí al 31 de diciembre. Se estima que en Juárez hay 60 mil vehículos chuecos, por lo que no alcanzarían a ser regularizados ni siquiera la mitad, por lo que a partir de 2023 serían irremediablemente decomisados, pero no por culpa de sus propietarios, sino por una incapacidad e ineficiencia del Gobierno federal.

Los juarenses sí quieren regularizar sus autos chuecos, es el Gobierno federal quien no ha dispuesto los mecanismos, plataformas, recursos y personas suficientes y necesarios para cumplir el objetivo.

Exactamente lo mismo ocurre en las oficinas del SAT de esta frontera. Las citas a través de la página electrónica de la dependencia son para dentro tres o cuatro meses, lo cual evidentemente es inoperante, ineficiente, los contribuyentes requieren hacer trámites personales o de sus empresas, para ya, para hoy, no para el futuro, porque de ello depende su facturación y, por ende, sus ingresos y en consecuencia la actividad económica de la región.

Al igual que con el Repuve, el contribuyente no puede obtener sus citas, pero también hay muy “oportunas” y “misteriosas” oficinas de gestoría que sí pueden conseguir la cita en el SAT, claro, mediante el correspondiente honorario que puede ir desde los 800 hasta los ocho mil pesos, dependiendo de la naturaleza del trámite.

Resulta por demás evidente que, en ese juego tonto de las “páginas saturadas” (solo para el contribuyente) y la muy conveniente aparición de oficinas de gestoría particular, existe de por medio un tráfico de información privilegiada y oscuros acuerdos para favorecer el cobro extralegal por esos servicios que deberían de ser absolutamente gratuitos. Corrupción vil y llana que la 4T dice combatir con todo, pero que está presente en cada uno de sus actos.

En el Instituto Nacional de Migración las cosas no podrían estar peor. Ayer sábado, en La Columna de El Diario se publicó:

“De nuevo quedó acéfala la delegación. El último titular, Marco Antonio Fraire Bustillos, fue concentrado en la Ciudad de México y hasta hoy sigue sin ser ratificado. Duró menos que una estrella fugaz”.

“Frayre sucedió al contraalmirante, Salvador González Guerrero, quien a su vez sustituyó el general, Pedro Alberto Alcalá López; el cual entró cuando fue retirado del cargo el catedrático universitario. Héctor Antonio Padilla Delgado. Todo en tres años y medio”.

Es decir, cinco titulares del instituto (con el que llegue) en tres años y medio. La desorganización y corrupción total en esa dependencia, donde los señalamientos e inconformidades de los mismos agentes de migración son el pan nuestro de cada día. 

De la Aduana ni qué decir. Con todo y sus cambios entregando el control a altos mandos militares, sigue pasando por ahí todo lo quepa por los puentes, sin que haya disminuido en absoluto ni el contrabando, ni los autos chuecos, ni la droga, nada, absolutamente nada.

Lo único que ha cambiado en la Aduana de Juárez es la forma de ejercer el control, hoy, todos los empleados de esa dependencia (civiles) se quejan de las constantes violaciones a sus derechos laborales, son tratados con la punta del pie, como si fueran militares en activo y vigilados hasta en sus vidas personales, pero aseguran que las operaciones “especiales” en las plataformas siguen ocurriendo todos los días, con jugosas ganancias para los mismos de siempre.

Por eso, cuando los morenistas insisten en destacar el “cambio de la 4T” no queda más que preguntarnos ¿qué cambio se refieren? Porque solo cambiaron los responsables del gobierno, pero nada más. En México, en Chihuahua, en Juárez, todo sigue igual en cuanto a corrupción, ineficiencia gubernamental y abusos de poder.

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